MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Los ocho militares consignados por la masacre de Tlatlaya, quienes fueron acusados de delitos relacionados con la disciplina castrense, pertenecen a un batallón del Ejército con un historial de abusos. Según la agencia noticiosa The Associated Press, que cita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los ocho militares estuvieron implicados en un incidente sucedido el pasado 30 de junio en San Pedro Limón, hecho que los soldados reportaron inicialmente como una balacera pero que una testigo describió como una masacre. Los militares son parte del 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar en el Estado de México, de acuerdo con reportes periodísticos y de dos personas que hablaron bajo condición de guardar el anonimato porque carecen de autorización para hacer declaraciones a la prensa. El batallón se localiza en San Miguel Ixtapan, en el suroeste del Edomex, aproximadamente a una hora en automóvil al norte de donde ocurrieron los homicidios. Se dice que esa zona está bajo control del cártel de La Familia, aunque también es una región en la que grupos rivales del narcotráfico se disputan el territorio. En diciembre pasado integrantes del grupo militar balearon a cuatro empleados en la comunidad de Arcelia, en Guerrero, incluido el director y el subdirector de transporte municipal, mientras conducían por un camino rural. Arcelia también es el pueblo natal de varios de los asesinados en el tiroteo de junio. En esa ocasión el Ejército argumentó que los empleados, que portaban fusiles y vestían ropa de camuflaje para cazar, fueron confundidos con delincuentes. Un sargento, un cabo y dos soldados fueron arrestados. El batallón 102 también estuvo bajo los reflectores en febrero de 2012, reporta AP. El periódico Reforma, que citó documentos legales, reportó en esa ocasión que durante 2010 y hasta principios de 2011, soldados del agrupamiento recibieron dinero para que le informaran a La Familia de las operaciones de ese cuerpo militar. Seis personas, incluidas dos oficiales, fueron acusadas formalmente. El incidente más reciente fue reportado inicialmente como una balacera la madrugada del pasado 30 de junio, cuando 22 presuntos delincuentes fueron asesinados y un soldado resultó herido. La versión oficial fue puesta en tela de juicio cuando The Associated Press visitó el sitio algunos días después y no halló indicios de que hubiera habido una batalla prolongada. La semana pasada, una testigo relató a la AP que sólo una persona murió en un enfrentamiento inicial y que el resto fueron baleadas después de que se rindieron. Afirmó que entre los muertos estaba su hija de 15 años, Erika Gómez González, que había sido herida en una pierna y yacía en el piso cuando fue asesinada. El diario La Jornada publicó fotografías el viernes que muestran cadáveres ensangrentados, presuntamente tomadas inmediatamente después de la balacera, con investigadores y personal militar aún en el lugar, detalla AP. “Las manchas de sangre en el muro de ladrillo de concreto, los marcadores colocados por los investigadores para señalar las evidencias y los escombros que aparecen en las fotografías son iguales a los que los periodistas de la AP fotografiaron días después de que el ejército reportó los fallecimientos”, indica la agencia noticiosa. Entre los muertos en las fotos aparece una niña que yace de espaldas, como la describió la testigo. El hermano de Erika Gómez la identificó en la fotografía -que la mostraba en el suelo junto a un fusil de asalto- por su ropa ensangrentada y cubierta de lodo. “Esa playera (camiseta) yo se la compré”, dijo Saddam Guzmán Gómez. “No es cierto que disparara. Le pusieron el arma. Se ve como que se arrastró”, afirmó el hombre sobre la imagen donde aparece su familiar. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado el jueves 25 en el que confirmó la consignación de siete elementos de tropa y un oficial quienes fueron puestos a disposición, sin precisar su graduación, adscripción ni arma. Los cargos que se les fincaron fueron desobediencia, e infracciones a deberes militares en el caso del teniente. Los 17 soldados restantes se encuentran a la espera de resolver su situación jurídica. Los detenidos fueron trasladados alrededor del mediodía al complejo de juzgados militares que se ubica junto a la mencionada cárcel. Con el comunicado de la Sedena se pudo confirmar que se les consignó al Juzgado Sexto Militar.