MÉXICO, D.F. (apro).- Una semana después de que se difundió la noticia sobre la expedición de una ficha roja por parte de la Interpol para detener a Napoleón Gómez Urrutia, los abogados del líder del sindicato minero informaron que el gobierno de Canadá le otorgó la ciudadanía desde el 30 de junio. De hecho, recibió la carta de bienvenida como ciudadano canadiense signada por el primer ministro Stephen Harper, después de un acto para la entrega de su certificado. Los abogados David Martin, de Canadá, y Marco Antonio del Toro, de México, anunciaron que este país, en el que Napito se autoexilió desde 2006, es ya su segundo hogar, “mientras en México corren versiones que pretenden continuar con un asunto moribundo”, como el supuesto fraude por 55 millones de dólares cometido contra mineros de Grupo México, ante lo cual “se ha demostrado de manera reiterada la inexistencia de delito”. En un comunicado de los abogados, enviado a través del sindicato, refirieron que Canadá es un país que abrió las puertas a Gómez Urrutia en medio de una “persecución política” por parte del gobierno de Vicente Fox y empresarios de Grupo México y Grupo Villacero. También anunciaron que el 30 de junio se concluyó el complejo proceso de otorgamiento de la ciudadanía canadiense, misma que “no fue ni remotamente afectada por imputaciones falsas, las que en México fueron cayendo una a una, precisamente por la fragilidad inherente a toda acusación sin fundamento”, indicaron. “El estatus jurídico de Napoleón Gómez Urrutia en Canadá es ahora el de ciudadano. Naturalmente conserva la nacionalidad mexicana de conformidad con el artículo 37 constitucional, que sobre el particular señala que ningún mexicano por nacimiento –que es su caso– puede ser privado de su nacionalidad ni de sus derechos, incluso cuando se adopta una segunda ciudadanía”, añadieron. Además, destacaron que antes de recibir la ciudadanía tenía “residencia permanente” como situación migratoria, misma que le confirió el gobierno canadiense. “Nunca fue asilado político ni jamás ha sido prófugo de nada ni de nadie como erróneamente se ha mencionado malintencionadamente. “Canadá, como país desarrollado que es –destacando su sistema de justicia de enorme solidez técnica y ética–, no ha dado entrada a acusaciones evidentemente falsas e idénticas a otras que ya dieron lugar a declaratorias de inocencia firmes”, apuntaron. Los litigantes recordaron que los gobiernos de Suiza y Noruega también extendieron en su momento salvoconductos a Gómez Urrutia para entrar a sus países, con la garantía de no ser detenido aun en el supuesto de que el gobierno mexicano solicitara su extradición. Los abogados se dijeron sorprendidos por la inexplicable intención del gobierno mexicano de difundir acusaciones fundadas en una “persecución política” contra Gómez Urrutia, contra quien se ha intentado denunciar de manera penal en once ocasiones por los mismos hechos y en diez de éstas se le ha absuelto. “La última de ellas está por resolverse, y lo razonable es que de igual modo se deje en claro su plena inocencia”, resaltaron. El 7 de agosto, la subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, declaró, en entrevista radiofónica, que el miércoles 6 la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) giró una ficha roja para la detención con fines de extradición de Napoleón Gómez Urrutia, autoexiliado en Vancouver desde 2006. Sin embargo, la PGR nunca emitió algún pronunciamiento formal o boletín confirmando los dichos de la funcionaria federal. Esa no es fue la primera vez que se lanza una solicitud de esta naturaleza contra Gómez Urrutia. El 2 de junio de 2006, el entonces vocero presidencial de Vicente Fox anunció que la PGR había pedido a la Interpol que emitiera una ficha roja para localizar y detener al líder minero que ya estaba en Canadá. El conflicto minero El 19 de febrero de 2006 se produjo una explosión en la mina Pasta de Conchos, ubicada en Coahuila, donde quedaron sepultados 65 mineros, cuyos restos no han sido rescatados hasta la fecha. Eran los tiempos del sexenio de Fox, y nueve días después el entonces secretario del Trabajo, Francisco Salazar, anunció que Gómez Urrutia había sido depuesto como secretario general e impuso a Elías Morales, antiguo disidente que, según acusaciones de Napito, trabajaba para Grupo México y Grupo Villacero, concesionarias de las minas mexicanas. La deposición respondió a las denuncias contra Gómez Urrutia por el presunto fraude del fideicomiso 9645-2 por 55 millones de dólares, quejas interpuestas en el 2000 y desempolvadas seis años después. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Gómez Urrutia quedó como dirigente del sindicato minero por decisión de su padre, Napoleón Gómez Sada. Sin embargo, el entonces secretario del Trabajo, Mariano Palacios Alcocer, no lo reconoció como tal y su dirigencia quedó así, en el aire, hasta que llegó Fox al poder. Una de las primeras medidas del fallecido titular de la STPS, Carlos Abascal, fue avalar su toma de posesión como líder de los mineros. La acción inaugural de Gómez Urrutia como dirigente fue reclamar, después de 15 años, el adeudo que tenía Grupo México con los mineros por la venta de la mina Nacozari y Cananea, en 1994. Poco después promovió dos huelgas, demandó, ganó y eso no se lo perdonó Grupo México. También Gómez Urrutia se pronunció contra una reforma laboral elaborada por Abascal; consiguió aumentos salariales superiores a los establecidos por las empresas y tuvo la osadía de cuestionar al gobierno federal y a Grupo México por la explosión en Pasta de Conchos. “Apenas habían transcurrido unas semanas del derrumbe de la mina cuando, de los cuestionamientos a la empresa por la inseguridad con la que trabajan los mineros, se pasó a la deposición de Gómez Urrutia como dirigente del gremio y al anunció de que la PGR, las autoridades de Sonora y hasta del Distrito Federal, lo estaban investigando por el presunto fraude, e inclusive habían congelado las cuentas bancarias del sindicato” (Proceso 1533). En la edición 1538 del semanario, se documentó el apoyo que Fox brindó a Grupo México mediante vínculos de los altos ejecutivos Valentín Díaz Morodo, Francisco Javier Soni Ocampo y Gilberto Pérez Alonso Cifuentes con la Fundación Vamos México, creada por la esposa de Fox, Marta Sahagún. También se documentó que en diciembre de 2005 hubo una reunión en casa de Julio Villarreal, uno de los dueños de Grupo Villacero, donde se planeó la embestida contra el sindicato minero. La causa del conflicto minero se relaciona con el manejo del fideicomiso gremial. El contrato que llevó a su constitución fue firmado el 14 de noviembre de 1988 por don Napo, padre del depuesto dirigente, como representante del sindicato minero; Jorge Larrea, presidente y apoderado legal de Industrial Minera México, y José Luis López Acosta, delegado fiduciario de Multibanco Comermex. En ese entonces se previó que el fondo quedara integrado mediante la entrega al sindicato de 5% de las acciones de Mexome y Mexasul, las compañías mineras que fueron privatizadas. El 26 de octubre de 2004 se realizó un convenio modificatorio para que el sindicato vendiera a Grupo México sus acciones por 55 millones de dólares. El acuerdo fue firmado por Gómez Urrutia, Xavier García y Armando Fausto Ortega, en representación de la empresa, así como por Jorge Gómez Moreno y Felipe López, por parte de Scotiabank Inverlat como fiduciario. Y un día después quedó formalizada una sociedad organizada de acuerdo con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos, denominada Ameritas Sales Company. El monto de la operación ascendió a 55 millones de dólares que se entregaron a través de dos pagarés: uno por 47 millones 362 mil 918 dólares y otro por 7 millones 637 mil 82 dólares mediante transferencia electrónica desde la cuenta 54473128-2 del Chase Manhattan Bank a la cuenta 00104893859 de Scotiabank Inverlat. Sin embargo, días después de que la Cámara de Diputados solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Secretaría de Hacienda, del Trabajo y a Scotiabank Inverlat información acerca del fondo, el organismo reportó que no encontró irregularidades en el fideicomiso (Proceso 1543).