Admite Grupo México su responsabilidad en derrame tóxico en ríos de Sonora
MÉXICO, D.F. (apro).- A casi un mes de la tragedia ecológica causada en los ríos Bacanuchi y Sonora con el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado proveniente de la mina Buenavista del Cobre, el Grupo México finalmente aceptó su responsabilidad al confirmar que el origen del incidente fue propiciado por un defecto de construcción en el sello de una tubería del sistema Tinajas 1, que forma parte de las obras en construcción de una nueva planta de proceso de cobre.
Luego de aclarar que dichas obras las realiza la contratista Tecovifesa, la empresa de Germán Larrea subraya que no soslayará su compromiso de "reparar las afectaciones ambientales provocadas por el derrame de nuestros materiales”.
En un desplegado publicado este lunes en distintos diarios editados en el Distrito Federal, en el que de paso felicita al presidente Enrique Peña Nieto “por los resultados obtenidos en su gobierno que promueven la plataforma para que México alcance su potencial de crecimiento”, Grupo México lamenta el accidente y las afectaciones causadas a las poblaciones ribereñas y al medio ambiente.
Y asegura que desde que la empresa supo del accidente “lo notificó oportunamente, de manera telefónica, por medios electrónicos y mediante escrito formal a la autoridad”. De inmediato, añade, iniciaron “la acciones de contención de la solución acidulada de sulfato de cobre, en colaboración con autoridades y expertos”.
Según Grupo México, superada la fase crítica de la contención del derrame, “iniciamos hace 10 días los trabajos de reparación y limpieza de las áreas afectadas con la intervención de cerca de mil 200 personas, organizadas en cuadrillas, privilegiando contratar habitantes de las zonas afectadas”.
Afirma, asimismo, que mantienen “un intenso ritmo de trabajo” y de apoyo a las comunidades, a las cuales abastecen “de agua y apoyos económicos”, y detalla que en breve instalarán ventanillas “para facilitar la pronta solución de las reclamaciones por los daños materiales sufridos por la población afectada por el accidente”.
De igual manera, pide “que no se le dé un trato discriminatorio a la empresa frente a otros eventos similares, y confiamos en que las autoridades sabrán conducirse con imparcialidad y apego a la ley para la atención de dichos procedimientos, otorgando con ello certidumbre a la actividad empresarial y a las inversiones que se están realizando”.
Lo que el desplegado no consigna es que inicialmente la empresa atribuyó el percance a la “lluvia inusual” registrada ese día.
El pasado 19 de agosto, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud Semarnat, así lo hizo notar al afirmar que Grupo México mintió al atribuir el derrame a una lluvia inusual, cuando en realidad se trató de una falla en una tubería que conecta estanques que contienen los desechos tóxicos de la mina de cobre.
El funcionario añadió que la compañía también se había comprometido a “una serie de ayudas y apoyos a la población, lo cual tampoco se dio en los tiempos que ellos habían prometido”.
Guerra Abud, quien calificó el accidente como “el peor desastre ambiental de la industria minera del país”, refirió que el 7 del mismo mes se percataron de una coloración extraña en Tinajas.
Poco después, dijo, se enteraron de una falla en un tubo, que fue la que provocó el derrame. “No fue un exceso de lluvias”, insistió.
“El tubo llegó a fallar por una falta de diseño o un descuido”, agregó.
Las pruebas fueron corroboradas por autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que acudieron al lugar a efectuar una vista técnica y elaboraron un dictamen que revela cómo se produjo esa falla.
De acuerdo con el estudio, el derrame se ocasionó por un fenómeno conocido como tubificación en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta imputable a la empresa.
Por ello, el titular de la Semarnat sostuvo que Grupo México, como responsable, está obligado a resarcir los daños al medio ambiente y a la salud de la población.
En aquella ocasión, Guerra dijo que la empresa podría enfrentar multas cercanas a los tres millones de dólares por violaciones a los reglamentos ambientales y de seguridad.