MÉXICO, D.F. (apro).- La Cámara de Diputados demandó que Grupo México instaure un fondo de desarrollo regional con un piso inicial de 5 mil millones de pesos, con el fin de contrarrestar los daños que ocasionó su minera Buenavista del Cobre en los ríos de Sonora y Bacanuchi, además de sugerir la “suspensión de labores” y que se evalúe la cancelación de la concesión. Al entregar su primer informe a la Mesa Directiva, el presidente de la comisión especial, Marco Antonio Bernal, destacó que el consorcio “reporta ganancia de 4.4 millones de dólares diariamente, que cuenta con un historial negativo y de impunidad, que no protege la salud de sus trabajadores y cierra centros hospitalarios, como el hospital de Ronquillo”. La Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por Manlio Fabio Beltrones, hizo suyas las recomendaciones de la comisión especial entre las que destacan la creación del mencionado fondo, adicional al fideicomiso de 2 mil millones de pesos que Grupo México aceptó crear y financiar. Al dar cuenta de su reporte, Bernal dijo que Grupo México no puede ser considerada como una empresa socialmente responsable, “es por ello que esta soberanía recomienda la creación de un fondo de desarrollo regional solventado por la empresa, que comprenda los aspectos básicos para la reactivación económica y social de Sonora, como lo son salud, alimentación, educación, infraestructura, trabajo y recuperación de todas las actividades productivas y económicas, como un mecanismo compensatorio que restituya la equidad distributiva y con un piso inicial de 5 mil millones de pesos, aportados por la empresa y que con ellos se detone el potencial de desarrollo que Grupo México le ha escamoteado a la entidad”. En sus recomendaciones cuarta y quinta, la comisión especial hizo referencia a la concesión y, aunque no propone de manera abierta su cancelación, sí lo hace de manera indirecta cuando establece: “Hacer valer el imperio de la ley, exigiendo a todas las autoridades competentes el ejercicio de todas las acciones y recursos civiles, penales, administrativos y laborales a que haya lugar, para sancionar de manera ejemplar a la empresa y personas que resulten responsables. “Hacer un llamado a la autoridad competente a redoblar las acciones de vigilancia y supervisión de la mina Buenavista del Cobre SA, con el fin de revisar las violaciones en que ha incurrido la mina y prevenir cualquier otra en el futuro, en materia ambiental, laboral y en general de seguridad industrial, con objeto de proceder a la suspensión de actividades y a la evaluación de la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México”. En el documento, avalado por el pleno, también se exige que el fideicomiso, propuesto por el gobierno federal y que aceptó financiar Grupo México, debe tener “un objeto”, y éste debe ser preponderantemente humano, así como “priorizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los jornaleros, productores, comerciantes, ganaderos, a las víctimas del derrame y en general a toda la población afectada de la región, con una perspectiva de largo plazo que permita evaluar la suficiencia de los recursos y cuantificar las aportaciones necesarias para el resarcimiento del daño social, económico y ambiental infligido”. Además, destaca que el fideicomiso debe garantizar el abasto suficiente de agua potable. Este último punto, así como el de establecer “el objeto” del fideicomiso, fueron puestos sobre la mesa por los diputados Lilia Aguilar, del PT, y Alfonso Durazo, del MC, quienes supeditaron la aprobación del informe a la inclusión de esos temas, lo que obligó a los priistas a aceptarlos.