MEXICO, D.F. (apro).- Las manifestaciones en contra de las reforma energética por parte de grupos campesinos continúan en vísperas de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgue este lunes 11 las leyes secundarias aprobadas por el Congreso de la Unión. El jueves 7, 15 grupos agrarios de Tehuantepec, pertenecientes a la Unidad de Manejo Forestal Regional Istmo-Pacífico, entregaron una carta a Peña Nieto y a las cámaras de Senadores y Diputados en la que manifiestan su inconformidad por reducir en las leyes a los campesinos “a meros obstáculos al avance de empresas privadas y trasnacionales”. La misiva, que fue redactada el sábado 2, antes de que se consumara la aprobación de las leyes secundarias, reclama que a los dueños de las tierras se les niega el derecho y oportunidad a constituirse en “protagonistas de nuestro propio desarrollo sustentable a escala nacional, con base en los recursos energéticos de nuestro territorio”. Las autoridades campesinas encabezadas por Daniel García Toledo reprochan que la legislación secundaria esté armada para que las grandes empresas trasnacionales se vean beneficiadas a costa de los territorios de comunidades campesinas e indígenas. Además, consideran de gravedad que, en disposiciones de las leyes de la Industria Eléctrica y de Energía Geotérmica, se pongan “en manos de la empresas las herramientas que necesitan para despojarnos de nuestros territorios, al otorgarle a la industria eléctrica el carácter de utilidad pública, y al establecer que ‘procederá la ocupación o afectación superficial o la constitución de servidumbres necesarias’ para la realización de las actividades de la industria”. Para los campesinos, la constitución de “servidumbres legales por vía administrativa en caso de desacuerdo” refuerza el desequilibrio entre multinacionales y los dueños de la tierra, principalmente indígenas y campesinos. Además, acusan, la nueva legislación permite la creación de una “nueva industria de avalúos” en la que participarán “actores ajenos a los intereses de las comunidades, tales como instituciones de crédito y corredores públicos”, quienes serán los encargados de dar valor a los territorios que serán ocupados por las trasnacionales de la industria energética. También critican que en la legislación quede en “letra muerta” el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades que se verán afectadas, reduciéndole a “un trámite insustancial”, y permitiendo “prácticas abusivas, discriminatorias o que busquen influir indebidamente en la decisión de los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos durante las negociaciones”, sin que ello signifique una sanción para los responsables. En la carta, las autoridades comunitarias de Tehuantepec plantearon a Peña Nieto y a los legisladores dar oportunidad para que las comunidades campesinas e indígenas participaran en “proyectos de generación de energía renovable compatibles con nuestro uso y disfrute de nuestro territorio, y con nuestra cultura y objetivos de desarrollo”. Lo anterior, advertían en la misiva, evitaría “el conflicto entre generación de energía y la protección de nuestros derechos, y nos brindaría la oportunidad de llevar a cabo proyectos integrales de gran magnitud en impacto social, con base en los recursos energéticos de nuestro territorio”. Además, recuerdan que en 2008 la comunidad agraria e indígena zapoteca de ciudad Ixtepec pretendió inaugurar el primer proyecto eólico comunitario en América Latina, con una inversión de 200 millones de dólares, “con apoyo de inversionistas sociales de diversos países”. Sin embargo, deploran, el proyecto “se estrelló con el requerimiento de que la comunidad presentara estados financieros auditados demostrando que contaba con 50 millones de dólares de capital contable, más una garantía líquida de 7 millones de dólares. “Este tipo de requerimientos y ‘disposiciones de carácter general’ están por tanto diseñados para permitir únicamente a las grandes multinacionales el acceso a ese sector, excluyendo a las comunidades dueñas de la tierra y obligándonos a entregarlas a dichas empresas”. Las comunidades integradas en la Unidad de Manejo Forestal Regional Istmo-Pacífico advierten en el documento su derecho a beneficiarse “de forma directa de los recursos energéticos renovables de nuestro territorio”, por lo que insisten en la necesidad de una legislación que tome “en cuenta las diferencias fundamentales que existen entre nosotras y las grandes empresas multinacionales, así como crear mecanismos específicos para nuestra inclusión como productores de energía renovable”. En víspera de que Peña Nieto promulgue las leyes secundarias, los campesinos del istmo de Tehuantepec destacaron que el Ejecutivo tiene “una oportunidad histórica para dar forma a un sector energético incluyente y participativo, que respete y fortalezca los derechos que las comunidades y pueblos indígenas y campesinos de México hemos conquistado a lo largo de los siglos. Esto incluye el derecho inalienable a generar prosperidad de forma sustentable para nosotros y para todo el país”.