MÉXICO, D.F. (apro).- Este martes continuaron las exigencias por la presentación con vida de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y el esclarecimiento de los crímenes cometidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre atribuidos a policías municipales de Iguala, Guerrero. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Amnistía Internacional (AI) y el Comité Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) emitieron pronunciamientos de preocupación por las violaciones a derechos humanos cometidos contra los normalistas. A través del comisionado Julio Hernández Barros, la CEAV solicitó al procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco “realizar una investigación imparcial ante las evidencias de que hubo un uso excesivo de la fuera pública por parte de los policías municipales”. En el comunicado, Hernández Barros, titular del comité de Personas Desaparecidas, No localizadas, Ausentes o Extraviadas del organismo, demandó al gobierno de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre, que se comprometa a “dar con el paradero de los jóvenes que aún se encuentran desaparecidos”, así como que “no se encubra a ninguna autoridad que pudiera estar involucrada en los hechos y se aplique todo el peso de la ley a los responsables”. El comisionado consideró como “un asunto gravísimo” lo ocurrido el fin de semana en Iguala. Dijo que los miembros de la CEAV están “consternados (…) tanto por la violencia, como por los jóvenes de la escuela normal de Ayotzinapa que aún se reportan desaparecidos”. Por ello, sostuvo que han “solicitado al procurador General de Justicia del estado una investigación no sólo transparente, sino objetiva e independiente”. Al señalar que la delegación de la CEAV en Guerrero está dando seguimiento al caso y a las familias, el comisionado Hernández Barros insistió en que “son hecho que no pueden quedar impunes, que deber ser castigados con toda la energía de la ley” y que el organismo estará pendiente de que así sea. Por su parte, Amnistía Internacional puntualizó que “el asesinato de los estudiantes, la privación arbitraria de la libertad, la situación de personas heridas y de personas desaparecidas, constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no deben permanecer en la impunidad”. En un comunicado, hizo un recuento de los hechos violentos perpetrados por policías municipales de Iguala y de hombres armados no identificados que dejaron un saldo de seis personas muertas, tres de ellas estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, 20 heridas y 43 desaparecidas. De éstas últimas, por lo menos 20 fueron detenidas por agentes municipales en el primer ataque cuando los estudiantes estaban a bordo de camiones de pasajeros y trataron de huir. El organismo resaltó que, pese a las evidencias de que jóvenes fueron detenidos por agentes policiacos, cuando fueron buscados por sus compañeros en los separos policiacos no se encontraban ahí. La organización internacional se sumó a la exigencia para que “quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia”. Demandó que, tanto autoridades estatales como federales tomen “todas las medidas adecuadas de búsqueda para dar con el paradero y presentación con vida de los 43 estudiantes hasta ahora desaparecidos”. Insistió en la obligación de los tres niveles de gobierno de coordinarse para “asegurar que las personas desaparecidas sean protegidas de cualquier acto de tortura y garantizar la integridad física y psicológica de las mismas”. El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) urgió a buscar a los jóvenes ya que “las esperanzas de encontrar vivos y sanos a los hoy desaparecidos disminuyen cada hora”. La oficina de CCTI en Guerrero calificó los seis homicidios como “ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales”, así como la ausencia de 43 personas como desaparición forzada. Todos estos hechos habrían sido responsabilidad de autoridades municipales, estatales y federales por no haber intervenido oportunamente, aseguró. “¿Por qué no actuaron? Si la policía estatal tiene un cuartel regional que fue reforzado a raíz del ataque al CERESO de Iguala. Si la Policía Federal tiene una sede de sector”, cuestionó la organización. Al resaltar que el ataque al autobús de jóvenes futbolistas, en el que murieron tres personas, “es parte de este capítulo sangriento de abusos de la autoridad”, la organización recordó que “hay testimonios de que al menos una patrulla de la policía estatal y otra de la policía federal decidieron abandonar el lugar de la primera agresión a los normalistas”. La organización reflexionó que “los agresores tuvieron cuatro horas (…) para actuar con total impunidad y causar terror, para atacar a los normalistas en una segunda ocasión el autobús de futbolistas (…) Para cuando las autoridades de la PGJ-Gro buscaron a los normalistas que fueron detenidos por policías municipales y subidos a sus patrullas habían pasado casi ¡12 horas! Una eternidad para un detenido-desaparecido”. El CCTI exigió “medidas cautelares para las víctimas; una investigación a fondo para dar con los desaparecidos; atención médica integral de parte del gobierno del estado para todas las personas heridas hasta su recuperación así como una investigación expedita, eficiente y oportuna para llevar a la justicia a todas las autoridades municipales o de cualquier otro nivel de gobierno involucradas en estas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras penas crueles inhumanas y degradantes”.