MANZANILLO, Col., (apro).- Con el pretexto del combate al crimen organizado, el gobierno federal ha sometido a los integrantes de la industria minera a un clima de persecución y hostigamiento, situación que prácticamente paralizó la actividad y ha provocado la pérdida de miles de empleos en la región, denunciaron pequeños empresarios mineros de Colima, Michoacán y Guerrero. Aunado a lo anterior, se quejaron del excesivo burocratismo en los procedimientos de regularización de los concesionarios en las diversas dependencias del sector, por lo que exigieron celeridad para lograr la normalización de actividades de la industria minera en el país. Óscar Eduardo de la Torre Cortés, presidente de la Asociación de la Industria Minera del estado de Colima, dijo que desde hace cinco años, en el sexenio Felipe Calderón, los empresarios de ese sector han pugnado por establecer mesas de trabajo con los titulares de las dependencias federales para trabajar en pos de la regularización de la industria minera. En rueda de prensa, indicó que en dos ocasiones ha entregado pliegos petitorios del sector a Enrique Peña Nieto, primero como candidato y después como presidente de la República, pero hasta la fecha no han obtenido la respuesta ni el apoyo que buscaban. “No somos delincuentes, somos personas que queremos trabajar. Pese a nuestros esfuerzos que hacemos día con día para seguir trabajando, la situación nos ha llegado hasta el cuello, muchas empresas han cerrado y otros inversionistas se han espantado, lo que ha tenido como consecuencia la pérdida de 2 mil a 2 mil 500 empleos”. En el caso de Michoacán, el presidente de la Asociación de Mineros de esa entidad, Carlos Alberto Medina Ramírez, informó que tan sólo en 10 municipios productores de hierro en los alrededores de Lázaro Cárdenas, se han perdido cerca de 15 mil empleos. En los últimos 10 meses, a raíz de los operativos del gobierno federal, dijo, la región no ha percibido ningún ingreso económico proveniente del extranjero a través del puerto de Lázaro Cárdenas, situación delicada porque el mineral de hierro es el sostén de la economía local. “Nos tachan de que pertenecemos a un grupo delictivo y yo la mera verdad hablo por mí y mis compañeros: nosotros nos mantenemos al margen, venimos a dar la cara y a decir que somos personas que trabajamos regularmente”, añadió. Por su parte, Andrés Alain Rodríguez, representante de la Unión de Mineros, Metalúrgicos y Similares del estado de Guerrero, subrayó: “Exigimos al gobierno federal una sola cosa, que nos devuelva nuestros trabajos, porque en los últimos 10 meses hemos estado pasando grandes carencias, nuestras familias tienen hambre, somos trabajadores, no somos delincuentes, nuestro interés es contribuir al desarrollo; pedimos facilidades para regularizar los documentos y poder seguir trabajando”. Eduardo de la Torre enfatizó que como consecuencia de la persecución gubernamental, de casi 40 empresas mineras que operaban en Manzanillo, actualmente quedan menos de 10 trabajando. Algunas de las empresas a las que les fue asegurada la carga en el puerto de Manzanillo, comentó, no pudieron demostrar la procedencia del mineral, pero “ello no quiere decir que sean delincuentes, no hubo detenidos, si fueran delincuentes estarían detenidos, pero para las autoridades todos los que nos dedicamos a la minería somos culpables”. El representante minero consideró que en la actual administración “se vive la misma soberbia que en el sexenio de Felipe Calderón. Ahorita ningún funcionario va a meter las manos por los mineros, a quienes ya nombró el comisionado de Michoacán, Alfredo Castillo, como delincuentes. Todos los políticos dicen que en ese tema mejor ni se meten”. A juicio de Óscar Eduardo de la Torre, las autoridades “quieren desaparecer al pequeño y mediano empresario minero, sembrando evidencias y comentando que es de la delincuencia organizada, pero nosotros queremos la regularización, somos mexicanos, con inversiones mexicanas y creamos empleos para mexicanos”. Añadió: “No queremos pensar que la idea es que el sector minero siga siendo un monopolio. Sólo una empresa mexicana cotiza en la bolsa, todas las demás son extranjeras. No estamos contra ellas, pero queremos que también se nos dé la oportunidad de trabajar”.