Hasta las obras de reconstrucción son controladas por el narco en Guerrero

domingo, 17 de agosto de 2014
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Las obras de reconstrucción de infraestructura en municipios de Guerrero tras el paso de los huracanes Ingrid y Manuel el año pasado, son controladas por el crimen organizado. En una nota que publica este domingo el diario Reforma, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) denuncia que los delincuentes cobran entre 5 y 10% del costo del contrato del proyecto. Los grupos del crimen organizado además rentan a las constructoras la maquinaria para los trabajos e incluso ordenan en qué tiendas comprar los materiales y con qué sindicato adquirir la mano de obra. Si las empresas se niegan, les plagian a empleados o familiares y hasta les roban vehículos, reveló Alfredo Adame Arcos, presidente de la CMIC en Guerrero. Asimismo, las compañías son objeto de hostigamiento y amenazas. Dicha Cámara registró 33 secuestros exprés a trabajadores responsables de obra. La situación obligó a empresas como Rosam y QyM a salir de Guerrero en tanto que otras prefieren no ejecutar obras en comunidades de mayor riesgo, principalmente en Tierra Caliente. Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán, Arcelia, Coahuayutla, Quechultenango, Chilapa, San Miguel Totolapan, Teloloapan y Zihuatanejo son los municipios donde ha habido más denuncias. Por ejemplo, en Totolapan, una de las obras afectadas fue la construcción de más de 20 viviendas de un contrato por 4.5 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En Acapulco, en el fraccionamiento San Agustín, la reconstrucción de escuelas y de un puente quedó inconclusa debido a las extorsiones de los criminales. La CMIC reveló que de las 600 empresas que participan en la reconstrucción, al menos 30% ha denunciado extorsión, aunque hay otras que la padecen pero no la denuncian. Según Adame Arcos, las empresas le dicen que el crimen organizado no las deja trabajar, que llegan a la obra y simple y sencillamente no se los permiten. Según la información del diario, los constructores enteraron de esta situación al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, durante su reciente visita a la entidad el pasado 29 de julio. Sin embargo, el funcionario federal les respondió que era un tema que debían exponerle a la Secretaría de Gobernación.

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