Víctimas de Apatzingán cayeron en "fuego cruzado": Castillo

lunes, 12 de enero de 2015
AQUILA, Mich. (apro).- Una vez más el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, trató de desvirtuar los testimonios de personas que acusan a la Policía Federal (PF) sobre la presunta ejecución de al menos ocho personas el pasado 6 de enero en Apatzingán. Sin embargo, esta vez no insistió en que se trató de un enfrentamiento; aseguró que seis de las ocho muertes oficialmente reconocidas perecieron en el “fuego cruzado”. Según el funcionario federal sólo dos de las víctimas presentaban lesiones provocadas por armas utilizadas por la Policía Federal (PF). En rueda de prensa, afirmó que prácticamente todas las víctimas pudieron ser ultimadas por sus propios compañeros. “Esto es un tema de fuego cruzado y hay dos personas que recibieron impacto de arma de fuego de la PF en heridas que pudieron ser mortales, pero también del grupo civil y es imposible saber cuál determinó su muerte”, sostuvo. El funcionario afirmó que es “imposible” determinar cuál de esos balazos les causó la muerte. Los cuerpos, abundó, tienen orificios en la parte frontal y en la posterior “y no hay una sola evidencia de que haya gente de la Policía Federal que les diera a la espalda a estas personas”. Castillo Cervantes aseguró que la Policía Federal no usa balas calibre 308, 13 especial y nueve milímetros, como las que fueron encontradas en la zona del enfrentamiento y agregó que dos vehículos de los civiles presentan impactos de bala en el flanco izquierdo, donde no había elementos federales, por lo que rechazó nuevamente que se haya tratado de una ejecución como afirmaron testigos de los hechos. En la conferencia, el funcionario federal reiteró también que entre los 44 detenidos durante el desalojo del palacio municipal de Apatzingán se encuentra Jesús Mendoza Rosales, uno de los hijos del Jesús El Chango Méndez, fundador de la Familia Michoacana. El vástago del presunto capo, dijo, ya es investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). “Las 44 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, de estas 43 fueron internados a Ceferesos uno era menor de edad, y únicamente tenemos conocimiento de una persona de nombre Jesús Mendoza Rosales, hijo de una persona que se hace conocer como El Chango Méndez y de ahí algún tipo de responsabilidad le corresponde a la SEIDO”, comentó el funcionario federal. Ante el clamor de la gente para que salga de Michoacán la Policía Federal, a la que acusan de haber ejecutado a las ocho víctimas caídas en Apatzingán, Castillo sostuvo que las movilizaciones “obedecen a intereses de grupos específicos” que ven acotado su margen de maniobra ante la presencia del Ejército y de la Policía Federal. La presencia de los cuerpos policiacos, recalcó, se mantendrán en los municipios de Apatzingán, Buenavista y La Mira, a fin de mantener la seguridad y disuadir las operaciones criminales en esas zonas. Castillo dijo que respeta el derecho constitucional a la libre manifestación, pero indicó que en este caso, los pronunciamientos “están contaminados” con otro tipo de intereses ajenos a un legítimo movimiento social. En medio de esos reclamos que exigen su salida y la de las fuerzas federales, Castillo Cervantes comparecerá este martes 13 ante la comisión de Gobernación de la comisión permanente del Congreso de la Unión. A raíz de los recientes enfrentamientos en Tierra Caliente, el pasado 7 de enero los legisladores aprobaron llamar a cuentas al comisionado federal, quien ya confirmó su asistencia y aseguró que “será un honor” participar en ese intercambio. “Será un honor tener la oportunidad de participar en un intercambio constructivo de ideas con el Poder Legislativo, podré especificar y detallar resultados y la tarea coordinada del gobierno de la república y el gobierno estatal en el Plan Michoacán” señaló Castillo. Cuestionado sobre la posibilidad de ser removido de su cargo, Castillo señaló que esa decisión es exclusiva del presidente Enrique Peña Nieto, o en su defecto al secretario de Gobernación, Osorio Chong. Emboscada en Huahua deja 5 muertos A los hechos registrados en Apatzingán el pasado 6 de enero, se sumó otro hecho de violencia registrado el domingo pasado en el poblado serrano de El Socorro, municipio de Huahua, donde presuntos miembros del crimen organizado emboscaron a policías comunitarios y ultimaron a cinco. Entre las víctimas se encuentra Rafael Meraz Arteaga El Chopo, comandante de la Policía Comunitaria de Huahua. Los otro son: Santos Ontiveros Morales, Criselio Rivera Cisneros, José Santos Meraz Cortes, tío del Chopo, y José Alejandro Zúñiga Reyes. Además en los hechos resultaron heridas seis personas: Crisóforo Meraz Arteaga, Manuel Calvillo, Rafael Sosa Chávez, Vicencio Rivera Farías, Juan Calvillo, y Adrián Lombera Pulido. Tres de ellos fueron trasladados para su atención a la ciudad de Tecomán en Colima, donde su estado de salud de es reportado como estable y fuera de peligro. De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, la celada contra los comunitarios se registró en la sierra del municipio de Aquila en los límites con Coalcomán. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:00 de la mañana del domingo cuando un grupo de 13 policías comunitarios encabezado por el El Chopo, fue emboscado en el camino de terracería del poblado serrano de El Socorro que, entre montañas, corre paralelo al cauce del río Huahua. Fue en las inmediaciones del cerro El Herradero donde sujetos armados los sorprendieron. En el acto murieron cinco policías comunitarios, entre ellos el chofer, lo que provocó que la camioneta GMC Denali quedara fuera de control y se fuera cuesta abajo desbarrancándose. En la cabina de la camioneta quedó abatido El Chopo. La emboscada de Huahua es la segunda que ocurre contra los autodefensas de la costa michoacana. La primera fue el 16 de diciembre en la carretera costera en las inmediaciones del poblado Xayakalan y La Placita, cuando sicarios dispararon contra la camioneta en la que creían viajaba Semeí Verdía, comandante de la policía comunal de la costa, originario del pueblo nahua de Ostula. Éste salvo la vida al cambiar de vehículo. Como parte de la estrategia de seguridad, en Aquila el gobierno federal desapareció la policía municipal y la seguridad quedó a cargo de la Policía Federal (PF), que tiene elementos en la cabecera municipal y en el poblado de La Placita. Sin embargo, en la zona donde habita la etnia nahua y al sur del municipio de Aquila, pegado a Lázaro Cárdenas, no hay elementos de la PF. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local solo autorizó 12 plazas de la Fuerza Rural de las 200 que solicitaban los autodefensas de la costa michoacana para cubrir tres municipios con cerca de mil rancherías y tenencias. Tras el desmantelamiento de las Fuerzas Rurales, en tres semanas han muerto 25 civiles.