MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- A consecuencia del acoso judicial y de irregularidades en el proceso de custodia, desde hace dos años, Ema Gabriela Molina Canto desconoce el paradero de sus tres hijos y su madre, Ligia Canto Lugo, se encuentra detenida, acusada de un supuesto fraude fiscal. El pasado 4 de agosto, Ligia fue interceptada y aprehendida por la Policía Federal (PF). Días antes, narró a esta agencia de noticias los obstáculos y complicaciones que ella y su hija han vivido para obtener la custodia de sus tres nietos menores de edad, cuyo paradero desconoce. Ema Gabriela Molina es exesposa de Martín Alberto Medina Sonda, un poderoso empresario en el estado de Tabasco que brinda asesoría fiscal a funcionarios de la entidad. Es también el hombre que por 12 años ejerció violencia física y emocional contra ella. Antes de ser aprehendida, Ligia contó que, en paralelo al proceso de custodia que su hija inició en 2010, fue detenida dos veces por presuntos delitos fiscales y en ambas ocasiones fue trasladada a diferentes entidades del país, al parecer, para impedir que se quedara con las dos niñas y el niño. Ligia fue detenida la semana pasada en Mérida, Yucatán. A decir de testigos, la mujer fue interceptada en condiciones similares a las dos detenciones que vivió Ema Gabriela hace dos años. Al acudir a una entrevista con un medio local en Mérida, policías ministeriales del estado de Jalisco la detuvieron, la subieron a una camioneta acusada por supuestos delitos fiscales y la trasladaron al DF. Hasta la tarde del pasado viernes 8, su familia desconocía quién presentó la denuncia de que se le acusó y por qué fue juzgada fuera de su estado de origen. Entre juzgados En 2010, Ema Gabriela se separó de Martín Alberto Medina Sonda. Acompañada de sus dos hijas de seis años y diez años, y su hijo de ocho, dejó su casa en Tabasco, y llegó con su madre que vivía en Mérida. Medina Sonda nunca estuvo conforme en que Ema Gabriela se quedara a cargo de los menores de edad, pero luego de la separación le dio una camioneta de una de las empresas que dirige para que ella pudiera trasladarse con sus hijos. Por acuerdo de la titular del Juzgado Primero de lo Familiar de Mérida, Sandra Bermeja Burdas, los fines de semana el padre pasaba por los niños y los devolvía el domingo por la tarde. Un día de 2010, Ema fue notificada por la juez que sus hijos ya no regresarían con ella porque su exesposo la acusó en Yucatán de maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Un año después, la juez determinó que, gracias a los testimonios de familiares, amigos y maestros de los niños y debido a las pruebas realizadas a los menores, Ema no cometió ninguna de las faltas que se le imputaban y que, por el contrario, su exesposo viajaba recurrentemente y no se hacía cargo de los pequeños. La custodia siguió a favor de Ema Gabriela. El acuerdo legal temporal fue que de lunes a viernes Ema se quedaba con los menores y los fines de semana los llevaba a la Procuraduría del Menor de Mérida para que se reencontraran con su padre. De acuerdo con el relato de la abuela, Ema Gabriela no estuvo conforme con el acuerdo, ya que le pidieron llevar a cabo las responsabilidades de cuidado, como llevar a sus hijos a la escuela y a las clases particulares, mientras que el tiempo de recreación se le cedió al padre. El 25 de mayo de 2012, los niños desaparecieron. Ese día, la madre los llevó a la Procuraduría del Menor de Mérida para el encuentro con el padre. Lo hizo en la camioneta que Martín le dio dos años antes. De acuerdo con la narración de Ligia, en el trayecto un coche le cerró el paso a Ema y bajaron de él varios hombres vestidos de civil, pero armados. A la fuerza la bajaron de la camioneta y la metieron al otro auto. Ema pudo observar que se acercó su exesposo en su vehículo, se bajó y tomó a los niños. En la entrevista, Ligia aclaró que su hija estuvo incomunicada y fue hasta dos días después que pudo hablar con ella. Ema le contó a su madre que el día que fue detenida por desconocidos y trasladada desde Mérida al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, fue acusada de “retención ilegal de bienes”, por tener una camioneta que supuestamente no era de ella, aunque en 2010 se la dio su expareja. La acusación en su contra devino porque Martín dio la camioneta, que aún era de su propiedad, como pago de una deuda que tenía una de sus empresas con otra que –paradójicamente– él mismo administraba. El mismo día que ocurrieron los hechos, Ligia denunció la desaparición de sus nietos ante la Procuraduría del Menor –tanto en Mérida como en Tabasco–, pero los trámites administrativos y la concentración de reunión de las pruebas de la sustracción le llevaron más de cinco días. Hasta la fecha ninguna de las dos entidades federativas (Yucatán y Tabasco) han activado la Alerta Amber para la búsqueda de los niños desparecidos, ni han aplicado medidas para localizarlos. Apenas tres días después de que Ema Gabriela ingresó a la cárcel, Ligia recibió la notificación del juez Oscar Pérez Alonso, titular del Juzgado Primero de lo Familiar de Tabasco, que Martín Medina solicitó la custodia nuevamente con el argumento de que Ema estaba encarcelada, y que era una persona “de riesgo” para los menores de edad, lo que se le negó. La madre quedó en libertad cuatro meses después, pese a que fue acusada de un delito que no era grave y tenía derecho a fianza, pero sin explicación le fue negada. En una de las audiencias de custodia, relató Ligia, Ema quería constatar que sus hijos estaban en buenas condiciones, por lo que solicitó a la juez Bermeja Burdas –quien lleva su proceso en Mérida– que pidiera a Martín llevar a una de las niñas para corroborar su estado de salud. Sin embargo, él presentó justificantes médicos y nunca llevó a sus hijas. En septiembre de 2012, Ema se encontraba en Mérida buscando a su descendencia cuando recibió otra orden de aprehensión, ahora por parte del juez Santiago Ávila Negrón, del Juzgado 68 de lo Penal en el DF, el mismo que a principios del 2014 fue señalado por la opinión pública por ordenar la prisión para Yakiri Rubio, una joven víctima de violación sexual que se defendió de su agresor. El juez Ávila Negrón acusó a Ema de “fraude equiparado”, un delito que supuestamente cometió mientras estaba en prisión en Tabasco. Debido a que la familia de Ema demostró que quien presentó la denuncia contra ella mostró una identificación falsa, no continuó el juicio aunque el caso sigue abierto.