MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) citó a comparecer a Juan Carlos de la Barrera Vite, detenido el 29 de julio de 2012 como parte de una red de corrupción que supuestamente filtraba información al Cártel de Sinaloa, para que aclare presuntas “incongruencias” en la evolución de su patrimonio. El exempleado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Procuraduría General de la República (PGR) también deberá hacer las aclaraciones pertinentes que justifiquen la procedencia de los depósitos de origen desconocido que se hicieron a sus cuentas bancarias en 2010, según la dependencia. En un edicto publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación, la SPF precisa que de acuerdo con la declaración patrimonial del acusado, de junio a noviembre de 2010 fue fiscal especial en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR y su función principal era tratar asuntos relacionados con delitos contra la salud. De 2005 a 2010 fue secretario de Estudio y Cuenta del ministro Sergio Valls en la SCJN, y de 2000 a 2005 fungió como secretario técnico de la consejera María Teresa Herrera Tello en el Consejo de la Judicatura Federal. Con base en una averiguación realizada por la SIEDO (ahora SEIDO), cuyo titular era José Cuitláhuac Salinas, a De la Barrera Vite y seis funcionarios más se les señaló como parte de una red de corrupción que filtraba información al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, capturado el 22 de febrero pasado. De acuerdo con la PGR, el exfuncionario proporcionó datos de testigos protegidos y de expedientes penales a la célula del cártel que era comandada por Felipe Cabrera Sarabia, El Ingeniero, detenido a fines de 2011 por el Ejército mexicano en Sinaloa. El 7 de agosto de 2012, De la Barrera Vite –aprehendido cuando trabajaba en la Dirección de Recursos Humanos de la SCJN– fue trasladado al penal federal de Matamoros y le dictaron auto de formal prisión. En 2013 sus abogados denunciaron anomalías y abuso por parte de los testigos protegidos, además que su cliente fue el único de los siete implicados que no fue citado a declarar. Los testigos, identificados como Libre y X, comparecieron ante la SIEDO y el Ministerio Público y acusaron al exfuncionario de filtrarles información y recibir un pago por 60 mil dólares, uno, y otro de 200 mil pesos. En declaraciones a la revista Proceso en agosto de 2013, De la Barrera Vite puso en jaque a la PGR que dirigió Marisela Morales cuando reveló que la exprocuradora en el sexenio de Felipe Calderón dio instrucciones de reclutar testigos protegidos para que implicaran con el narco a varios políticos de peso, entre ellos a Andrés Manuel López Obrador y al propio Enrique Peña Nieto, así como al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira y al exgobernador de la misma entidad Humberto Moreira. En un reportaje publicado por el semanario con el título “La trama de Marisela Morales para fabricar culpables”, el exfuncionario de la SCJN sostuvo que las confesiones del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, El Grande –quien según la PGR vendió en miles de dólares a los Cabrera Sarabia, una de las células del Cártel de Sinaloa–, “no existen (es decir, son falsas)”. En declaraciones desde el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas, arguyó: “Es una venganza de Marisela Morales Ibáñez (porque) me negué a fabricar declaraciones en contra de políticos que estorbaban al gobierno… Lo hizo para implicarme, incluso manipuló declaraciones de dos testigos protegidos de claves: Libre y X ”. De la Barrera Vite trabajó con Morales cuando la funcionaria era titular de la SIEDO. Ella, dijo, lo nombró en junio de 2010 como responsable de la Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud. Con la detención de De la Barrera el 29 de julio de 2012 al final de su sexenio, Felipe Calderón buscó presentar el hecho como el último gran golpe contra el crimen organizado. La PGR anunció incluso que con esa captura había quedado desarticulada una banda compuesta por siete funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la misma procuraduría que presuntamente operaba para el Cártel de Sinaloa. Según De la Berrera, Morales llevaba a las reuniones semanales “una lista con nombres de funcionarios de alto nivel de los tres órdenes de gobierno, empresarios y abogados. Daba órdenes a ministerios públicos, fiscales, coordinadores y titulares de unidad para que –con medidas indebidas, como golpes o torturas psicológicas– presionáramos a testigos protegidos y a detenidos para que les abrieran proceso y se les inventaran declaraciones. Quería elementos para condenarlos y tenerlos bajo su control. Forzaba averiguaciones previas que nunca contaban con sustento legal”. Cuando la reportera, Patricia Dávila, le pidió que diera nombres, dio una larga lista: Gregorio Sánchez, exalcalde de Quintana Roo; Luis Ángel Cabeza de Vaca, exsecretario de Seguridad Pública de Morelos; los generales Ricardo Escorcia Vargas, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González; Zeferino Torreblanca y Manuel Añorve Baños, ambos exgobernadores de Guerrero; Andrés Manuel López Obrador y su chofer Nicolás Mollinedo; los priistas Jorge Hank Rhon, Manlio Fabio Beltrones, Mariano Herrán Salvatti, Tomás Yarrington, Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores, Humberto y Rubén Moreira, Fidel Herrera Beltrán y Enrique Peña Nieto. Sobre Peña Nieto, dijo que abrieron un acta circunstanciada en la Coordinación General A, la tenía Fausto Ayala; nunca se elevó a averiguación previa. “Desconozco el sustento de la misma. Esto inició en 2010. Morales quería concentrar el control en caso de que el PAN bajara en las encuestas”. El entrevistado dijo que él nunca comulgó con la forma en que trabajaba la entonces titular de la SIEDO. “En las reuniones nos indicaba cómo explotar a los testigos protegidos y cómo llevar los asuntos”. Morales –quien desde mayo del año pasado es cónsul en Milán, Italia– “era una persona violenta, decía que si no nos gustaba, que nos fuéramos. Trabajé ahí menos de cinco meses y puse mi renuncia en la Oficialía de Partes por los motivos que le comento”, apuntó. En la entrevista con Proceso dijo que se sentía un chivo expiatorio “por las irregularidades que advertí. Incluso cuando me detienen los agentes de la AFI (Agencia Federal de Investigación), me dicen claramente que no iban por mí. El objetivo era golpear al ministro de la SCJN Sergio Valls. Esto es raro, ya que el ministro y ella tenían muy buena relación”. Kenia Rodríguez, esposa de Juan Carlos, redondeó la idea de su esposo: “En 2010 el presidente Felipe Calderón estaba enfrentado con la Corte. Acusaba a los jueces de dejar salir a los delincuentes. En su defensa, ellos argumentaban que la PGR integraba las averiguaciones previas de manera incorrecta. Morales incluso le pidió a Valls una cita”. Relató: “Dos meses antes de que mi esposo renunciara a la SIEDO, hubo una comida en el restaurante de la Suprema Corte. Fue informal. La entonces titular de la SIEDO le pidió al ministro (Valls) hablar con los jueces para ‘sacar’ los asuntos. Él se negó”. Y aunque se programaron dos o tres encuentros más, Valls los canceló. “Tampoco aceptó enviarle más colaboradores como agentes de la SIEDO”, añadió. Una vez que Juan Carlos dejó la subprocuraduría, el ministro Valls lo invitó de nuevo a la SCJN, donde comenzó a laborar en el área de Recursos Humanos. El 29 de julio de 2012, más de año y medio después de su salida de la SIEDO, De la Barrera fue detenido en Acapulco, según narró su esposa: “Yo estaba en Cuernavaca con mi mamá. Hablaba por teléfono con él cuando me dice ‘¡Me persiguen!’. ¿Quién? ¿Y los niños? –le pregunté. “Me fui de inmediato a Acapulco y encontré a mis dos hijos –de nueve y seis años– en casa de una vecina. Estaban desconsolados. Los vecinos anotaron los números de placa de los vehículos en que subieron a mi marido: 285XBB del Estado de México y 999WAD. Ambas estaban sobrepuestas; los agentes no iban uniformados, me dijeron.” Kenia regresó a Cuernavaca para dejar a sus hijos con su familia y se fue al Distrito Federal. Alrededor de las dos de la madrugada del 30 de junio tocaron a la puerta. Vio tres camionetas de la Marina y dos Suburban de los MP. “Abro y le digo a uno de los sujetos: no sé nada de mi esposo. ¿Dónde está? En un postit me escribe que en el Cefereso 3 Noroeste en Matamoros. ¿Qué hace mi esposo allá? –le digo. “Catearon mi vivienda, la de la mamá de Juan Carlos; también fueron a Acapulco. Revisaron computadoras, agendas, pero no encontraron nada.” El papeleo para visitar a su esposo le llevó un mes a Kenia. “Quería saber de qué lo culpaban. Estaba en los noticiarios nacionales, le dije, acusado de vender declaraciones que hizo El Grande contra los hermanos Cabrera Sarabia y Juan Carlos Moreno Flores, El Calentura, del Cártel de Sinaloa”. Juan Carlos le comentó que esa declaración no existía: “Como fiscal –dijo–, mi esposo tomó la declaración al El Grande y a La Barbie. Hasta que Marisela Morales le asignó los casos a Guillermina Cabrera; fue ella quien convenció a El Grande para que declarara por consigna a cambio de convertirlo en testigo protegido”. De la Barrera Vite rindió su primera declaración dos meses después de su detención. Negó las imputaciones. Sólo aceptó que conocía de vista a Víctor Omar. De acuerdo con la causa penal 57/2012, el 1 de febrero de ese año, de manera voluntaria se presentó Esther Yadira Huitrón Vázquez, quien dijo haber pertenecido a las organizaciones de los hermanos Beltrán Leyva y después al Cártel de Sinaloa. A cambio de rendir información acerca de la célula de los hermanos Cabrera Sarabia que operaba en Durango y el sur de Chihuahua, solicitó acogerse a la figura de testigo protegido. La PGR le asignó la clave Libre. Ella rindió 10 declaraciones en dos meses en las cuales involucró a siete funcionarios: Esteban Amezcua Bernal, Ramiro Campos Lomelí, Verónica Guadalupe Esquivel Cuevas, Víctor Omar Martínez Ferrara, Manuel Arroyo Hernández y Gerardo Ortega Maya –este último fue torturado para que declarara contra el general Tomás Ángeles Dauahare, según denunció su hermana Karina Ortega. En su primera declaración, Libre entregó una agenda. En una de las hojas escribió –aunque no consignó la fecha– que entregó a Víctor Omar Martínez Ferrara 60 mil dólares para que se los entregara a Juan Carlos de la Barrera –quien se encargaba de los trámites de los testigos protegidos en la SIEDO– como pago por las declaraciones de los testigos protegidos que testificaron en contra de Felipe Cabrera Sarabia, El Inge. No obstante, en la sexta declaración Libre se contradijo al referir que los primeros días de enero de 2012 el fiscal De la Barrera solicitó los 60 mil dólares, por lo que a través de Israel Rivera, El Licenciado Flaquito, “le hizo el depósito a una cuenta bancaria a nombre de Juan Carlos de la Barrera”.