MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Si el gobierno mexicano actuara con la debida diligencia en la prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres, las denuncias de hostigamiento y acoso sexual y laboral, entre otras agresiones, no se presentarían dentro de dependencias públicas, afirmó Rashida Manjoo, relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas. La experta de la ONU visitó hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde escuchó a un grupo de trabajadoras del Poder Judicial y de otras dependencias del gobierno federal, quienes refirieron el sistemático acoso que enfrentan. También se reunió en privado con el presidente de la SCJN, el ministro Juan N. Silva Meza y posteriormente ofreció una conferencia de prensa en la que recalcó que la violencia contra las mujeres es una grave violación a los derechos humanos. Tras su mensaje y la exposición de Carlos Pérez Vázquez, coordinador de derechos humanos y asesoría de la Presidencia, trabajadoras del Consejo de la Judicatura Federal, del Centro de Justicia para las Mujeres (próximo a abrirse en el estado de Coahuila), de la Policía Federal (PF) y de la propia SCJN tomaron la palabra para denunciar ante la relatora el acoso, hostigamiento y abuso de poder que se han cometido en esas instancias contra las mujeres. Dijeron que sus señalamientos y demandas penales no han tenido eco en sus instituciones; por el contrario, denunciaron que ello derivó en más agresiones, por lo que pidieron a la relatora que explicara cómo se puede garantizar el acceso a la justicia y la perspectiva de género si las y los funcionarios de las dependencias federales y estatales violentan a las mujeres. Esther Torres Irene, que labora en la dirección general de Recursos Humanos de la SCJN, aseguró que es víctima de acoso laboral y denunció que no se le han abierto las puertas para exponer su caso. A su vez, una trabajadora de la PF que omitió su nombre dijo que las empleadas de esa dependencia son sometidas a un sistema jerárquico que las discrimina, y que cuando se atreven a denunciar las castigan. Manjoo lamentó los hechos y mencionó que son una muestra de que las autoridades mexicanas no actúan con la debida diligencia para implementar los programas y políticas destinadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres al que calificó como un problema sistémico. La relatora de la ONU planteó también la necesidad de que las mujeres tengan acceso a la justicia. Es necesario, dijo, adoptar medidas de protección, investigación y reparación del daño que consideren el contexto en el que se cometen los delitos, así como todas las consecuencias que de ellos derivan. Para Rashida Manjoo también es indispensable que los protocolos de actuación en la materia sean obligatorios para los servidores públicos y que éstos sean sancionados cuando sean sancionados cuando no los apliquen. En la rueda de prensa, instó a las autoridades mexicanas a construir un sistema que garantice el acceso a la justicia a las mujeres, y que considere que ellas pueden enfrentar diversos tipos de violencia y discriminación al mismo tiempo. Carlos Pérez Vázquez reconoció que aún existen rezagos en el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y que la reforma constitucional en materia de derechos humanos así como la reforma a la Ley de Amparo, son insuficientes para garantizarles el acceso a la justica y otros derechos. Añadió que es necesario armonizan las leyes y que se construya un sistema de justicia accesible, así como libre de estereotipos y discriminación. Manjoo no visitaba México desde 2006.