MÉXICO, D.F., (apro).- La violencia provocada por la guerra contra las drogas en México dejó su principal saldo entre adolescentes y hombres jóvenes que no han sido atendidos por la falta de políticas públicas, lo que ha derivado en un incremento de los suicidios en ese sector, declaró la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) “Juan Ramón de la Fuente”, María Elena Medina Mora. Durante su participación en el coloquio “México Herido”, el primero en analizar los efectos psicosociales de la guerra contra el narcotráfico, la investigadora resaltó que de 1990 a 2010 el homicidio se convirtió en la cuarta causa de muerte entre los hombres de entre 15 y 29 años de edad. Desde 2007 ese grupo ha carecido de oportunidades de trabajo, mientras que el bloque de entre 15 y 19 no tuvo de oportunidades para estudiar. De acuerdo con los estudios del INP, la mayor exposición a la violencia, ya sea como testigo de un hecho violento, como víctima o partícipe entre los jóvenes, ha derivado en efectos postraumáticos que se han traducido en intentos y ejecución de suicidio, sin que se tenga la capacidad de darles atención. “El 75% de los suicidios tienen que ver con depresión, que es uno de los efectos de la violencia”, dijo Medina Mora. Egresada de la facultad de Psicología de la UNAM, sede del coloquio, la especialista sostuvo que pese a los anuncios oficiales de disminución de la violencia generada por el combate al narcotráfico, “seguimos en un nivel alto. Hay que seguir bajando y hay que seguir apoyando a las comunidades que más han sufrido la violencia porque hay una desesperanza aprendida generalizada”. Luego de reconocer que aún no se ha dimensionado el efecto de la violencia del crimen organizado en la sociedad mexicana, la directora del INP admitió que las acciones violentas “no se acaban de un día para otro, tiene que haber acciones concertadas, con programas pensados, políticas globales y trabajo de abajo hacia arriba. Sí hay signos buenos, hay que decirlo, pero tenemos que seguir con el compromiso de ayudar a la gente afectada”, apuntó. Tras señalar que el INP tiene 17 proyectos comunitarios en operación, consideró necesario “hacer un pacto entre los medios” ante la exposición de la violencia, y “dar seguimiento a las informaciones hasta su culminación, porque llega a ocurrir que se presenta una noticia y después no se sabe qué pasó, y lo que genera es incertidumbre y desesperanza entre la población”, en tanto que la sobre exposición ha generado entre algunos sectores que la violencia se vea como algo normal. Medina Mora también se pronunció en contra de la legalización de la mariguana como una forma de acotar la violencia entre las bandas del narcotráfico, “mucho menos si se trata de una apertura indiscriminada, en la que estén por encima los intereses económicos”. Añadió: “No creo que se deba dejar al libre consumo, creo que lo que se debe discutir son las formas de enfrentar un problema que va muchos más allá del consumo (…) lo que sabemos es que las drogas es un brazo, pero no es el único mecanismo (del crimen organizado). Cada vez que disminuye ese brazo se activan otros para la captación de recursos”, apuntó. La investigadora, especialista en el tema de adicciones, consideró que en la instrumentación de políticas públicas para combatir el narcotráfico debe estar en un lugar preponderante “proteger a los adolescentes que no consuman, y los que tienen problemas que reciban atención”. En el coloquio también participó la responsable de la Estrategia para la Atención a Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Mercedes Peláez, quien ubicó el origen de la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico en el seno familiar y en las relaciones interpersonales, sin mencionar la intervención del Estado. “Hay una responsabilidad social bien importante en la que todos tendríamos que ser capaces de revisar con mucho detenimiento nuestra propia actitud y nuestro comportamiento hacia nosotros mismos y hacia los demás”, dijo Peláez, y reconoció que su área dentro de la Segob atiende a más de 800 víctimas, 700 de ellas relacionadas con desaparición –“80% del sexenio pasado y 20% del actual”– y unas 130 de personas que han sufrido violaciones a derechos humanos. En su participación, la funcionaria admitió la incapacidad de las instituciones gubernamentales para atender el problema de la violencia, que consideró como un “problema de salud pública” al señalar que como sociedad, entre más se favorezcan “los climas violentos, más perjudicaremos la salud de las personas y, por lo tanto, estarán en mayor desventaja y serán más proclives a sufrir cierto tipo de victimización”. Sobre la violencia a la que han sido expuestos los mexicanos en años recientes, Peláez explico que “la vemos en las casas, en las relaciones más cercanas, con palabras que causan daño, con tonos de voz elevada, con relaciones que nos están afectando psicológicamente, emocional y físicamente, y las vemos entre esposos, de padres a hijos, entre hermanos, entre vecinos y en el seno de la comunidad a la que pertenecemos. Esa violencia no es diferente de aquella violencia que se genera en los ámbitos de la delincuencia organizada. Son escalas diferentes de violencia, pero en el fondo la violencia debería de poder ser calificada de una sola manera”. En este primer coloquio también se habló de los efectos de la guerra contra el narcotráfico entre representantes de los medios de comunicación. Rogelio Flores Morales, investigador y académico de la Facultad de Psicología y organizador del evento, resaltó que de los recursos destinados para el sector salud en México, sólo 2 % se dedica a la salud mental, y éste es destinado al mantenimiento de los hospitales especializados. El también coordinador del Centro de Documentación de la revista Proceso presentó datos de su investigación de doctorado sobre los efectos de la guerra contra el narcotráfico a partir de cuestionarios aplicados a 126 reporteros de 23 entidades del país, de los cuales 63% cubrían la fuente policiaca o del narcotráfico. La investigación, que inició en 2012, revela que 41% de los periodistas mexicanos que cubren de forma cotidiana la violencia sufren síntomas de estrés postraumático, dato que resultó muy alto al compararlo con otro estudio realizado en 2002 sobre las alteraciones psicológicas que sufrían los corresponsales de guerra, entre los que había una prevalencia de estrés postraumático en 27%. Otro estudio realizado por Flores entre 33 periodistas que cubrieron las caravanas por la paz encabezadas por Javier Sicilia revela que 35% de ellos sufrieron malestares psicológicos como depresión, ansiedad y somatización del estrés como una secuela de su exposición a testimonios desgarradores recabados en las caravanas. Balbina Flores, de Reporteros sin Fronteras (RSF), recordó que del año 2000 a la fecha han sido asesinados 96 reporteros y 20 más se encuentran en calidad de desaparecidos. La representante de RSF calificó a la sociedad mexicana como “enferma”, luego de atestiguar los altos niveles de violencia de los últimos años, por lo que sugirió crear “redes de apoyo para un país destrozado. De no hacerlo se estaría en deuda con los familiares de los miles de desaparecidos y asesinados incluidos los periodistas”, concluyó.