IGUALA, Gro. (apro).- Soldados y policías estatales catearon la casa del alcalde José Luis Abarca Velázquez, luego de que el edil perredista presentó al cabildo una licencia temporal para ausentarse del cargo por un mes, con el propósito –alegó– de que las autoridades estatales investiguen y sancionen a los responsables de la masacre de estudiantes y civiles registrada este fin de semana, donde participaron policías municipales y sicarios. No obstante, Abarca Velázquez evadió el operativo policiaco-militar, y los uniformados sólo se llevaron a tres empleadas domésticas del político y decomisaron teléfonos a un hombre que fue identificado como uno de sus choferes. De acuerdo con la versión de testigos, la acción de las autoridades se registró cerca de las 17:00 horas, sobre la calle Álamo de la colonia Jacarandas, ubicada al sur de la ciudad de Iguala, donde se encuentra un inmueble que parece un búnker por sus altos muros pálidos, gruesos portones metálicos, cercado de púas y circuito cerrado de video-vigilancia. Al lugar arribaron cerca de 80 elementos del Ejército, así como policías estatales y ministeriales a bordo de 30 patrullas, quienes tendieron un cerco en la zona y enseguida irrumpieron violentamente en la casa del edil, el que a las 15:00 horas presentó al cabildo una licencia temporal para ausentarse del cargo por 30 días, en una sesión extraordinaria de mero trámite que se realizó en la sala de sesiones del ayuntamiento, en pleno centro de la ciudad. La petición fue aprobada por unanimidad por regidores que designaron al síndico Óscar Chávez Pineda como encargado de despacho. En su discurso, Abarca Velázquez rechazó haber ordenado a la policía municipal ejecutar a normalistas y civiles durante los hechos violentos registrados la noche del viernes 26 y sábado 27 en la ciudad de Iguala. El ahora alcalde con licencia dijo que serían inadmisibles “los enjuiciamientos sin investigación que arrojen los elementos de la culpabilidad”. También insistió en deslindarse de la masacre realizada, según la investigación de la Procuraduría local, por sus policías municipales que actuaron en coordinación con civiles armados para matar y desaparecer a normalistas, argumentando que no ha incurrido en actos que puedan enfrentarlo con la sociedad. Con rostro adusto y siempre cabizbajo, José Luis Abarca pidió a las autoridades ministeriales realizar una investigación imparcial que no ponga en duda los resultados, aunque calificó la acción de sus policías como “aberrante abuso de autoridad”, e incluso pidió que sean juzgados y sancionados respetando sus garantías para que se conozca la verdad histórica de estos hechos. Abarca anunció que se va a defender para tratar de "aclarar este fatídico acontecimiento", y mandó un mensaje a sus adversarios políticos, a quienes pidió prudencia para no perder la objetividad, generar un ambiente que permita esclarecer los trágicos hechos y evitar la confrontación y la confusión. Enseguida el edil, quien estuvo acompañado en todo momento por su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, abandonó de manera abrupta la sesión de cabildo. Minutos después, en las calles del centro de Iguala circuló un impresionante convoy de policías y militares, quienes en un primer momento rodearon la sede del ayuntamiento y luego se trasladaron a la casa del edil para realizar el cateo, de donde sólo se llevaron a las empleadas domésticas, confirmaron testigos. Luego, el operativo se trasladó a la casa del hermano del alcalde, ubicada sobre la avenida Heroico Colegio Militar, donde no pudieron ingresar por el sistema de seguridad de la vivienda. Reportes oficiales indican que las personas detenidas en casa del presidente municipal fueron trasladadas a la delegación de la PGR, y trascendió que hasta esta noche seguía la “cacería” en contra del alcalde, quien es buscado en las diferentes propiedades que posee el próspero empresario igualteco.