MÉXICO, D.F. (apro).- “En el PRD no vamos a bailar al son que nos toque el gobierno. No nos van a llevar al baile ni saldremos bailados, nosotros pondremos la música”, sentenció Miguel Barbosa, coordinador del PRD, al admitir que su partido inició negociaciones con el gobierno federal y el PRI para modificar la iniciativa del Ejecutivo en materia de telecomunicaciones. Acompañado por los principales negociadores con el gobierno, como los senadores Zoé Robledo y Alejandro Encinas, el líder perredista, advirtió que su voto “no está comprometido”, que no han negociado “en lo oscurito” –como acusó el senador panista Javier Corral- y que tampoco hay fechas definitivas para dictaminar y aprobar la reforma de telecomunicaciones. “Nosotros no aplicamos el trueque legislativo” ni “somos mercaderes de la política”, reiteró Barbosa, en clara referencia a las acusaciones del PAN. “Estamos desmontando el acuerdo que tuvieron el PRI, PAN y el gobierno”, dijo, cuando en abril pasado el senador Javier Lozano, presidente de comisión de Comunicación, trató de votar fast track un documento que presentó como su “predictamen”. A su vez, el senador Alejandro Encinas explicó que cada proceso legislativo tiene su dinámica y no tratarán de empalmar la discusión de telecomunicaciones con la energética. “Esto no es catafixia”, sentenció Encinas, en otra referencia del PRD a la posición del PAN que ha condicionado el debate de reforma energética al tema de la reforma político-electoral. “Allá los que quieran hacer negociaciones como chantajes”, abundó. Los 10 cambios Durante la conferencia de prensa, los perredistas enumeraron lo que consideraron un “decálogo” de avances en las negociaciones con el gobierno federal. Entre los cambios más importantes argumentados por el PRD está la eliminación de la Secretaría de Gobernación como autoridad que regulará contenidos, modificando así sus funciones; la ampliación de derechos de audiencias y derechos de los usuarios. En ambos casos se abrió un capítulo especial para personas con discapacidad y se reivindicaron las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en regulación de publicidad. En el tema de preponderancia y reglas de competencia, uno de los más delicados de la iniciativa, el PRD argumentó que regresaron “letra por letra” la definición que establece la reforma constitucional en materia de preponderancia para que no existieran reglas diferentes entre el “sector” de radiodifusión y el de telecomunicaciones. Los perredistas afirmaron que le otorgan al IFT la posibilidad de declarar preponderancia en otros “sectores”. Zoé Robledo abundó que en materia de interconexión se estableció un límite de 90 días para cumplir con lo establecido y que se fijaron reglas específicas para las concesiones de uso social e indígena. En materia de neutralidad de la red, “se eliminó por completo” cualquier sospecha de censura previa y se modificó todo el apartado de Colaboración con la Justicia para quitar el bloqueo discrecional de las autoridades de señales de telecomunicación. También se reelaboró la iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión para que estos medios no sean considerados como gubernamentales ni estén sectorizados en la Secretaría de Gobernación. Se creó un nuevo organismo regulador y una Junta de Gobierno integrada por siete consejeros. En el tema de programación y producción nacional independiente se modificó la redacción. Robledo admitió que “hasta ahora no se ha logrado establecer la obligación para que el IFT reserve un porcentaje determinado del espectro. Nosotros abogamos por el 20 por ciento”. Entre los asuntos pendientes a negociar y acordar, el PRD planteó la necesidad de cambios en la propiedad cruzada de medios, en la determinación de contraprestaciones y en el modelo de autorregulación de los defensores de audiencias, entre otros.