MÉXICO, D.F. (apro).- El ombudsman nacional, Luis Raúl Pérez González, reclasificó el caso Tlatlaya al darle un carácter legal de “violaciones graves” a los derechos humanos. En un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que notificó de ese hecho a las autoridades con la finalidad de que lo tomen en cuenta en las acciones que instrumenten para dar cumplimiento a la recomendación 51/2014. Pérez González recomendó dar parte de la medida a tres altos funcionarios federales: el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zeda; el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila. De acuerdo con las investigaciones realizadas por el anterior titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, elementos del 102 Batallón de Infantería “privaron de la vida arbitrariamente a las víctimas”, lo que fue comprobado en 12 personas y se presume en otras tres, de las 22 que murieron en los hechos registrados en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 junio de 2014. El documento publicado en la página de internet refiere que los militares que hicieron “uso irracional de la fuerza” son considerados por la CNDH “responsables por la violación al derecho humano a la protección a la vida (…) el cual comprende el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente”. Los militares, según la investigación, también habrían incurrido en violación “al derecho humano a la integridad y seguridad personal” en agravio de tres mujeres que fueron testigos de los hechos. En tanto, agentes de la policía ministerial del Estado de México habrían incurrido en tortura contra dos de las sobrevivientes y testigos “para que omitieran declarar respecto de la forma en la que se había dado muerte a las personas al interior de la bodega”. Por su parte, los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) habrían incurrido en negligencia, toda vez que, pese a la evidencias de tortura, los reportes médico-legistas certificaron que las lesiones que presentaban las víctimas no eran graves, además de que las sometieron a un proceso penal. En el comunicado emitido este martes, la CNDH señala que tomó conocimiento de los hechos tras difundirse información en los medios sobre el enfrentamiento que se registró en Cuadrilla Nueva, en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya. El 11 de julio, añade el documento, el organismo inició el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, que acredita los abusos de privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y malos tratos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y acceso a la justicia. El ombudsman justificó la reclasificación del expediente con base en los artículos constitucionales 1 y 102 de la Constitución, y sexto de la Ley de la CNDH.