Caen tres policías de Tapachula por secuestrar y extorsionar a 11 migrantes

sábado, 12 de julio de 2014
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tres policías municipales de Tapachula, Chiapas fueron detenidos luego de que presuntamente mantenían privados de su libertad a 11 migrantes salvadoreños, entre ellos cuatro menores. Los centroamericanos permanecían secuestrados en un hotel de esa ciudad fronteriza con Guatemala, de acuerdo con fuentes oficiales. Se trata de los agentes Valentín Cifuentes Pérez, de 42 años; Édgar Méndez Barrios, de 38; y Juan Carlos Cano de la Cruz, de 38, quienes fueron detenidos durante un operativo implementado en el hotel Palafox por elementos de corporaciones estatales de la Fiscalía de Migrantes. Supuestamente los policías municipales les cobraron 9 mil pesos a los salvadoreños y les exigían 30 mil más para dejarlos libres y que continuaran su camino hacia Estados Unidos. Los 11 centroamericanos permanecían privados de su libertad en el hotel Palafox, localizado en las calles Octava Norte y 13 Poniente de Tapachula. Los policías municipales detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público por el delito de privación de la libertad en la modalidad de secuestro y extorsión. Los salvadoreños fueron trasladados a la Fiscalía de Migrantes para su atención y posteriormente serán entregados al Instituto Nacional de Migración. Esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar que implica a policías municipales, pues en mayo de 2013 siete agentes de la Policía Municipal de Tapachula fueron aprehendidos por los delitos de extorsión y abuso de autoridad en contra de sexoservidoras —la mayoría centroamericanas—, entre las que había menores de edad. Según la investigación, los detenidos organizaron una red de prostitución y obligaban a las mujeres a entregarles una cuota diaria, aseguró la Procuraduría General de Justicia de Chiapas. En aquella ocasión las denunciantes revelaron que debían entregar cantidades que iban de los 100 a los 300 pesos diarios. Si no lo hacían eran levantadas en patrullas de la corporación y llevadas a casas particulares, donde permanecían encerradas como medida de presión.  

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