Denuncia expresidenta de Atención a Víctimas remoción ilegal y acoso laboral

jueves, 5 de junio de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- María Olga Noriega Sáenz, quien se desempeñó hasta el pasado 29 de abril como presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), denunció que fue removida de manera ilegal por sus compañeros. En entrevista con Noticias MVS primera emisión, la exfuncionaria denunció que durante los siete meses que se desempeñó como presidenta de ese órgano autónomo --que sustituyó en octubre pasado a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima)—, sufrió acoso laboral, que el grado de agresión entre los comisionados es “alarmante” y que el organismo fundado para atender a las víctimas del delito en el país “no tiene rumbo definido”. “Es muy lamentable que en un órgano colegiado existan tantos pleitos (…) “el nivel de agresión que se viven en las sesiones del pleno”, entre los comisionados es “alarmante” y la gente al interior está muy asustada por la situación, acusó. Noriega Sáenz refirió que si no había hecho pública su inconformidad hasta hoy es porque “había querido cuidar la imagen de la institución porque es importantísima”. Sin embargo, afirmó que el acoso en su contra fue constante. Durante siete meses desde que tomó posesión como presidenta del organismo, fue víctima de acoso por parte de sus compañeros quienes la removieron del cargo sin estar ella presente, dijo. La especialista aseguró que no ha presentado su renuncia al cargo y que en su ausencia del pasado 29 de abril, el resto de sus compañeros nombró a Sergio Jaime Rochin del Rincón como titular del organismo. Antes de ese golpe, abundó, ni siquiera le permitieron tener un equipo cercano de trabajo e, incluso le cambiaron las cerraduras a la oficina de la presidencia. El detonante de su denuncia pública, dijo, ocurrió el miércoles pasado cuando el comisionado Julio Hernández Barros, se presentó en la oficina de los dos únicos colaboradores que tenía en la comisión –Mauricio Centurión y Roberto Matamoros— e intentó sobornarlos con grandes cantidades de dinero mediante un cheque para que se fueran de la comisión. A Centurión le ofrecieron un cheque por 800 mil pesos. “Les dijeron ‘te vas sin armar problemas antes de las dos de la tarde o te atienes a las consecuencias’”, acusó Noriega Sánez. “Yo creo que ya tenían planeado esto (su destitución), fue ‘un cuatro’ (…) yo no soy política, soy académica, yo siempre me he dedicado al respeto y a la atención de las víctimas, soy victimóloga. “El Senado me eligió a mí porque soy académica y cuando llegué a la Comisión yo pienso que no les era muy conveniente porque yo empecé a ver toda la serie de injusticias que se estaba cometiendo hacia el personal que trabajaba en Províctima: todos los despidos injustificados (…) también me empecé a dar cuenta que no hay un rumbo definido, no hay un objetivo (…) “He visto que se ha dado la revictimización dentro de la Comisión, que se han prometido cosas que todavía no se pueden cumplir, que tenemos objetivos muy claros como la creación del Fondo de la Asesoría del Registro y que vamos atrasadísimos y que es lamentable que un órgano colegiado este metido en pleitos pueriles que no benefician en nada a las víctimas del delito en el país”, arguyó. Según su versión, cuando fungió como presidenta de la Comisión sus compañeros se molestaron porque avaló un reglamento, emitido por el ejecutivo el 25 de abril, que la dotaba de facultades. Entre dichas facultades estaba la de remover a funcionarios de la comisión, en el ámbito operativo, es decir que no incluía a los comisionados. “El reglamento lo que quería era hacer más operativo el órgano colegiado para que las sesiones del pleno fueran técnicas y la presidencia se encargara de toda la administración y de la legalidad de toda la institución”, afirmó. Inconformes con esa decisión, relató, sus compañeros le pidieron “que saliera a medios en contra del gobierno para impugnar el reglamento” a lo que les contestó que no era la vía adecuada sino que había mecanismos legales para hacerlo. Ante su negativa, en la misma sesión, ya cuando ella se había retirado a su oficina, los comisionados alteraron el orden del día insertaron como asunto el nombramiento de Jaime Rochín como presidente de la CEAV. Los comisionados, dijo, querían ver todos los temas administrativos y legales a pesar de que les informaba “de manera transparente sobre todo lo administrativo de la institución”. De la situación, afirmó Noriega Sáenz, están al tanto los tres senadores que conforman la Comisión de Justicia del Senado de la República: Roberto Gil Zuart, Manuel Camacho Solís y Areli Gómez. En enero de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante el que se transformó Províctima en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, según lo dispuesto en la Ley General de Víctimas. En octubre del año pasado, el Senado de la República eligió a los siete integrantes de la Comisión: Julio Hernández Barros, Adrián Franco Zevada, Thalía Pedroza, Carlos Ríos Espinosa, Jaime Rochín, Olga Noriega y María del Rosario Torres Mata. Tres fueron designados para un periodo de cinco años y el resto para tres. El periodo de Noriega Sáenz sería de tres años y concluiría en 2016. En un comunicado que difundió el miércoles pasado, Noriega Sánez, indicó que el pasado 13 de mayo presentó una demanda de amparo ante el juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en el DF, Ricardo Gallardo Vara, en el que solicita la protección de la justicia federal a su favor contra la CEAV y, en particular, contra los y la secretaria Técnica de la Comisión, Alejandra Soto Alfonso. Además, el 15 de mayo presentó otra denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República (PGR), en la que hace su conocimiento las irregularidades. “Me parece lamentable que un cuerpo colegiado proceda de manera arbitraria contra una institución que debiera luchar para garantizar los derechos de las víctimas del delito y de la violación a sus derechos humanos en nuestro país”, señaló en su comunicado.

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