MÉXICO, D.F. (apro).- Decenas de organizaciones sociales solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención para ayudar a México a sortear la crisis que enfrenta en materia de respeto a las garantías individuales y que lo tiene en primer lugar en cuanto a peticiones individuales y medidas cautelares en el continente. Con motivo del 152 periodo de sesiones de la CIDH en esta ciudad en los que se analizarán casos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, las organizaciones no gubernamentales anunciaron que entregarán información a los comisionados para ponerlos al tanto de la “crisis en derechos humanos que actualmente vive el país” y hacer un “llamado de emergencia” para encarar esa situación. Luego de recordar que la última visita oficial de la CIDH data de 1996 y que el informe respectivo se publicó dos años después, las organizaciones advirtieron en un comunicado que si hace 18 años las violaciones a derechos eran “motivo de gran preocupación”, la gravedad de lo que hoy acontece en México amerita una revisión a fondo. “Ante el retroceso en la vigencia de los derechos humanos que México ha experimentado en los últimos años, se impone la necesidad de que el Sistema Interamericano vigile estrechamente la situación del país”, consideraron las organizaciones, 74 de ellas desplegadas en 22 entidades e integradas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos. Para la supervisión piden a la CIDH desplegar “todas sus herramientas, como son visitas oficiales, emisión de resoluciones en casos individuales y el monitoreo de su cumplimiento, así como la publicación de informes y la celebración de audiencias temáticas”. Los activistas destacaron que “es urgente que la CIDH”, cuyo presidente y secretario ejecutivo son los mexicanos José de Jesús Orozco y Emilio Álvarez Icaza, “se allegue de información detallada sobre los patrones y causas estructurales de esta realidad”. En el comunicado las organizaciones sociales también hacen un recuento de algunas situaciones de preocupación que para ellos ameritarían la intervención de la CIDH, aunque reconocen los “avances históricos” alcanzados luego de la reforma constitucional de 2011, mismas que “no han transformado una realidad lacerante, que incluye decenas de miles de personas desaparecidas, ejecutadas, torturadas y víctimas de la violencia impune”. Pese a las reformas, advirtieron, “la militarización de la seguridad pública ha provocado un importante aumento en las violaciones graves de derechos humanos sin poner fin a la violencia”. Si bien en dos años se vence el plazo para que el nuevo sistema penal entre en vigor en todo el país, “las detenciones arbitrarias y la fabricación de culpables siguen siendo el modus operandi del sistema de procuración de justicia, mientras el relator de ONU caracteriza la tortura en México como una práctica generalizada”. Peor aún, las reformas estructurales impulsadas desde la Presidencia de la República derivaron en serios retrocesos a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, toda vez que los cambios “concentran las riquezas del país en manos de unos cuantos, precarizan el trabajo e imponen a la población los costos del despojo de los recursos naturales”. De esa situación un ejemplo claro es “el esquema impulsado por el gobierno federal en materia de hidrocarburos, que es hoy la principal amenaza que pesa sobre el derecho de los pueblos y comunidades a su tierra y territorio”. En condiciones de alarma, resaltaron, se encuentran los grupos sociales identificados por su alta vulnerabilidad, como migrantes, mujeres, niños, pueblos indígenas y las personas recluidas en centros penitenciarios. También están en esa condición las personas defensoras de derechos humanos, agregan en el comunicado, quienes “sufren crecientes niveles de represión, desde el uso desviado del sistema penal para criminalizarlas, hasta la aplicación de leyes que priorizan el uso de la fuerza, incluso letal, como única respuesta a la protesta social”. Las organizaciones firmantes insistieron en la necesidad de que el Sistema Interamericano utilice las herramientas que tiene a su alcance para revisar el deterioro de los derechos humanos en México, y anunciaron que por lo pronto asistirán al próximo periodo de sesiones a llevarse a cabo en la sede de la CIDH en Washington, en octubre próximo. Entre las organizaciones que se sumaron a la petición destacan Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Aldeas Infantiles, Alianza de Trabajadores Agrícolas, Amnistía Internacional, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México, Asociados por lo Justo, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Fundación Diego Lucero y Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).