Escándalo en la UNAM: Acusan de plagio al abogado general

lunes, 1 de septiembre de 2014
MEXICO, D.F. (apro).- Un escándalo estalló en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): El académico Enrique Carpizo Aguilar, sobrino del exrector Jorge Carpizo, acusó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al abogado general de la institución, Raúl González Pérez, de plagiar un trabajo suyo para titularse como doctor en derecho. Carpizo Aguilar, maestro en derecho y abogado litigante, presentó la queja ante la CNDH, el jueves 28, por “un persistente acoso y violación a mis derechos humanos por parte de una red de funcionarios universitarios”, encabezados por González Pérez, abogado general de la UNAM, luego de que descubrió el presunto plagio. Y por ello, expone en entrevista, pide a la CNDH medidas cautelares y una investigación exhaustiva, pero también demanda la intervención del rector de la UNAM, José Narro, para que cese la persecución en su contra y que aclare el supuesto plagio de González Pérez. --¿Qué debe hacer el rector? --Tendrá que dar la cara, decir que está enterado y que está haciendo las investigaciones pertinentes para que, con objetividad, se aclare esta información. Y en caso de que la situación esté bastante dudosa, pero en contra del profesionalismo de Gonzáles Pérez, pedirle su renuncia y expulsarlo de la Universidad. “Y también que proteja mis derechos universitarios para evitar que esa red de académicos mafiosos instaure una serie de acciones de desprestigio en mi contra. Ya basta de que las personas no puedan quejarse por miedo a las represalias de esa red”. Presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos (INPRODH), autor de cinco libros, conferencista y profesor universitario, Carpizo Aguilar es sobrino del exrector Jorge Carpizo, aunque aclara que “nunca pertenecí a su mafia”, como sí lo fue González Pérez, quien como fiscal especial para el asesinato de Luis Donaldo Colosio construyó la hipótesis del “asesino solitario”. Según la queja, presentada ante la visitadora adjunta, Claudia Isabel Conde López, Carpizo Aguilar elaboró, por encargo de González Pérez, una investigación sobre libertad de expresión durante ocho meses, entre 2011 y 2012, y el resultado fue un documento de 600 páginas que le entregó personalmente al funcionario. Pero luego de que un par de personas le llamaron telefónicamente para preguntarle sobre si sabía que González Pérez estaba usando su investigación para titularse como doctor en derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de España, el funcionario lo buscó para pedirle renunciar a sus derechos de autor. En su queja, el jurista advierte que esta conducta de González Pérez, “me hace sospechar que algo de cierto hay en las aludidas sospechas sobre la autenticidad de su investigación doctoral, situación que pone en riesgo mi actividad como académico universitario y el prestigio de nuestra Máxima Casa de Estudios”. Más aún, afirma que, tras su negativa a desconocer su investigación, comenzó a ser víctima de represalias por parte de González Pérez: “A partir de entonces el aludido abogado general ha estado obstaculizando mi cambio de adscripción de la Facultad de Derecho al Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde laboro desde hace más de siete años; asimismo, está dificultando la firma de mi asignación de letra ‘C’, ya que fue ascendido de profesor titular ‘A’ a profesor titular ‘C’, sin que hasta ahora haya podido formalizar la asignación”. Según Carpizo Aguilar, estos obstáculos se han materializado por parte de funcionarios que forman parte de la “red mafiosa” que encabeza González Pérez y a la que pertenece la directora de la Facultad de Derecho, Leoba Castañeda, y Francisco Ibarra Palafox, coordinador de la Unidad de Estudios de Posgrado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien ha obstaculizado sus trámites para su titulación de doctorado. Hasta su asistente, Nayeli Navarro, ha sido víctima de amedrentamiento por parte de Javier Galicia, de la Secretaría Académica. “Por desgracia estoy siendo objeto de un persistente acoso y violación a mis derechos humanos por parte de una red de funcionarios universitarios empeñados en desviar su ejercicio profesional en detrimento del reconocimiento y salvaguarda de mi dignidad humana como miembro de la Universidad Nacional”. En entrevista, la mañana de este lunes 1 de septiembre, Carpizo Aguilar explica que, tras las dos citas que tuvo con González Pérez para que desistiera de reclamar la autoría de la investigación que realizó, comenzó a investigar el caso del supuesto plagio. “Y me enteré que él está elaborando una tesis doctoral para una universidad de España y, al parecer, utilizó la investigación en materia de libertad de expresión que yo entregué a la UNAM”, expone el abogado, quien a eso atribuye la persecución en su contra. “El acoso se debe a que yo no desistí. El sabía que estaba de por medio mi titulación de doctorado, mi cambio de adscripción y además mi asignación de letra, entonces ese era el cambalache, según él, pero la verdad es que mi vida académica ha estado basada en el esfuerzo y no tengo ninguna necesidad de eso. Y 600 cuartillas perderlas en un segundo, pues no. Ese es el punto.” Esta persecución en su contra, explica, se produce también en el contexto de la designación del nuevo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuyo grupo que encabeza el exprocurador Diego Valadez impulsa a Pedro Salazar y a José María Serna. “La idea es que del Instituto de Investigaciones Jurídicas se convierta en el brazo ejecutor de Diego Valadez para comenzar a inmiscuirse en la política mexicana a favor de una red de consejeros electorales que respondan a sus intereses personales”, advierte Carpizo, quien es opositor a ese grupo y su proyecto. Recuerda que un grupo de legisladores acusó a miembros del grupo de Valadez de pretender imponer a consejeros electorales estatales en acuerdo con el presidente del Instituto Nacional de Elecciones (INE), Lorenzo Córdova. “Yo no apoyo esas arbitrariedades”, afirma Carpizo Aguilar, quien asegura que su postura es frontal contra la corrupción y a favor de la transparencia, “aspectos que esa red de mafiosos no toleran”. Y ratifica: “A mí me interesa como universitario que se aclare el rumor que generó mi queja y que el señor González Pérez, a través de su red de influencias, cesen la persecución y tomen conciencia del gran daño que le están haciendo a la UNAM. No soy el único que ha sufrido las consecuencias de no ser parte de una mafia aparentemente académica, (pero) escudándose en la labor académica y que solamente busca cargos públicos plagiando investigaciones ajenas.”

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