MÉXICO, D.F. (apro).- El contexto de impunidad en México ha provocado “un efecto de repetición crónica de las agresiones” contra medios y periodistas en el segundo trimestre de 2014, afirma la organización Artículo 19. En su informe trimestral, la organización defensora de la libertad de expresión precisa que de abril a junio hubo en el país 87 ataques, 17 más de los registrados en el primer trimestre del año, cuando se contabilizaron 70. De esas 87 agresiones, detalla, 39 fueron físicas, 14 intimidaciones, 13 detenciones arbitrarias, nueve amenazas, cuatro actos de censura y ocho acciones legales (cuatro denuncias por difamación y calumnia, y cuatro citatorios judiciales o ministeriales). Y las entidades más violentas para ejercer el periodismo en ese lapso, apunta, fueron: Veracruz, con 19 agresiones; Distrito Federal, con 15, y Quintana Roo, con 12. “No hay duda que el Estado mexicano ha incumplido con la obligación de castigar a los agresores de la prensa, poniendo en riesgo la libertad de expresión en México, incumpliendo diversas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, aunado a la falta de claridad de políticas públicas y una estrategia contundente para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar el daño en casos de ataques a la prensa”, sostiene el informe de Artículo 19. Asimismo, señala que en los primeros seis meses de 2014 se contabilizaron en total 157 agresiones contra informadores, seis más que en el mismo lapso de 2013, pero 50% más que en el mismo periodo de 2012. En el segundo trimestre, añade, las agresiones a la prensa en México se caracterizaron por dos graves violaciones a los derechos humanos que han puesto en riesgo la labor periodística: la repetición crónica de ataques a la libertad de expresión y la inacción gubernamental. Entre abril y mayo, la organización Artículo 19 pudo documentar por lo menos 10 casos de periodistas y medios de comunicación que ante la impunidad imperante ha vuelto a ser blanco de nuevos ataques o amenazas, a pesar de contar con medidas de protección del Estado mexicano o denuncias penales por las agresiones sufridas con anterioridad. “La repetición de las agresiones y la impunidad que suele acompañar a los casos documentados, ha provocado que la violencia contra la prensa tienda a incrementarse”, a lo cual debe añadirse que las agresiones amedrentan a los profesionales de los medios, “quienes optan por continuar con su trabajo a pesar de los riesgos de informar en un país como México, donde más de 90% de los delitos denunciados quedan en la impunidad”, subraya. Para Artículo 19, el contexto de impunidad provoca “un efecto de repetición crónica de las agresiones”, y la falta de resultados por parte del Estado mexicano a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE-PGR) o de las procuradurías locales y de los tribunales “son un gran pendiente que amerita acciones contundentes para buscar verdad, justicia y reparación”. De esta forma, al no existir castigo para los agresores de periodistas, ni para aquellos servidores públicos que caigan en la inacción o negligencia, se “permite que los agresores continúen sin sanción mientras los ataques para tratar de acallar a la prensa siguen aumentando”. Para la organización, “es preocupante la repetición crónica de ataques a la prensa, pues en la mayoría de las ocasiones hay denuncias penales de esos hechos. Esa inacción gubernamental ha generado que a pesar de contar con una Ley Federal que garantiza la libertad de expresión, un Mecanismo Federal para proteger a la prensa, y una Fiscalía Especial para investigar las agresiones contra comunicadores y medios, el trabajo de la prensa se vea vulnerado”. En su informe, Artículo 19 destaca las agresiones al periódico Noroeste, particularmente el ataque al director general, Adrián López Ortiz, quien el pasado 3 de abril recibió un balazo en la pierna después de ser asaltado y golpeado cuando se dirigía a su casa desde el Aeropuerto de Culiacán, Sinaloa. Al ataque del directivo de Noroeste se suman 46 agresiones en que personal del periódico ha sido objeto en los últimos años. Todos esos hechos han sido denunciados penalmente ante las instancias ministeriales correspondientes, sin que hasta el momento existan avances en las indagatorias, apunta. Entre otros casos, Artículo 19 también menciona el de la revista Contralínea, cuyas oficinas fueron allanadas y saqueadas el 24 de junio. Los responsables robaron expedientes periodísticos de temas que investigaba el medio, 19 equipos de cómputo –incluidas las laptops del director Miguel Badillo y el subdirector José Réyez– y equipo de trabajo. Previo al asalto a la revista, el 18 de abril, la casa de Badillo fue asaltada. A ese ataque se suman, desde agosto de 2007, por lo menos 12 agresiones graves a la revista, producto de su línea editorial. La agresión recurrente le ha valido a Contralínea medidas de “protección especial” del Estado de México, que evidentemente no han sido suficientes para detener y castigar a los responsables, apunta. Otros casos relevantes que Artículo 19 señala en su informe sucedieron en Oaxaca, donde se han registrado 144 agresiones a la prensa de enero de 2007 al segundo trimestre de 2014.