MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó hoy los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PNPD), que este año asciende a 2 mil 595 millones de pesos distribuidos entre las 32 entidades. Según el acuerdo publicado por la Segob, la distribución se hará  conforme a criterios de población beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial de las instituciones estatales de seguridad pública. De acuerdo con esos criterios, Chihuahua es el estado que recibirá más recursos –159 millones 179 mil 102 pesos– y Nayarit, el que menos, sólo 26 millones 754 mil 408 pesos. Después de Chihuahua, serán Guerrero, Nuevo León, Distrito Federal, Jalisco y Estado de México las entidades a las que se destinarán la mayoría de recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito. A Guerrero le tocarán 149 millones 550 mil 557; Nuevo León, 136 millones 75 mil 185 pesos; Distrito Federal, 130 millones 952 mil 496 pesos; Jalisco, 130 millones 345 mil 112 pesos, y Estado de México, 129 millones 348 mil 516 pesos. Otras entidades que son impactadas por el crimen organizado pero que no tendrán más de 100 millones para su combate son: Durango, con 88 millones 834 mil 218 pesos; Coahuila con 87 millones 283 mil 545 pesos; Michoacán, con 86 millones 257 mil 156 pesos; Morelos con 88 millones 527 mil 199 pesos; Tamaulipas, con 88 millones 243 mil 604 pesos y Veracruz con 75 millones 15 mil 55 pesos. Sinaloa, donde según el propio gobernador Mario López Valdez la violencia y las ejecuciones han repuntado tras la captura del líder máximo del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, tendrá 104 millones 411 mil 885 pesos. Los recursos por estado se enfocarán en los municipios con el mayor índice de homicidios registrados en 2013. En el caso de Chihuahua, los recursos se destinarán a la capital del estado, Juárez, Hidalgo del Parral y Guadalupe y Calvo; en Guerrero, a Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo; en Nuevo León a la Zona Metropolitana de Monterrey; en el DF a Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón; en Jalisco a la zona metropolitana de Guadalajara y, en Estado de México, a Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca. En Durango los recursos de destinarán a la capital y la zona metropolitana de la Laguna, que comparte con Coahuila. En este último estado, además de la zona lagunera, los recursos se aplicarán en Saltillo. En Michoacán, los recursos irán a Morelia, Uruapan, Apatzingán, y Lázaro Cárdenas; en Morelos a su zona metropolitana y a Cuautla, y en Veracruz, también a su zona metropolitana y a Xalapa; en Tamaulipas los municipios beneficiados serán Nuevo Laredo, Reynosa y Victoria. Ahome, Culiacán y Salvador Alvarado serán los municipios favorecidos de Sinaloa. El PNPD fue impulsado luego de un acuerdo establecido el 17 de diciembre de 2012 por los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública con el propósito de orientar el esfuerzo de los gobiernos federal, estatal y municipal para “corregir las situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia”. Los recursos establecidos en el acuerdo, señala el documento, tienen como objetivo “apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana”, y prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia. Se promoverán, detalla, la participación ciudadana y de la sociedad civil, la cohesión comunitaria, la cultura de la legalidad, la cultura de paz, modelos de convivencia comunitaria que permitan la solución pacifica de los conflictos. También la prevención de violencia familiar, escolar y de género, la intervención temprana en problemas de aprendizaje y conductuales, atención integral a víctimas, educación sexual y reproductiva, capacitación laboral, emprendimientos productivos, reinserción social, atención integral de adicciones. Asimismo, se busca la prevención de la discriminación, campañas de desarme, actividades culturales, recreativas y formativas para la apropiación de los espacios públicos y la convivencia comunitaria, redes comunitarias de prevención, programas de reconciliación policía-comunidad, modelos policiales de seguridad ciudadana y “el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los tres órdenes de gobierno que permitan transparentar y establecer una efectiva coordinación entre las dependencias involucradas”. Las acciones, puntualiza el acuerdo, están dirigidas a grupos de atención prioritaria como: niñas y niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y otros grupos vulnerables como población interna en el sistema penitenciario y sus familias, y migrantes, entre otras.