COLIMA, Col. (apro).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició una investigación contra los dos policías municipales de Manzanillo que arrojaron huevos de tortuga al mar. La delegación estatal de la dependencia informó en un comunicado que si se comprueba la responsabilidad de los agentes presentará denuncia penal ante el Ministerio Público Federal. Como parte de las indagatorias, personal de la Profepa inspeccionará el sitio y ejecutará las acciones para determinar el aparente saqueo de un nido de quelonio que quedó al descubierto por el fuerte oleaje, así como el proceder de los elementos preventivos al arrojar los huevos a las aguas marinas. Mientras tanto, refirió, la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo mantiene bajo arresto a los uniformados involucrados. Los agentes fueron captados en una de las playas del municipio porteño por un turista, quien posteriormente subió el video a las redes sociales. En la grabación se aprecia cómo uno de los agentes trata de persuadir al ciudadano para que borre el archivo y, al negarse éste lo amenaza con detenerlo. Según el boletín de la Profepa, inspectores de esa dependencia han impartido pláticas y cursos de capacitación a los agentes municipales y a los elementos de la Policía Estatal Preventiva, con el propósito de que conozcan cómo resguardar nidos de tortuga marina. Además, añade, han sido orientados para que informen a la autoridad ambiental competente cuando detecten huevos de esta especie y entregarlos a la brevedad al campamento tortuguero más cercano. La Profepa recordó que las siete especies de tortugas marinas que arriban a las costas del país están protegidas por la legislación mexicana a través de la NOM-059-Semarnat-2010, por lo que cualquier tipo de aprovechamiento, venta o consumo de ellas constituye un delito federal. El Código Penal Federal estipula en su artículo 420, fracción IV, que a quien capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene cualquier forma de sus productos o subproductos, se le impondrá una pena de uno a nueve años de prisión, así como una multa de 300 a 3 mil días de salario mínimo vigente.