MÉXICO, DF, (apro).- La justicia federal rechazó una queja de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la admisión de un amparo promovido por familiares de víctimas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, confirmó la decisión de un juez federal que admitió una petición de amparo en contra de la recomendación 80/2013 que la CNDH elaboró por la matanza de 72 migrantes en esa localidad, en agosto de 2010. El Colegiado declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el ombudsman nacional, que había apelado a su condición de organismo autónomo y a su propia normatividad que prohíbe la apelación a sus recomendaciones, como lo publicó la revista Proceso en su edición de esta semana. Apoyados por las organizaciones no gubernamentales Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia), familiares de las víctimas promovieron el amparo porque durante la investigación de la matanza la CNDH los evitó como víctimas y ni siquiera se refirió a la reparación del daño. Además, soslayó la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos, por acto u omisión, a pesar de que el propio organismo había advertido en dos de sus informes que San Fernando era una zona de mayor peligro para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Con la confirmación por parte del Colegiado, el juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, que inicialmente admitió a trámite el amparo, ahora deberá analizar si los derechos de las víctimas y sus familias, así como el derecho de la sociedad a conocer la verdad, fueron violentados por la CNDH en su recomendación. La CNDH litiga asimismo la admisión de otro amparo en contra de esa misma recomendación, promovido también por esas organizaciones no gubernamentales y familiares de las víctimas. En un comunicado, ambas organizaciones destacaron que, por primera vez, a partir de la reforma constitucional en la materia, se abre la posibilidad de impugnar judicialmente las actuaciones de la CNDH que sean violatorias de los derechos humanos.