OAXACA, Oax. (apro).- La organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una visita “in situ” a Oaxaca, donde en 42 meses se han registrado 314 feminicidios. Además, dicha entidad ocupa el primer lugar nacional en ataques a defensoras de derechos humanos. Sólo en el primer semestre del año, dijo, se tienen contabilizados 59 ataques contra 22 activistas, tres periodistas y seis colectivos y/o agrupaciones. Y demandó a la CIDH que emita recomendaciones al Estado mexicano en materia de lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres, incluyendo la atención a la grave situación de ataques contra defensoras de derechos humanos. El organismo destacó también que la alternancia que se vive en Oaxaca no se ha traducido en mejoras para las mujeres. En lo que va del gobierno de Gabino Cué, sostuvo, se han documentado 314 feminicidios, es decir, 31 casos más que en todo el sexenio del priista Ulises Ruiz Ortiz. En el marco del 152 Periodo Extraordinario de Sesiones de la CIDH, la organización destacó la ausencia de políticas públicas de protección eficaces para las defensoras de derechos humanos en la entidad, e hizo énfasis en el incumplimiento de las medidas de protección otorgadas a favor de aquellas por parte de organismos estatales, nacionales e internacionales. Añadió que además de que no han sido instrumentadas, en algunos casos se han utilizado como método para hostigar e intimidar a las defensoras. La agrupación feminista también solicitó la capacitación y evaluación de funcionarios y la instrumentación de sistemas funcionales de registro de datos de violencia contra las mujeres y defensoras de derechos humanos. De igual manera, demandó la aplicación urgente de medidas para erradicar la impunidad y castigar a los responsables de la violencia contra ese grupo; un presupuesto suficiente para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia y para la protección de las mujeres defensoras; la creación y el  cumplimiento de mecanismos de protección eficaces, y la capacitación y evaluación de servidores públicos para que brinden una atención de calidad, centrada en las necesidades de las mujeres y desde la perspectiva de género, el respeto a los derechos humanos y la multiculturalidad. Asimismo, solicitó la instalación de un comité interinstitucional de seguimiento, evaluación y aplicación del protocolo para la investigación del feminicidio, y que se destinen recursos económicos para el Fondo de Procuración de Justicia y de Reparación a las Víctimas, en específico para todas las niñas, niños y familiares de víctimas del feminicidio, así como para las mujeres afectadas por la violencia feminicida. Consorcio también pidió la destitución de los funcionarios públicos que tienen antecedentes de violencia contra las niñas y mujeres, en las diversas modalidades y tipos de violencia, así como cuando por sus acciones u omisiones en cumplimiento de su cargo se vulneren o violenten los derechos de aquellas.