MÉXICO, D.F. (apro).- Con testimonios de los menores, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) poco a poco reconstruye las atrocidades cometidas en el albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, que tenía bajo su cargo Rosa Verduzco, Mamá Rosa. Según el comisionado Julio Hernández Barros, los niños y jóvenes fueron objeto de tratos “infames” y abusos sexuales y laborales, además de que eran quemados o tatuados con números y señas particulares del lugar. En un comunicado, la Comisión informó que a las víctimas también se les violó su derecho a la identidad jurídica, pues en la casa-hogar les “desaparecieron” sus actas de nacimiento, entre otros documentos personales. Para atender esta situación, Hernández Barros adelantó que la Comisión trabaja en la creación de una figura de custodia provisional para que los menores no sean recluidos en otro albergue y permanezcan con familias voluntarias, sin fines de adopción, mientras regresan a su seno original. “La opción de la adopción –aclaró– vendría después, únicamente si se comprueba que no existen condiciones adecuadas para que permanezcan con sus familiares originarios”. Esas son algunas de las secuelas detectadas por integrantes de la CEAV entre las 600 personas –400 de ellas, menores de edad–, rescatadas del lugar en el operativo federal del pasado 15 de julio. Ese día, fuerzas federales liberaron a cientos de personas, la mayoría menores, privadas de su libertad en la casa-hogar. La acción se realizó con base en una orden de cateo otorgada por el Juzgado V Federal Penal y al menos 50 denuncias en contra de los administradores del albergue, según el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Entre los testimonios de las personas rescatadas se encontraron casos de abusos físicos y psicológicos. Eran obligados a pedir dinero en casas y calles, comer alimentos en mal estado, dormir en el suelo entre plagas, abusos sexuales y la prohibición de salir. Después del operativo, los afectados del albergue se acercaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para solicitar protección, acompañamiento y asesoría. Como parte del apoyo, ahí se les brinda atención médica, psicológica, jurídica y de trabajo social a las víctimas presuntamente torturadas.