Corrupción y presiones del sindicato de Pemex, a debate en el Senado

lunes, 21 de julio de 2014
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Los fantasmas de la corrupción en las dos principales paraestatales del país, los riesgos de despidos laborales y los alcances de su nueva condición de “empresas productivas del Estado” fueron discutidas en el tercer dictamen de la reforma energética sobre la Ley de Pemex y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, aprobadas en lo general por 89 votos a favor del PAN, PRI, Partido Verde y Panal y 27 en contra del PRD, PT y un senador del PAN. Tras más de cinco horas de discusión, especialmente ante las reservas del PRD a 73 artículos, también fueron aprobados en lo particular ambos dictámenes, que reducirán a Pemex de 4 a 2 subsidiarias, pretenden darle mayor autonomía a las dos empresas, crearán un nuevo Consejo de Administración, designados a propuesta del Ejecutivo federal y con aprobación del Senado, así como la posibilidad de que las dos paraestatales cuenten con mayor número de filiales. De última hora y ante las presiones del sindicato petrolero, encabezado por el senador Carlos Romero Deschamps, el PAN y el PRI aceptaron modificar el artículo 9 transitorio para “salvaguardar” los derechos laborales “de sus trabajadores en activo ni sus jubilados y pensionados”. También se estableció en el artículo 43 que la política de contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones no será facultad de Pemex, sino que deberá cumplir con el contrato colectivo de trabajo vigente. A pesar de estas adiciones, la senadora Layda Sansores, del PT, afirmó que esta nueva ley tiene “un tufo de despido”, ya que no respetará el contrato colectivo de los trabajadores. Durante la sesión, la senadora Dolores Padierna, del PRD, subió varias veces a tribuna para destacar el “régimen de excepción” de los nuevos responsables de la paraestatal, ya que el artículo 36 de la Ley de Pemex advierte que los miembros del Consejo de Administración “no incurrirán individualmente o en su conjunto en responsabilidades por daños o perjuicios”. Padierna argumentó que son servidores públicos y que este tipo de ordenamientos exoneran a los principales responsables de Pemex y CFE y fomentarán la corrupción. En su respuesta, la senadora del PAN Laura Rojas afirmó que los nuevos ordenamientos sí cumplen con mecanismos anticorrupción, ya que ambas empresas serán vigiladas por un comisario independiente. Los legisladores perredistas Angélica de la Peña, Luz María Berinstain y Zoé Robledo también argumentaron en tribuna que con estas nuevas leyes no se garantizará el fin de los actos de corrupción en ambas paraestatales. Para defender la apertura de la CFE a la inversión privada, el priista Daniel Amador Gaxiola argumentó que en 2013 el costo de electrificación por habitante fue de 5 mil 414 pesos, 46 por ciento más que en 2010. Por tanto, la CFE debe concentrarse en llevar electricidad a quienes aún no tienen y no en los mercados de medios y altos ingresos. Los nuevos consejeros Con estas dos nuevas leyes, el Consejo de Administración de Pemex tendrá una clara mayoría del Ejecutivo federal. Serán 10 integrantes, de los cuales dos son el titular de Energía y el de Hacienda, más tres representantes del presidente de la República y cinco consejeros independientes que también serán nombrados por el titular del Ejecutivo federal, con voto mayoritario del Senado. Ninguno de estos serán del sindicato. A diferencia de Pemex, el Consejo de Administración de la CFE tendrá un consejero designado por los trabajadores, que se sumará a los 10 integrantes: el secretario de Energía, tres consejeros del gobierno federal designados por el Ejecutivo y 4 consejeros independientes.

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