ALLENDE, Coah. (proceso.com.mx).- “Lo que vivieron las familias Moreno Villanueva y Garza Gaytán fue una verdadera tragedia”, asegura el alcalde Reynaldo Tapia, mientras el operario de un trascabo, quien protege su pecho con un chaleco antibalas y esconde su rostro con una capucha color negro, derrumba los últimos muros en pie de una de las casas atacadas por el grupo criminal Los Zetas hace más de tres años. La zona centro, donde se derrumba la casa, está resguarda por escoltas del alcalde y decenas de policías municipales y estatales fuertemente armados. Mientras, un camión con efectivos de la Marina, vistiendo uniformes camuflageados para el desierto, circula por las calles de este municipio de alrededor de 23 mil habitantes. Reynaldo Tapia detalla que demolerán alrededor de 40 casas y a unas 7 más se les adecuarán tapias para sellar sus puertas y ventanas. La mayoría de las viviendas a demoler pertenecen a las adineradas familias de los Moreno Villanueva y Garza Gaytán. “Todos ellos eran familias de bien, dueños de empresas, comercios y ranchos. Aquí todos nos conocemos. Todos sabíamos quiénes eran y a qué se dedicaban”, precisó el alcalde. La tragedia para esas familias inició cuando dos de sus integrantes, Héctor Moreno y José Luis Garza, se involucraron en actividades del narcotráfico luego de regresar de Monterrey, en donde estudiaron en prestigiadas universidades privadas: el Instituto Tecnológico y de Estudios de Monterrey y la Universidad Regiomontana. “Las casas que están siendo demolidas representaban un peligro para los habitantes, ya que quedaron parcialmente destruidas”, precisó el alcalde de Allende. Mencionó que Protección Civil municipal ordenó a sus dueños derrumbarlas. Para ello se les mandaron tres citatorios de los propietarios de los inmuebles y debido a que no respondieron el municipio tomó la responsabilidad de echarlas abajo. La mayoría son lujosas y amplias residencias ubicadas en predios de alrededor de una hectárea. Con albercas, con espacios para estacionar varios vehículos y con pequeñas casas en las parte trasera. Sus fachadas e interiores ahora lucen semiderruidos. Con grandes hoyos en techos y con paredes destrozadas. Sus pisos también fueron parcialmente levantados y sus baños y cocinas destruidos. Los pistoleros que las allanaron buscaban en todos los rincones posibles alrededor de cinco millones de dólares y un libro de contabilidad donde presuntamente se registraron operaciones de lavado de dinero de los líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias Z40 y Z42 respectivamente. El ataque de los narcos a esas familias comenzó la tarde del 18 de marzo del 2011, cuando decenas de sicarios provenientes de Tamaulipas cercaron el pueblo de Allende y después de cerrar los accesos por carretera comenzaron a llevarse a hombres, mujeres, niños y ancianos de al menos diez lujosas residencias. Los pistoleros que arribaron en cerca de 40 camionetas venían para cumplir una venganza de Z40 y Z42 contra Héctor Moreno y José Luis Garza Gaytán, ya que presuntamente habían traicionado a los Zetas filtrando a autoridades de Estados Unidos el trasiego de droga que realizaba ese grupo delictivo por la ciudad vecina de Piedras Negras. Además, se habían quedado con alrededor de 5 millones de dólares productor de un mes de ganancias del narcotráfico. La venganza también incluía al capo de Piedras Negras Mario Alfonso Cuellar, quien junto con Héctor y José Luis, ya había huido a Estados Unidos. Durante tres días los sicarios estuvieron levantando familias de Allende, Nava y Piedras Negras; incluyeron a los trabajadores domésticos y los albañiles que construyeron residencias para las familias Moreno Villanueva y Garza Gaytán. Una semana después regresaron con maquinaria pesada y comenzaron a destruir paredes, techos y pisos. También dejaron que las viviendas fueran saqueadas por los pobladores de Allende. Después de una infructuosa búsqueda, a algunas les prendieron fuego o les dispararon con armas de grueso calibre. Alguno de los integrantes de las familias, alrededor de ochenta, fueron llevados a un rancho propiedad de José Luis Garza Gaytán, ubicado en el kilómetro siete de la carretera Villa Unión Allende, donde los asesinaron y sus restos los desaparecieron incinerándolos en contenedores. Las semidestruidas residencias quedaron como un “monumento al horror” de los que vivió la región en el primer trimestre del 2011. Sin embargo, en meses recientes han atraído a decenas de “turistas”, que las recorren como parte de un “narcotour”, lo que molestó a las autoridades y pobladores. Esto también fue uno de los motivos para que las autoridades se decidieran a demolerlas. Tres años después de la tragedia que dejó como saldo más de 300 desaparecidos, aún se encuentran en las viviendas restos de las familias que las habitaron, ropa de niños, zapatos, vajillas rotas, medicinas, etcétera.