Incremento al mínimo es viable, sólo requiere voluntad política: Mancera

jueves, 28 de agosto de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, presentó hoy su propuesta para elevar el salario mínimo de 67.29 a 82.86 pesos a partir del próximo año. En el salón Benito Juárez del viejo Ayuntamiento de la ciudad y flanqueado por sus principales colaboradores, el funcionario reconoció que tal modificación impactaría los precios en 0.9%, pero aun así sostuvo que se trata de un planteamiento “razonable, factible y prudente” y que sólo falta “voluntad política y toma de conciencia” para que se aplique en el país. Con la presentación de la “Política de recuperación de los salarios mínimos en México. Propuesta para un acuerdo”, Mancera abrió formalmente el debate nacional para romper con el círculo vicioso de congelar el mínimo. En el documento, reconoce incluso que si el aumento salarial “sólo toca a los trabajadores formales, el efecto sería previsiblemente menor al 0.3% de los precios”. Asimismo, explica que “no sólo es deseable, sino perfectamente viable” el aumento inicial de 15.57 pesos, que representa 23%. La intención, dice, es que aumente de manera gradual hasta llegar a los 171.03 pesos al final del sexenio. Según Gerardo Esquivel, investigador del Colegio de México y parte del equipo de especialistas que elaboraron la propuesta, tener un salario de 82.86 pesos diarios “es el nivel de ingreso que necesitaría un trabajador para poder comprar dos veces la línea de bienestar mínimo, que es la que separa a los pobres extremos, de los pobres”, de acuerdo con mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). A su juicio, “si un trabajador ganara este salario mínimo, él y un miembro de su familia podrían estar justo en el nivel que separa la pobreza de la pobreza extrema, por lo menos”. Es factible, defiende Mancera Durante la presentación de la propuesta que anunció desde el 1 de mayo, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera aclaró que “sí se puede hacer”, pero que “se necesita un debate técnico y político, pero también un debate ético”. Ante los secretarios de Desarrollo Económico, Salomón Chertorisvky, y de Finanzas, Edgar Amador –la de Trabajo y Fomento al Empleo, Patricia Mercado, no estuvo presente--, así como del comisionado para la reforma Política del DF, Porfirio Muñoz Ledo, y algunos de los especialistas que elaboraron la propuesta, el mandatario local aseguró que el estudio tiene el sustento técnico para “superar las críticas iniciales”. Aclaró que con ella no se cierra el debate, sino que --desde la página de internet de la Sedeco, (www.sedecodf.gob.mx)-- se pone a disposición de universidades, centros de investigación, organismos sindicales y empresariales, de periodismo, así como instituciones de política laboral y económica del país. “Estamos demostrando ante la opinión pública que sí se puede. Estamos dejando claro que sí hay un camino, que sí hay una ruta. Estamos demostrando técnicamente, con la opinión de los expertos, que esto es factible. Se están formulando los cómos, las propuestas precisas y las rutas posibles”. Mancera criticó que en México el salario mínimo se volvió una variable económica “olvidada y subutilizada”, lo que coloca al país como un caso “atípico” en el mundo. Reiteró que el siguiente paso es presentar la propuesta a los secretarios de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, y de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, así como a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), al Banco de México, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Congreso de la Unión y a la Conferencia Nacional de Gobernadores. Pidió dejar atrás “las paternidades” y enfocarse en las soluciones para mejorar el ingreso de la gente. Es una tarea impostergable, dijo. México, reproductor de pobreza Miguel Ángel Mancera formalizó su propuesta cuatro meses después de lanzar la idea de elevar el salario mínimo en México, el pasado 1 de mayo. Desde entonces arrancó la polémica y las declaraciones en contra desde diversas instancias del gobierno federal, así como de los sectores empresariales, sindicales y partidistas. El 5 y 6 de agosto, el gobierno capitalino desarrolló el Foro Internacional: Salarios Mínimos, Empleo, Desigualdad y Crecimiento Económico, con la participación de especialistas nacionales e internacionales. Ahí quedó en evidencia que el salario mínimo en el país es el más bajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el único caso de estancamiento en la última década en América Latina. “Es el único país de la región donde el salario mínimo está por debajo del umbral de la pobreza extrema”, según la secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El documento “Política de recuperación de los salarios mínimos en México. Propuesta para un acuerdo”, asegura que en México el salario mínimo no sólo está muy lejos del nivel que manda la Constitución de la República, sino que además está por debajo de la línea de pobreza alimentaria, es decir, en la pobreza extrema, al mismo nivel que en Haití. Destaca la gravedad de la situación al decir que casi siete millones de personas en el país y 370 mil en la Ciudad de México –13% y 9% de la población ocupada, respectivamente-- reciben esta cantidad. Además, el poder adquisitivo del salario mínimo tiene una pérdida histórica de 75%, en los últimos 35 años. En tanto, 67% de la población ocupada del país ya se ubica con un ingreso menor a tres salarios mínimos, escenario similar en la Ciudad de México. “Menos de la tercera parte del producto de los trabajadores pertenece a los salarios, la relación exactamente inversa a la de los países desarrollados. Esto hace que México, de entre todas las economías importantes, sea la más desigual del planeta”, dice el documento. Pero en la defensa del aumento del salario, el estudio asegura que “los efectos de la subida de los salarios mínimos –siempre que sea prudente y bien monitoreada a lo largo del tiempo--, no sólo es factible, sino que además no provoca ninguno de los daños presupuestos por modelos convencionales: ni inflación, ni desempleo ni baja productividad”. Aunado a ello, asegura que “el aumento significativo al salario en la economía formal es un poderoso mensaje para abandonar la economía informal”. Las propuestas El grupo de especialistas propone adoptar medidas a nivel nacional y local para lograr el aumento al salario mínimo. Entre ellas menciona el buscar un “amplio acuerdo nacional” para elevar el salario en el 2015 a 82.86 pesos, visto como un a medida “justificada, posible e impostergable”. Sugiere desindizar el salario como referencia de otros precios y variables ajenas al mercado laboral mediante la emisión de una Ley General de la Unidad de Cuenta del Estado Mexicano; fortalecer la autonomía de la Conasami; integrar una comisión interinstitucional que de seguimiento a los efectos del aumento y modificar el calendario de determinación del salario, una vez que hayan ocurrido las negociaciones contractuales de los demás salarios. A nivel Distrito Federal, sugiere que la ALDF también haga una labor de desindización en todas las leyes locales pertinentes; que el GDF emprenda un programa de mejora laboral para los trabajadores con salarios más bajos –especialmente los de honorarios— y establezca una política general de contratación de servicios y bienes. También propone desplegar una política de excepción fiscal al impuesto sobre la nómina en las micro y pequeñas empresas durante el primer año, en el inicio de la recuperación de los salarios; así como impulsar –a nivel local y federal—mecanismos de vigilancia e inspección de las condiciones generales de trabajo en los establecimiento y empresas del DF. La “Política de recuperación de los salarios mínimos en México. Propuesta para un acuerdo” fue elaborada por Graciela Bensusán Areous, investigadora de la UAM Xochimilco; Juan Carlos Moreno, Brid, director adjunto de la sede subregional en México de la Cepal; y Ariel Rodríguez Kuri, profesor del Centro de Estudios Histórico del Colegio de México. También participaron Antonio Azuela de la Cueva, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; Enrique Provencio, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México; Jaime Ros Bosch, investigador de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM; y Gerardo Esquivel Hernández, investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Mejora, no aumento: Navarrete Y mientras Mancera llamó a tener voluntad política para lograr el aumento del salario mínimo en México, el secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Alfonso Navarrete Prida, acordó con sus homólogos estatales seguir con el debate social, sin mencionar el incremento. “El objetivo principal del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es el de mejorar los ingresos de las familias mexicanas y la mejor forma de hacerlo es propiciando las condiciones que permitan el crecimiento económico, detonando la productividad con beneficios compartidos”, dijo durante la inauguración de la Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (CONASETRA), en Manzanillo, Colima. El funcionario federal resaltó que en la discusión sobre el salario mínimo se debe privilegiar “el diálogo social de carácter tripartito, como vehículo fundamental para que dicha deliberación se encauce considerando las necesidades y realidades de los sectores productivos”. Lo importante, comentó, es seguir con el tránsito del empleo informal al formal para que los trabajadores con menores ingresos tengan acceso a prestaciones de ley, “como elementos protectores y potencializadores del ingreso de los trabajadores”. Frente al presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), Basilio González Núñez, el secretario del Trabajo aseguró que el gobierno federal “tiene considerada una ruta crítica para la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, como elemento fundamental de su programa de gobierno”, acorde con la política laboral exigida por los mercados del trabajo, aumentando la productividad. Respecto a la reunión de Directores del Servicio Nacional de Empleo, Navarrete Prida comentó que en dos años de gobierno se han colocado a 2.4 millones de personas en un empleo u ocupación productiva; tan sólo este año se ha atendido en las 166 oficinas 3.3 millones de solicitudes y se han colocado a 929 mil personas. Pese a las cifras, se dijo convencido de que este año superará la meta de colocar a un millón 250 mil personas, “a través de todas sus modalidades de capacitación para el trabajo, vinculación y movilidad laboral, fomento al autoempleo y repatriados trabajando”. (Con información de Rosalía Vergara).

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