MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles “saludaron” las modificaciones que hizo el Senado a la iniciativa de Ley General de para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, clasificada como “preferente”. Al anunciar la participación de miembros de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) el jueves 25 en Ginebra en la audiencia del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, para revisar el cumplimiento de México de la convención internacional, los activistas hicieron un reconocimiento a los legisladores por haber “enmendado la plana” a Peña Nieto. En conferencia de prensa, el director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, resaltó el papel de los senadores por haber reformado en 80% la iniciativa presidencial, considerada por defensores de derechos humanos contraria a la Convención de los Derechos del Niño, firmada por México hace 25 años. Al destacar que los senadores convocaron a las organizaciones civiles a manifestarse sobre la propuesta presidencial, Pérez García señaló que hay temas que se tienen que corregir. Entre los pendientes que están siendo debatidos en las comisiones unidas, apuntó, sigue la indefinición del monto presupuestal que se destinarán al mecanismo para garantizar los derechos de los infantes; la negativa a la participación de la sociedad civil y la falta de consideración de un sistema de información sobre la infancia para generar políticas públicas. Pérez García informó que hasta ayer, la Consejería Jurídica de la Presidencia  no había aceptado la participación activa de la sociedad civil, en el Sistema Nacional de Garantías de la Infancia, “sólo se admitió la presencia de tres organizaciones con voz pero sin voto, pese a que tiene un rol activo, pues siete de cada diez albergues para niños son financiados gestionado por sociedad civil sin la participación del gobierno”. El defensor insistió en que los legisladores tienen la oportunidad de generar un marco legislativo apegado a los estándares internacionales recomendados por el Comité de los Derechos del Niño, y que hasta ahora no han sido acatadas por el Estado mexicano. El director ejecutivo de la Redim así como la presidenta del Consejo Directivo de la red, Alicia Vargas, los directores de las organizaciones Caracol y Melel Xojobla, Luis Enrique Hernández y Jennifer Haza, respectivamente, describieron el Informe Alternativo sobre la situación de derechos de niñas, niños y adolescentes en México, informe alterno al que presentará México ante el Comité de 18 expertos de la ONU en Ginebra. Explicaron tres adolescentes se reunirán en privado con los expertos para dar un panorama de lo que significa ser niño en México. Entre los temas de preocupación resaltaron la falta de atención a la población callejera, al incremento de la violencia contra niños y niñas, en específico los feminicidios y las desapariciones. Haza resaltó que datos oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2014 revelan que 810 menores están en calidad de personas extraviadas, y de esa cifra 361 están en el rango de cero a 12 años, en tanto que 449 tienen de 13 a 17 años. Los defensores resaltaron que el 50% de los feminicidios registradas en Ciudad Juárez, corresponden a adolescentes, en tanto que en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, siete de cada diez jóvenes de entre 15 y 17 años  asesinados, murieron por arma de fuego. Manifestaron su preocupación por la situación de violencia contra los menores y la falta de mecanismos para prevenir y sancionarla, lo cual se refleja en los escasos datos que existen. Destacaron que de acuerdo con información proporcionada sólo por 16 entidades, hasta 2011 se reportaron 21 mil casos de maltrato infantil, de los cuales en 14 mil 289, es decir 68.04%, se comprobó maltrato infantil, pero a escala nacional sólo se tramitaron ante el Ministerio Público mil 666. En el informe que presentará la Redim ante los expertos de la ONU, se anexará una agenda emergente, a fin de que los expertos los tomen en cuenta para las recomendaciones que emitan al Estado mexicano, en las observaciones que serán publicadas en mayo del próximo año.