MÉXICO, D.F. (apro).- Familiares y defensores del profesor indígena Damián Gallardo Martínez, quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, desde mayo de 2013, acusado de los presuntos delitos de secuestro y delincuencia organizada, solicitaron la intervención de la ONU para que revise el caso en el que, aseguran, subyacen tortura y violaciones al debido proceso. En rueda de prensa, padres, hermanos y abogados de Gallardo Martínez, integrante de la Sección 22 y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), informaron que el pasado 6 de abril y el lunes 4 dieron parte a las relatorías especiales contra la Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos y la de Independencia de Jueces y Magistrados. La madre del docente oaxaqueño, Felícitas Martínez, exigió la liberación de su hijo. Sostuvo que es inocente de los cargos que le imputan –secuestro y delincuencia organizada– desde mayo de 2013. “El único pecado de mi hijo es amar a su pueblo”, destacó la mujer. Y negó Damián haya participado en el secuestro de los menores Juan José y Alexa Álvarez Benfield, ocurrido en enero de 2013. Los abogados Isaac Torres Carmona, representante de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh) en Oaxaca, y Jenaro Hernández González, aseguraron que después de 14 meses de proceso judicial no se ha comprobado la participación de Gallardo Martínez en el secuestro de los menores, hijos del empresario Juan José Álvarez Candiani. Los defensores señalaron que la única prueba en contra de Damián Gallardo es la confesión autoinculpatoria del profesor indígena, misma que aseguran fue obtenida bajo tortura por agentes de la Policía Federal y de la PGR. También recordaron que Gallardo Martínez fue sacado por la fuerza de su casa, localizada en el municipio oaxaqueño de San Bartolo Coyotepec, a la una de la mañana del 18 de mayo del año pasado, y fue presentado con sus coacusados al día siguiente en la Ciudad de México. Torres Carmona agregó que la familia del maestro y su defensa decidieron recurrir a los organismos internacionales ante las irregularidades en el proceso judicial, así como por la existencia de un “patrón de métodos ilegales como la tortura e incomunicación para obtener su declaración autoinculpatoria, situación que se replica con los otros 12 coacusados de la causa”. En el caso específico de Gallardo, apuntó, “no hay registro de su detención, las autoridades no han podido justificar dónde lo tuvieron durante unas 15 horas, al tiempo que estuvo 26 horas incomunicado, sin permitírsele tener contacto con su abogado particular”. Hernández González acotó que una vez que pudo ver a su representado, luego de la intervención de la CNDH, éste le dijo que después de ser sacado de su casa por al menos siete personas vestidas de civil, fue vendado de los ojos, golpeado y llevado a una casa donde se le mostraron videos y fotografías de su mujer y sus hijos mientras escuchaba gritos y sollozos de personas que eran torturadas. “Le dijeron que tenía que firmar papeles, le pidieron que señalara a líderes de la CNTE y que lo único que le garantizaban era que le iban a respetar su vida, lo amenazaron con ir contra su familia si no accedía”, apuntó Hernández González. Derivado de las presiones, apuntó, Damián Gallardo firmó la documentación que se le puso a la vista y después fue subido a un avión para ser trasladado a la Ciudad de México, a las instalaciones de la Suprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO). El abogado detalló que en el pliego de consignación los agentes aprehensores no dan detalles de los arrestos, mismos que clasificaron como “en flagrancia”, a pesar de que la captura ocurrió en el domicilio del procesado. Hernández González criticó la actuación de la CNDH en el caso, toda vez que “no ha aplicado el Protocolo de Estambul para comprobar la tortura y los malos tratos de los que fue víctima Damián, pues todo se limitó a una entrevista para descartar los abusos”. Torres Carmona apuntó que a los abusos de las corporaciones policiacas se suman las registradas en el Poder Judicial de la Federación, ya que aun cuando los jueces federales han reconocido los abusos y la inexistencia de pruebas, se ha ratificado la formal prisión para el profesor oaxaqueño. “No vemos independencia de los jueces, creemos que están actuando por consigna; nosotros vamos a continuar con los procedimientos jurídicos nacionales e internacionales”, agregó. Axel García, responsable del programa de defensores de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), consideró preocupante que los activistas sean sometidos a procesos judiciales como un mecanismo de represión del Estado, y destacó que de 40 casos a los que le da seguimiento su organización, en seis los defensores son criminalizados y sometidos a procedimientos penales. La hermana del activista preso, Idolina Gallardo Martínez, confió en que la intervención de las relatorías de la ONU favorezca a Damián, y aseguró que esas oficinas ya se pusieron en contacto con los familiares y abogados del profesor para solicitarles detalles del caso. Además de la Limedh y de la CMDPDH, las organizaciones que pugnan por la libertad del docente son Consorcio y Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca; Servicios para una Educación Educativa, EDUCA y el Colectivo Mujer Nueva.