MÉXICO, D.F. (apro).- El dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia le ganó la partida legal a la justicia mexicana, luego de que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal canceló la última orden de aprehensión girada en su contra, con lo que queda sin efecto la alerta de captura lanzada por la Interpol. "Ya no existe ninguna acusación en su contra. El día de ayer esta batalla legal finalmente concluyó exitosamente con la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal (...) la última orden de aprehensión quedó declarada inconstitucional”, dijo el defensor legal de Napito, Marco Antonio del Toro. En declaraciones a diversos medios, el litigante recordó que la última orden de aprehensión era por un presunto fraude de 55 millones de pesos en agravio de la organización sindical. De acuerdo con Del Toro, la resolución "es inatacable, es una decisión final, última, que pone ahora sí el cierre de un asunto arduo, largo, de una batalla legal llena de intereses y que finalmente se resuelve conforme a derecho". A partir de hoy, explicó, "estaremos exigiendo la cancelación de todo procedimiento de extradición y de la ficha roja", porque la resolución de ayer deja ambas cuestiones sin sustento "en automático". Del Toro adelantó que la próxima semana viajará a Canadá para que a la brevedad Gómez Urrutia pueda volver "a México y seguir al frente del sindicato minero". La resolución emitida ayer dejó sin efecto una orden de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia por delito bancario. Esa era la última de las 11 órdenes de aprehensión giradas contra el líder minero, quien desde 2006 se autoexilio en Canadá, país del que obtuvo la ciudadanía el pasado 30 de junio, apenas unos días antes de que la Policía Criminal Internacional (Interpol, por sus siglas en inglés) emitiera una ficha roja en su contra. Según su abogado, Gómez Urrutia obtuvo la nacionalidad canadiense porque en los ocho años que lleva en ese país ha mantenido una situación migratoria estable. "Napoleón Gómez Urrutia jamás ha estado escondido", y "después de que el gobierno de Canadá analizó su situación, resolvió que le otorgaba la residencia permanente por no ser creíbles las acusaciones" que pesan en su contra, y luego vino el otorgamiento de la nacionalidad, puntualizó Del Toro el miércoles 13. El pasado jueves 7, la titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, informó que la Interpol finalmente había aceptado una solicitud de México para considerar como un prófugo de la justicia a Gómez Urrutia. "Esto forma parte de un largo proceso, tenemos que esperar a que un juez en Canadá, donde se encuentra el señor, nos libre una orden de detención provisional y entonces es cuando se puede detener a Napoleón Gómez Urrutia, con fines de extradición a México, para que se haga efectiva una orden de aprehensión vigente en el territorio mexicano”, dijo ese día. No obstante, un miembro del sindicato minero negó la emisión de la ficha roja por parte de Interpol, y destacó que se trataba de la misma solicitud que la PGR hizo en meses pasados a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para extraditar a Gómez Urrutia. En febrero, dijo, la Interpol no encontró elementos para emitir la ficha roja contra el líder minero porque la solicitud respondía más a un asunto político que legal. Sobre ese punto, Benítez Tiburcio recordó que ante el rechazo de la Policía Criminal Internacional “interpusimos una apelación y tuvimos que ir a las oficinas centrales de la Interpol en Lyon, Francia, para hacerle ver al organismo internacional que se trataba de un líder que estaba siendo buscado por la justicia en diferentes administraciones federales y que debía presentarse ante la ley". Pero ayer finalmente los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, José Luis Villa González, Héctor Lara Jiménez y Elvia Díaz de León, emitieron su sentencia y declararon inconstitucional la orden de aprehensión contra Gómez Urrutia dictada por el magistrado Miguel Ángel Aguilar, así como la negativa de amparo del magistrado Luis Núñez Sandoval.