MÉXICO, D.F. (apro).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a valorar la pertinencia de que padres de familia de normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, acudan a instalaciones militares para indagar sobre el paradero de sus hijos, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. En entrevista, el abogado relató que la respuesta de Osorio Chong surgió luego de que padres de familia de los estudiantes desaparecidos consideraron que la negativa a ultranza del gobierno federal sobre la participación del Ejército en los hechos del 26 y 27 de septiembre “genera más dudas y da la impresión de que algo se esconde”. La reunión de este martes en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) se había acordado con anterioridad a las manifestaciones en instalaciones militares realizadas en distintas ciudades del país, y se llevó a cabo “ante la necesidad de los padres de familia por saber qué avances había en la indagatoria”. Vidulfo Rosales destacó que para los padres de familia el punto central fue la petición de la apertura de una línea de investigación hacia las fuerzas armadas, en tanto que las autoridades federales mostraron su reticencia sobre el tema. “Se insistió en que mientras se mostraran menos transparentes, más sospechas despertaban, pues no hay elementos contundentes para descartar la participación de cualquier forma del Ejército; fue entonces cuando Osorio Chong dijo que valorarían la pertinencia de que los padres ingresaran a las instalaciones militares”, apuntó. El encuentro, en el que estuvieron los 42 padres de familia de los desaparecidos y el padre del ya identificado, duró casi cinco horas, y por parte del gobierno federal participaron Osorio Chong, el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava; el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, y el comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo. De acuerdo con Rosales Sierra, la reunión se volcó en la revisión de las investigaciones realizadas por la PGR. “Insistieron en su hipótesis del basurero de Cocula, y aseguraron que en sus indagatorias no hay datos que arrojen que en los hechos haya participado el Ejército, pero es claro que no los haya porque no se ha abierto esa línea de investigación”. También explicó que “toda la indagatoria está elaborada para comprobar su hipótesis, que jurídicamente es débil, sin explorar siquiera otras posibilidades”. Hasta ahora, abundó Rosales, “hay datos suficientes que hablan de una responsabilidad del Ejército antes de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre, porque sabía de la existencia, de la forma de operar, así como de las componendas del cártel de Guerreros Unidos; además de que hay indicios de que aquella noche realizaron patrullajes en Iguala”. En la reunión también se manifestó la preocupación por la falta de ejecución de al menos 20 órdenes de aprehensión contra integrantes de Guerreros Unidos y de exfuncionarios del ayuntamiento de Iguala, “que son fundamentales para determinar el paradero de los estudiantes”. Asimismo, hubo cuestionamientos de los padres sobre las personas procesadas, así como la ausencia de una línea de investigación sobre la responsabilidad que habría tenido el exgobernador Ángel Aguirre Rivero y el exprocurador guerrerense Iñaki Blanco Cabrera, quien tomó testimonio de funcionarios de Iguala, presuntamente responsables de los hechos, y que los dejó ir libres, como el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velásquez, y el director de la policía Francisco Salgado Valladares. Durante las cinco horas en las que participaron todos los padres exponiendo sus inconformidades, también se les informó de las dificultades para identificar los restos localizados en el basurero de Cocula y en el río San Juan, de acuerdo con los investigadores forenses de la Universidad de Innsbrurck, Austria, “pero que siguen trabajando”.