MÉXICO, D.F. (apro).- En un tercer intento, la Procuraduría General de la República (PGR) logró que la Policía Criminal Internacional (Interpol, por sus siglas en inglés) emitiera una ficha roja contra el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, autoexiliado en Vancouver, Canadá desde 2006. De acuerdo con la titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la dependencia, Mariana Benítez Tiburcio, la Interpol finalmente aceptó una solicitud de México para considerar como un prófugo de la justicia a Gómez Urrutia, acusado por Grupo México de un fraude por 55 millones contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM). “Esto forma parte de un largo proceso, tenemos que esperar a que un juez en Canadá, donde se encuentra el señor, nos libre una orden de detención provisional y entonces es cuando se puede detener a Napoleón Gómez Urrutia, con fines de extradición a México, para que se haga efectiva una orden de aprehensión vigente en el territorio mexicano”, precisó en entrevista para Radio Fórmula. Al respecto, un miembro del SNTMMSSRM, quien pidió el anonimato, negó la emisión de la ficha roja por parte de Interpol, y destacó que se trata de la misma solicitud que la PGR hizo en meses pasados a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para extraditar al líder minero. En febrero, dijo, la Interpol no encontró elementos para emitir la ficha roja contra Gómez Urrutia porque la solicitud respondía más a un asunto político que legal. Sobre ese punto, Benítez Tiburcio recordó que ante el rechazo de la Policía Criminal Internacional “interpusimos una apelación y tuvimos que ir a las oficinas centrales de la Interpol en Lyon, Francia, para hacerle ver al organismo internacional que se trataba de un líder que estaba siendo buscado por la justicia en diferentes administraciones federales y que debía presentarse ante la ley". Ya desde antes, en junio de 2006, durante el gobierno de Vicente Fox, la PGR había pedido a la Interpol que emitiera una ficha roja para localizar y detener al líder minero. El conflicto minero El 19 de febrero de 2006, una explosión se produjo en la mina Pasta de Conchos, ubicada en Coahuila, que enterró a 65 mineros cuyos restos no han sido rescatados hasta la fecha. Corría el sexenio de Fox. Nueve días después el entonces secretario del Trabajo, Francisco Salazar, anunció que Gómez Urrutia había sido depuesto como secretario general e impuso a Elías Morales, antiguo disidente que, según acusaciones de Napoleón, trabaja para Grupo México y Grupo Villacero, concesionarias de las minas mexicanas. La deposición respondió a las denuncias contra Gómez Urrutia por el presunto fraude del fideicomiso 9645-2 por 55 millones de dólares interpuestas en 2000 y desempolvadas seis años después. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Gómez Urrutia quedó como dirigente del sindicato minero por herencia de su padre, Napoleón Gómez Sada. El entonces secretario del Trabajo, Mariano Palacios Alcocer, no lo reconoció como tal y su dirigencia quedó así, en el aire, hasta que Fox llegó al poder. Una de las primeras medidas del difunto titular de la STPS, Carlos Abascal, fue avalar su toma de posesión como líder de los mineros. La acción inaugural de Gómez Urrutia como dirigente fue reclamar, después de 15 años, el adeudo que tenía Grupo México con los mineros por la venta de la mina Nacozari y Cananea, en 1994. Organizó dos huelgas, demandó, ganó, y eso no se lo perdonó Grupo México. Gómez Urrutia también se pronunció contra una reforma laboral elaborada por Abascal y consiguió aumentos salariales superiores a los establecidos por las empresas. Además, tuvo la osadía de cuestionar al gobierno federal y a Grupo México por la explosión en Pasta de Conchos. “Apenas habían transcurrido unas semanas del derrumbe de la mina cuando, de los cuestionamientos a la empresa por la inseguridad con la que trabajan los mineros, se pasó a la deposición de Gómez Urrutia como dirigente del gremio y al anuncio de que la PGR, las autoridades de Sonora y hasta del Distrito Federal lo estaban investigando por el presunto fraude e inclusive habían congelado las cuentas bancarias del sindicato”. (Proceso 1533) La causa del conflicto minero se relaciona con el manejo del fideicomiso gremial. El contrato que llevó a su constitución fue firmado el 14 de noviembre de 1988 por Napoleón Gómez Sada, padre del dirigente depuesto, como representante del sindicato minero; Jorge Larrea, presidente y apoderado legal de Industrial Minera México, y José Luis López Acosta, delegado fiduciario de Multibanco Comermex. Se previó que el fondo quedara integrado mediante la entrega al sindicato de 5% de las acciones de Mexome y Mexasul, las compañías mineras que fueron privatizadas. El 26 de octubre de 2004 se realizó un convenio modificatorio para que el sindicato vendiera a Grupo México sus acciones por 55 millones de dólares. El acuerdo fue firmado por Gómez Urrutia, Xavier García y Armando Fausto Ortega, en representación de la empresa, así como por Jorge Gómez Moreno y Felipe López, por parte de Scotiabank Inverlat como fiduciario. Un día después quedó formalizada una sociedad organizada de acuerdo con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos, denominada Ameritas Sales Company. El monto de la operación ascendió a 55 millones de dólares que se entregaron a través de dos pagarés: uno por 47 millones 362 mil 918 dólares y otro por 7 millones 637 mil 82 dólares mediante transferencia electrónica desde la cuenta 54473128-2 del Chase Maniatan Bank a la cuenta 00104893859 de Scotiabank Inverlat.