MÉXICO, D.F. (apro).- Al salir de la Cámara de Diputados, la comitiva de operadores de máquinas tragamonedas fue recibida con un trueno de aplausos por los cientos de manifestantes amontonados ante las rejas de San Lázaro. Hasta ahí llegó hoy la marcha que realizaron entre cinco mil y siete mil maquineros –según los organizadores– desde la Alameda Central hasta el Congreso de la Unión, en demanda de regularizar su actividad y detener los operativos y cateos en su contra. Los integrantes de la comitiva accedieron a la oficina del diputado federal Fernando Zárate, presidente de la Comisión de Juegos y Sorteos, quien les dio hasta el próximo viernes 4 de octubre para enviar sus propuestas en torno a la nueva Ley de Juegos y Sorteos. La semana pasada, Zárate aseveró que dicha ley acabaría con las máquinas tragamonedas, sin prever ninguna indemnización para sus operadores (Proceso 1977). Asimismo, reconoció que la Comisión que preside no entrevistó a los maquineros “de manera institucional”. En el borrador de la iniciativa de Ley –cuya copia analizó Apro–, se proponen penas de dos a cinco años de prisión y una multa de 30 mil a 100 mil días de salario mínimo a cualquier persona que opere juegos de sorteos y apuestas sin contar con el permiso del instituto que se creará para regir al sector del juego en México. Sin embargo, en entrevista con Apro, Zárate comentó que 11 puntos “clave” del texto actual serán modificados antes de la presentación de la iniciativa a debate el próximo jueves 9 de octubre. Decomisos “ilegales” En la reforma del reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, que realizó Enrique Peña Nieto en octubre pasado a través de un decreto, las máquinas tragamonedas están prohibidas en “cualquiera de sus modalidades”. En julio pasado se multiplicaron los operativos de la Secretaría de Gobernación (Segob) en los que se han decomisado y destruido oficialmente más de cuatro mil máquinas. Sin embargo, según los manifestantes, estos decomisos resultan ilegales, ya que las autoridades confiscan las máquinas sin llevar una orden de cateo. “Vienen y nos roban las máquinas, sin contar con los debidos documentos de la Segob; y no sabemos lo que hacen con el dinero que se encuentra dentro de las máquinas: Hay mínimo 500 pesos en cada una de ellas”, lamentó Pedro Portillo Barona, coordinador nacional de la Confederación Nacional de Comerciantes y Prestadores de Servicio, quién llegó desde Tampico para acudir a la marcha. “Reconocemos que hasta la fecha no hemos pagado un impuesto sobre nuestra actividad”, añadió, “pero si nos las quitan, ¿qué vamos a hacer nosotros los jubilados que ya no tenemos trabajo?”, se preguntó. Parte de la regularización, afirmaron los manifestantes, pasa por el reconocimiento de la actividad como un trabajo mediante el pago de impuestos sobre las ganancias. Los lemas de los manifestantes reivindicaban la valoración de los operadores: “No somos vicio, somos un oficio”, “No prohibición, sí regulación”, “Juegos y Sorteos, no quiten los empleos”. Campaña Pero al llegar frente al Palacio Legislativo, el eslogan cambió: “Señor presidente, no somos delincuentes”, en referencia a los spots de propaganda que difunde la Segob desde julio pasado, en los que asocia a las máquinas tragamonedas con la ludopatía, el crimen organizado y la delincuencia. Bajo un duro sol, decenas de manifestantes subieron de manera sucesiva sobre una sillita de plástico para difundir sus mensajes y amueblar el tiempo, ya que durante dos horas esperaron que la comitiva saliera de la Cámara de Diputados. “Los spots afectan a las clases populares que buscamos de manera honesta buscar empleo. No entendemos que de un lado el gobierno promueve reformas para fomentar empleos y que de otro nos quitan los nuestros”, se emocionó un operador de máquinas. “A los pequeños negocios y a las tienditas, los vendedores de bolsas de papitas o de un refresco de color negro les pagan 1% de comisión. Nosotros con las máquinas les entregamos entre 30% y 50% de las ganancias, lo que les permite pagar las estratosféricas facturas de luz”, explicó otro. Los manifestantes denunciaron que la campaña propagandística en su contra se nutre de desinformación, en especial sobre las ganancias que generan sus máquinas. El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, pretendió, por ejemplo, que cada una permitiera a sus operadores ingresar cinco mil pesos por semana. “¿Dónde está este lugar donde una máquina nos deja cinco mil pesos? Es evidente que esta declaración fue redactada en un escritorio, pero ¡la realidad está en las calles!”, denunció Alejandro Pérez, originario de Michoacán. “Mire nuestra cara, mire nuestra ropa, no ganamos 50 mil pesos al mes como estos señores”, declaró Juan Manuel Motín Ángeles, un estudiante cuya madre opera máquinas. Y otro operador ya anciano, proveniente de Santiago de Tianguistenco, en el Estado de México, murmuró: “Es una bomba social. Las máquinas representan sus únicos ingresos y no querrán dejar que se lleven su patrimonio”.