MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles protestaron este lunes por el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en la frontera con México, cuyo objetivo es detener a las personas migrantes que huyen de la violencia y la pobreza. En un comunicado, alertaron especialmente sobre los riesgos a la integridad de los menores que cruzan la frontera para llegar al país del norte sin documentos. Precisaron que su preocupación central es el “uso excesivo de la fuerza” al que frecuentemente recurren elementos de la Patrulla Fronteriza “para detener a los migrantes que ingresan ilegalmente a  EU, e incluso al uso de armas letales ante alguna situación en peligro”. Ante ese escenario, apuntaron, “una confusión o un error puede ser fatal para las niñas, niños y adolescentes migrantes”, expuestos a la actuación ahora también de la Guardia Nacional. Los firmantes se pronunciaron contra la criminalización de los indocumentados por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos, sin considerar que “en la mayoría de los casos están huyendo de la extrema pobreza, la injusticia y la violencia que en los últimos años ha asolado principalmente a los países de Centroamérica”. Añadieron: “Miles de niñas y niños tratan de reunirse con sus familias y arriesgan la vida en su intento. Por esta razón, debe prevalecer una política de cooperación entre las naciones involucradas para brindarles protección y auxilio inmediato”. En entrevista telefónica, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), resaltó que tras el anuncio del gobernador Rick Perry sobre el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera con México, hasta ahora sólo hay presencia en McAllen, que limita con Reynosa, Tamaulipas. “Nos parece grave la presencia militar en ambos lados de la frontera, y entendemos que en el caso de Estados Unidos la intención es intimidar, como parte de una política de discriminatoria”, apuntó el defensor. Al señalar que las deportaciones de menores han continuado y que en Nuevo Laredo el DIF local tiene en custodia a 180 niñas y niños, Ramos Vázquez lamentó que la política de seguridad de Estados Unidos esté por encima de loa derechos humanos de los infantes, sobre todo de quienes huyen de la violencia en sus países de origen. “No se están midiendo las consecuencias psicológicas que se está provocando con la expulsión de los niños que llegaron a Estados Unidos arriesgando su vida en busca de un mejor futuro, pero lo que hallaron fue rechazo, y no por falta de recursos económicos, sino por una política de profunda discriminación”, insistió. En días recientes se dio a conocer en medios fronterizos que Rick Perry destinará 38 millones de dólares de fondos de emergencia para enviar alrededor de mil efectivos de la Guardia Nacional a las zonas limítrofes con México. De acuerdo con Raymundo Ramos, la migración de menores no tiene una afectación real en las finanzas públicas, porque “lo mismo que gastan en armamento y el envío de militares, pueden utilizarlo para mejorar albergues y dar asistencia social a todos esos niños y adolescentes que se han movido de su países de origen para salvar sus vidas”. Ramos convocó a las organizaciones civiles a realizar una “tarea de observación permanente no sólo de la actuación del gobierno de Estados Unidos contra los migrantes, sino también del mexicano, ya que ambos gobiernos han violado derecho humanos de los migrantes, y en el caso de nuestro país hemos detectado actos de corrupción grave en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, aunque también tenemos informes de que ocurre en Chiapas y Oaxaca”, apuntó. En el documento, que también firmó el padre Alejandro Solalinde Guerra, responsable del albergue Hermanos en el Camino, y el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, Juan Martín Pérez García, las organizaciones civiles demandaron a los gobiernos de Barack Obama y de Enrique Peña Nieto “avanzar en políticas migratorias en el marco de los derechos de la infancia”, de modo que los menores tengan protección en su paso por México y Estados Unidos. Consideraron que es necesario ofrecer estancia en cualquiera de esos países “en tanto se garantiza un retorno seguro a sus familias y comunidades”, así como generar alternativas de protección, “de manera que no sea la privación de la libertad el único y principal recurso para proteger a las niñas y niños migrantes”. Dicha posición fue secundada por la religiosa Consuelo Morales Elizondo, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC, de Monterrey; Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México; Miguel Ángel García Leyva, de la Asociación Esperanza contra la Desaparición forzada y la Impunidad, de Baja California; Ivonne Mendoza, del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, de Ciudad Juárez; Diana Evelyn Mata y Olivia Lemus, de Fundación de Asistencia Social y Ayuda Humanitaria de Reynosa, y Omeheira López Reyna, de Discursos y Senderos.