MÉXICO, D.F. (apro).- El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que hay “plena unidad” en contra de la aprobación de las leyes secundarias para la reforma energética y confirmó que se prepara “una estrategia política de acciones emergentes” para combatirla. En rueda de prensa, cobijado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder moral y fundador del instituto político, así como por los líderes del partido en el Senado y la Cámara de Diputados, Miguel Barbosa y Silvano Aureoles, respectivamente, Zambrano advirtió que además de las acciones –entre las que no se descarta tomar la tribuna– también seguirán recabando firmas para realizar la consulta popular en 2015. Sobre esta última, detalló que se reforzará la estrategia con más recorridos a escala nacional para difundir la campaña “Firma por México”. Las acciones del plan emergente, dijo, “se discutirán en el seno de la Comisión Política Nacional” y de antemano, ante la renuencia del PRI a debatir en el Senado, solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) que difunda cápsulas informativas en cadena nacional con los puntos fundamentales de las leyes secundarias en materia energética. “Más allá de los cercos informativos, la gente está pendiente de la discusión, por lo que es necesario se transmitan cápsulas informativas en cadena nacional, que se informe”, exigió. Cárdenas, por su parte, criticó el que no se respeten los mecanismos de una discusión parlamentaria, lo que es una violación y un atropello a los procedimientos del Congreso de la Unión. Esto, apuntó, se debe a que “el gobierno está interesado en entregar la riqueza petrolera”. Durante la conferencia, el diputado Luis Cházaro y el senador Rabindranath Salazar dieron lectura a un documento con ocho puntos principales que explican las razones por la que el PRD no avala la reforma energética. El primero destaca que el objetivo de la reforma es “aniquilar a las empresas productivas del sector energético”. Con ella, puntualiza el documento, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) “se convertirán en testigos de piedra viendo pasar a la competencia internacional”, acelerando su desaparición en el mediano plazo y aumentando la dependencia energética y la extranjerización del sector. El régimen fiscal para Pemex, abunda, es prácticamente el mismo que opera en la actualidad y, “aunque se diga lo contrario, lo cierto es que las propuestas de ley en materia presupuestal no le otorgan autonomía ninguna. La autonomía de gestión se reduce a una mera simplificación administrativa”. Además, señala, ahora la Secretaría de Energía estará facultada para obligar a Pemex a no invertir, producir o competir en la industria petrolera nacional. “Es decir: a Pemex todo el peso del Estado y a las compañías extranjeras el libre mercado”. El segundo punto plantea que la reforma sigue tolerando la corrupción e impunidad que impera en la paraestatal. Desde antes de la dictaminación y aprobación de la reforma energética, “la corrupción se solapa y forma parte del proceso mismo del negocio energético”, afirma el análisis. Y el caso Oceanografía “es un mensaje claro” de que no sólo no habrá sanciones a las administraciones pasadas sino además, “se mantendrá la impunidad” ahora multiplicada con la participación de nuevos operadores a través de la figura de empresas petroleras transnacionales. Por si fuera poco, en materia de transparencia continúa la limitación a la información con el pretexto de confidencialidad “para excusar la flagrante impunidad”. El tercer punto por el que el PRD está en contra de la reforma es porque “legaliza el despojo de tierras por utilidad pública”, es decir, que “se protege a las compañías petroleras extranjeras más que las comunidades y ejidos, argumentando que es por el bien común o el interés nacional”. Dicha acción, advierte el PRD puede traer “consecuencias sociales incalculables” como el desarraigo de pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías internacionales y cacicazgos locales, así como injusticia y exacerbación del resentimiento social. El cuarto punto contra la reforma se refiere al abandono de la proveeduría nacional y la protección al capital privado extranjero. Según el PRD, con el objetivo de brindar todas las facilidades a las compañías energéticas internacionales “se sacrifica a la incipiente proveeduría nacional” dejándola, en el mejor de los casos, a su suerte sin mecanismo gubernamental de apoyo, promoción o impulso para poder competir con los nuevos participantes. El quinto punto destaca la constitución de órganos reguladores débiles y sometidos al gobierno federal. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), señala el PRD, serán sometidas por las políticas públicas del gobierno federal, de la Secretaría de Energía (Sener) en particular, “perdiendo con ello la estabilidad, continuidad, imparcialidad, neutralidad y la prevalencia de criterios técnicos en las decisiones. En pocas palabras, los órganos reguladores “estarán limitados y sometidos a las decisiones gubernamentales”. De acuerdo con el PRD, con la reforma desaparecerá la CFE y se privatizará la industria eléctrica porque “no está diseñada para fortalecer a las empresas públicas, al contrario, la creación de mercados y el mayor protagonismo del sector privado exigen que las empresas públicas cedan espacios, se achiquen y pierdan fuerza. “En ese contexto, el futuro más negro no es para Pemex sino para la CFE, paraestatal condenada a la segmentación, disgregación y extinción”, advierte el PRD en su análisis. La CFE  ofrecerá el servicio público de transmisión y distribución, pero la Sener podrá obligarla a operar dichas actividades a través de empresas privadas mediante contratos o asociaciones, afirma el sexto punto del documento. En el séptimo destaca que la reforma vulnera a los trabajadores y olvida al pasivo laboral, que será “una bomba de tiempo” financiera. “No se plantean mecanismos para fondear el pasivo laboral de Pemex que asciende a más de 1.1 billones de pesos, dejando en total vulnerabilidad financiera a la petrolera”, alerta. Dicho pasivo representa casi una tercera parte del presupuesto federal y de no atenderse, “podría generar un problema financiero de proporciones incalculables”, abunda el PRD. Además, los trabajadores del sector energético son los más vulnerables en toda la propuesta gubernamental y en la negociación senatorial porque van a estar sujetos a despidos masivos injustificados y las leyes prohíben el reparto de utilidades protegiendo con ello las ganancias de las compañías petroleras extranjeras en contra de lo consagrado en el artículo 123 constitucional. Finalmente, el PRD estima que la reforma “diseña un modelo energético sin futuro sustentable” con base en el crecimiento de la explotación de los hidrocarburos a cualquier precio, quedando las energías limpias y renovables totalmente marginada. Por el contrario, “se impulsan procesos de extracción cuestionables por sus potenciales daños al medio ambiente y la salud humana, como el denominado fracturamiento hidráulico o fracking. Este tipo de tecnologías están prohibidas en varios países de Europa y algunas entidades de los Estados Unidos de América”, advirtió el PRD. La reforma, subraya, no aprovecha experiencias positivas de otros países para que el sector energético impulse la inversión, el empleo, el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, los salarios y la industrialización a partir de empresas arraigadas en México e interesadas en el desarrollo nacional. “La reforma de Enrique Peña y del PAN es improvisada, montada sobre una campaña de medios dirigida a engañar a la población y al beneficio de unos cuantos”, concluye el PRD.