MÉXICO, D.F. (apro).- El vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manuel Añorve Baños, insistió en “cancelar la concesión” a Grupo México por el derrame de sulfato de cobre en Sonora. Sin embargo, el presidente de la comisión legislativa encargada de verificar los daños, el también priista Marco Antonio Bernal, consideró que sólo debe hacerse una recomendación para que la mina suspenda actividades mientras se investiga y cuantifican los daños. La comisión conformada por representantes de todos los partidos entregará mañana a la Junta de Coordinación Política su informe, para someterlo al pleno el próximo miércoles 17. Luego de que la diputada por el PT e integrante de la comisión, Lilia Aguilar, se pronunció por cancelar la concesión a Grupo México, Marco Antonio Bernal aclaró que ellos no pueden decirlo “de esa manera”. “Sí podemos decir que suspenda actividades la mina mientras se realiza la investigación y la cuantificación de los daños y su reparación”, precisó. El presidente de la comisión detalló que el informe que entregarán mañana consta de tres elementos, el primero de los cuales tiene que ver con que efectivamente la empresa mintió, pues el daño no fue provocado por un incremento de agua por las lluvias, sino por un error de ellos, explicó. El segundo elemento, agregó, es “que el daño es muy considerable”, y por último el gobierno federal “tiene que apoyar al Legislativo para que endurezcamos la legislación bajo el principio básico de que quien contamine pague”. En el punto anterior, añadió, el Legislativo tiene que ser “muy duro. Tenemos que sentar un precedente por todas las actividades que pueden, eventualmente, tener este tipo de afectaciones al ambiente”. Bernal aclaró que en el actual periodo ordinario de sesiones la Cámara baja debe presentar modificaciones a la ley minera, “y no descartamos que se prevea el retiro de concesiones cuando pasen este tipo de accidentes”, dijo. Subrayó: “Cuando una empresa contamina tiene que suspender sus actividades hasta en tanto se evalúen los daños y se establezcan los montos por los que se tiene que reparar la afectación que se ha provocado, tanto a la ecología como a los aspectos económicos y sociales de la gente”. El priista señaló que en el informe que presentará la comisión se propondrá una legislación “que detalle los pasos que se tienen que seguir cuando se presente un caso de esa naturaleza. Las sanciones tendrán que incrementarse. Hoy la ley da un margen de multas que nos parecen irrisorias y las queremos endurecer”. Pero cuando se le preguntó si se considerará en la ley el retiro de la concesión, respondió: “Eso es un paso posterior. Primero la mina tiene que responder y, dependiendo de la actividad que la mina realice y del compromiso que tenga en esta materia, es que creemos que se les tiene que estar vigilando en el próximo tiempo para, de ser el caso, también darle instrumentos a las autoridades para que se suspenda la concesión”. En su reporte, la comisión también planteará lo que este jueves anunció la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), es decir, la creación de un fondo con dinero de Grupo México para atender las afectaciones a las comunidades dañadas. La dependencia que encabeza Guillermo Haro dio a conocer que Grupo México, de Germán Larrea, accedió a crear un fondo por 2 mil millones de pesos para mitigar los daños provocados por el derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi. Dichos recursos representan apenas el 13 % de las utilidades que Grupo México tuvo de enero a junio de este año y que ascendieron a 15 mil 321 millones de pesos. Además, es 30 veces menos de lo que dicha empresa obtuvo por ingresos, que sumaron 59 mil 31 millones de pesos, según sus propios reportes financieros. De acuerdo con el diputado Marco Antonio Bernal, la comisión que encabeza propondrá la creación de un Fondo de Desarrollo Regional que sea manejado por un Comité integrado por autoridades locales y pobladores, para que impulsen la economía de la zona, se garanticen los efectos que a largo plazo se puedan tener en materia de salud y se atienda el daño ecológico en los ríos dañados. Aunque en el informe de los diputados se propone un fondo y cambios a la ley, el presidente de la comisión se mostró tibio y no se atrevió a exigir que se cancele la concesión a Grupo México, que también fue responsable de la muerte de 60 trabajadores en la mina Pasta de Conchos en el estado de Coahuila, en febrero de 2006, motivo por el cual la empresa de Larrea nunca fue sancionada. En sentido contrario a Bernal, Manuel Añorve, vicecoordinador del PRI en San Lázaro, dijo que a Grupo México se le debe dar una “sanción ejemplar” por el nuevo acontecimiento en Sonora. “Estoy convencido que se le debe cancelar la concesión a Grupo México por la negligencia, por la mentira que dio a conocer en términos de un problema hidrológico, cuando todos sabíamos que era eminentemente un problema de negligencia. Aquí y en cualquier lugar del mundo, a quien miente se le dice mentiroso”. Remató: “Y se debe resarcir el daño, porque no tengo la menor duda de que hoy la opinión pública está despierta y no se va a dejar engañar, sino también quienes son afectados piden, exigen el resarcimiento del daño, porque no es posible que con mentiras, como se trató de hacer en un principio, se tratara de desviar a la opinión pública sobre el origen del problema, que no era cierto”. Desde el pasado martes 9, cuando el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de la comisión especial para verificar los daños en la mina Buenavista del Cobre, en voz de Manuel Añorve Baños el PRI se pronunció por cancelar la concesión, pero su correligionario no estuvo de acuerdo.