MÉXICO, D.F. (apro).- Cerca de 80 organizaciones civiles, activistas y académicos, agrupados en el Comité Ciudadano para el Rescate de la CNDH, solicitaron a la Cámara de Diputados el inicio de un juicio político contra el ombudsman Raúl Plascencia, a quien acusan de omisiones y de usar al organismo para desprestigiar políticamente a personajes e instituciones. Los voceros de la agrupación recientemente creada, Eduardo Gallo, Alberto Athié y Valentina Peralta, anunciaron la campaña #NoMasComPlascencia, con la que pretenden evitar que Plascencia Villanueva se reelija como titular de la CNDH en el proceso de renovación previsto para octubre próximo. La campaña arrancó este miércoles con la presentación de la solicitud de juicio político contra el ombudsman nacional, cercano a la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Los solicitantes del juicio político argumentaron que hay “un consenso generalizado entre diversos sectores de la sociedad, como organizaciones no gubernamentales, académicos y líderes de opinión, entre otros, en el sentido de que Raúl Plascencia no representa el perfil idóneo para presidir una vez más la CNDH”. Para los promoventes del recurso, Plascencia incurre en responsabilidad por “las graves omisiones de la CNDH frente a innumerables violaciones de los derechos humanos en México”, y enlistan algunas circunstancias en las que la actuación del ombudsman ha sido “tibia” o de plano ha guardado silencio. En un documento de 100 cuartillas, las organizaciones exponen que “el presidente de la CNDH ha omitido actuar de manera oportuna, integral e independiente en asuntos en los cuales era imperativo que lo hiciera de acuerdo con el mandato constitucional”. Esa actuación, denuncian, “ha dañado y violado derechos humanos de miles de víctimas y las ha dejado en la indefensión, incluyendo a sus familiares”. Entre los temas a los que el ombudsman no ha dado la respuesta deseada, acusaron, están los cerca de 70 mil asesinatos cometidos durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando anunció su “guerra contra el narcotráfico”; los miles de migrantes víctimas de secuestro, desaparición, extorsión, trata y reclutamiento para el crimen organizado, así como los desplazamientos obligados por la violencia, con saldo de “1.6 millones de víctimas”. Al asegurar que Plascencia no toma en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos para emitir recomendaciones, señalaron que el aún titular de la CNDH no ha abordado de lleno temas como las detenciones ilegales, también durante el sexenio de Calderón; los 25 mil 276 desaparecidos durante el calderonato y lo que va del gobierno de Peña Nieto, así como la “tibieza” del ombudsman para evitar que la tortura siga “siendo una práctica sistemática”. También criticaron la actuación de la CNDH en el tratamiento de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas; la represión contra manifestantes el e de diciembre de 2012 en la Ciudad de México; su falta de actuación para detener las “reformas constitucionales de varios estados de la República que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres”. Además cuestionaron el silencio de la CNDH frente a las legislaciones en entidades donde se restringen los derechos a la protesta social y a la libertad de expresión, y los abusos que podrían derivarse de la aplicación de la nueva Ñey de Telecomunicaciones, entre otros. Los responsables de la presentación del juicio político contra el ombudsman consideraron que durante su gestión ha usado “para fines personales” la CNDH y ha dado tratamiento “a modo” de algunos casos para desprestigiar políticamente a los involucrados. Entre los asuntos que según los denunciantes Plascencia ha dado un trato discrecional, resaltaron las detenciones de altos mandos castrenses, como Tomás Ángeles Dahuare, quienes fueron procesados por narcotráfico con base en testimonios “de oídas” y por “testigos protegidos”, mientras que desatendió a víctimas de militares, como a Miriam Isaura López Vargas y cuatro civiles de Rosarito, Baja California, quines fueron “detenidos ilegalmente y torturados para que confesaran crímenes que no cometieron”. Los integrantes del comité consideraron inapropiado el tratamiento que la CNDH dio a casos controvertidos como el de Florence Cassez e Israel Vallarta, lo que derivó en “el daño irreversible al debido proceso, por lo que fue imposible la administración de la justicia”. Asimismo, consideraron que Raúl Plascencia utilizó a la CNDH para desacreditar con recomendaciones a personajes e instituciones, como el extitular de la Conagua, José Luis Luege; al abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez; al expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. El utilizar a la CNDH “para la satisfacción de intereses personales”, apuntaron los demandantes, “ha generado un desprestigio, desconfianza y grave incertidumbre hacia una de las instituciones más importantes en la promoción y defensa de los derechos humanos de las víctimas y en general de todos los que habitamos este país”. Entre los firmantes del documento destacan los académicos Sergio Aguayo, Denise Dresser, los defensores Rocío Culebro, Edgar Cortez, Mario Patrón, Alejandro Solalinde y Consuelo Morales, así como decenas de organizaciones sociales del Distrito Federal, Nuevo León, Oaxaca, Estado de México, Jalisco, Hidalgo, Chiapas, Morelos, Chihuahua, Veracruz, Coahuila, Guanajuato, Tabasco, Guerrero, Yucatán, Puebla, Colima, Querétaro, Sinaloa y San Luis Potosí, así como la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad.