Exige REDIM hacer leyes que garanticen derechos de niños migrantes

viernes, 4 de julio de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- Ante la política migratoria mexicana violatoria de los derechos de los niños migrantes, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García, demandó hacer reformas legislativas que garanticen los derechos de los menores que viajan solos. “Los niños migrantes tiene derecho a solicitar una visa humanitaria o asilo, no a ser privados de su libertad en estaciones migratorias o instituciones y ser criminalizados por viajar solos sin documentos”, opinó el activista en entrevista con Apro. El director ejecutivo de la REDIM contó que antes que estallara el escándalo internacional por los abusos de menores en estaciones migratorias en Estados Unidos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, en México organizaciones civiles se reunieron con el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, para abordar el trato que se da a los niños migrantes en el país. Entre las preocupaciones planteadas, explicó Pérez García, destacan el internamiento de menores de cero a 12 años en instituciones coordinados por los sistemas DIF, el aseguramiento de adolescentes de 13 a 17 años en las Estaciones Migratorias, la separación de las familias y la expulsión a menores no acompañados. Al señalar que el compromiso que las organizaciones civiles obtuvieron de Vargas Fosado fue la instalación de mesas de trabajo, Pérez García lamentó la falta de sensibilidad del responsable del INM para garantizar sobre todo los derechos de los menores. “Ardelio está en la lógica de que él está cumpliendo lo que dice la ley y es lo que va hacer, por eso estamos trabajando en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados con dos iniciativas para la ley de migrantes y hacer reformas”, apuntó. Recordó que la Ley de Migración contempla la operación de Oficiales de Protección a la Infancia (OPI), pero “al final de cuentas son agentes migratorios, son juez y parte. Están en el dilema de ‘¿qué hago con un menor, lo expulso porque es lo que dice la ley o como OPI tengo que cuidarlo?’ Tiene que ser una actividad diferenciada, no puede ser juez y parte”. Pérez García insistió en la medida violatoria de recluir a los menores, ya sea en instituciones o en las Estaciones Migratorias; la calificó como “un hecho discriminatorio de entrada, pero además es privación ilegal de la libertad porque un hecho administrativo no puede estar por encima de la garantía de derecho que es la libertad”. El defensor de los derechos de las y los niños alertó que tanto la Organización de Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hicieron “un fuerte llamado a reducir la institucionalización, porque niñas y niños que van a instituciones ven trastocado su desarrollo, su construcción de vínculos y redes sociales positivas, la oportunidad de tener mejor educación de calidad, pero sobre todo están muy vulnerables y expuestos a malos tratos y abusos”. Juan Martín Pérez García, director de la REDIM, resaltó que en Estados Unidos, por el contrario, existe la figura de familia de acogida o apoyo en tanto los niños terminan su proceso de revisión migratoria. Luego, advirtió que el exilio de menores de Centroamérica hacia el país del norte se va a agudizar en tanto se mantengan las condiciones que lo propiciaron. “La tragedia humanitaria se va a agudizar porque no tenemos buenas noticias para pensar que los discursos de los gobernantes van a cambiar la realidad –apuntó--. Qué bueno que se metió (Barack) Obama, (Enrique) Peña Nieto y los mandatarios centroamericanos pero los factores estructurales no han cambiado ni hay vistas de que vayan a cambiarse”. El director ejecutivo de REDIM recordó que los principales factores de expulsión son la violencia, la falta de oportunidades económicas y las culturas migratorias, de ahí que la expulsión como opción de los Estados es violatorio al derecho humanitario internacional. Explicó: “una vez que los niños y las niñas llegan a México o Estados Unidos tienen el derecho a solicitar asilo y visa humanitaria y que entren en proceso. Hasta que el juez no determine su situación no pueden ser expulsados y la decisión del juez de por qué no darle visa humanitaria o asilo tendría que estar sustentada en que regresar a su país de origen va a ser mejor que quedarse en México o Estados Unidos”. Pide AI aplicar derecho humanitario La posición del director de la REDIM es compartida por Amnistía Internacional en un comunicado en el que llamó a los gobiernos de Estados Unidos y México a atender a los niños migrantes no acompañados conforme el derecho humanitario internacional. La organización mundial informó que, de acuerdo con datos del INM, en 2013 se privó de la libertad a 9 mil 893 menores y de enero a mayo de este año a 8 mil, en tanto que en Estados Unidos la Patrulla Fronteriza detuvo a 52 mil 193 menores de octubre de 2013 a la fecha. Tras señalar que el presidente Obama solicitó al congreso de su país dos mil millones de dólares “en fondos para controlar la oleada de niños no acompañados migrantes y acelerar las deportaciones”, el director ejecutivo de AI en Estados Unidos, Steven Hawkins, pidió al gobierno estadunidense no agravar los sufrimientos de los menores “acelerando las repatriaciones a sus países de origen. La respuesta a esta crisis tiene que ser comprensiva”. La organización exigió que los menores migrantes no acompañados no sean retenidos en estaciones migratorias; que se les garantice acceso a educación, servicios de salud, y que los niños sobrevivientes de agresiones sexuales tengan servicio médico y psicológico”. Asimismo, Amnistía Internacional exigió que en el proceso de deportación y traslado, los menores cuenten con “representación legal, asesoría, traducción e interpretación y la designación de un tutor encargado de representar su interés superior”, así como asegurar que ningún menor “sea devuelto a un país donde corra riesgo de sufrir graves violaciones a sus derechos humanos”. Al gobierno de Barack Obama, la organización recomendó trabajar con los países de la región para “coordinar medidas conforme a los derechos humanos para combatir las bandas criminales que cometen abusos en contra de las personas migrantes”, así como difundir información sobre “los derechos de las personas migrantes, los abusos por los que normalmente pasan, números de teléfono útiles y detallar formas de hacer denuncias y asegurar que se respete el derecho a la asistencia consular”.

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