OAXACA, Oax., (apro).- Amnistía Internacional (AI) advirtió a las autoridades mexicanas que en caso de que el Poder Judicial sentencie con pena privativa de la libertad a la activista Bettina Cruz Velázquez consideraría nombrarla “presa de conciencia”. La obligación de las autoridades es, dijo, “garantizar que el sistema de justicia no se preste a la persecución de quienes defienden los derechos humanos en represalia de sus acciones legítimas”. En un comunicado, el organismo internacional dijo que espera que la sentencia que se emitirá en los próximos días cumpla con las normas internacionales de derechos humanos, y en particular sea respetuosa del derecho a un juicio justo, con el fin de reafirmar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, entre otros. La organización internacional recordó que Bettina Cruz Velázquez es miembro y cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), y ha participado en manifestaciones contra las altas tarifas de electricidad y la construcción de turbinas de viento en tierras pertenecientes a los pueblos indígenas del Istmo. Ante las amenazas y hostigamiento que la activista ha recibido desde 2012 por su trabajo en defensa de los derechos humanos, Bettina Cruz recibió medidas cautelares por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensores Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, la Procuraduría General de la Republica (PGR) inició un proceso en su contra desde 2011, después de que la activista participó con otros miembros de APIITDTT en una manifestación pacífica frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El 22 de febrero de 2012, agentes de la PGR detuvieron a Cruz Velázquez en el municipio de Santa María Xadani, cuando salía de una reunión con representantes de la CFE, acompañada por una abogada de derechos humanos. En esa ocasión permaneció recluida en régimen de incomunicación durante cuatro horas, antes de ser conducida a la prisión de Tehuantepec, y fue acusada formalmente de privación ilegal de la libertad y delitos contra “el consumo y riqueza nacional”. Dos días después salió en libertad bajo fianza, pero el proceso ha seguido y ahora enfrenta la posibilidad de una sentencia condenatoria que podría enviarla nuevamente a prisión.