MÉXICO, D.F. (apro).- Las “debilidades e inconsistencias” en la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa son el motor que impulsa a los familiares para mantener la búsqueda a casi cuatro meses de los hechos trágicos de Iguala. En conferencia de prensa, Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los estudiantes, informó que al no haber pruebas científicas irrefutables de que los jóvenes están muertos, mantendrán la idea de que siguen vivos; aunque el gobierno se “empecine” en cerrar el caso. Demandó que la dependencia encabezada por Jesús Murillo Karam profundice en la investigación pues la versión que éste ofreció el pasado 7 de noviembre “es sólo una hipótesis sin confirmar”. Además, manifestó su preocupación porque la PGR sólo ha imputado los cargos de secuestro y homicidio a los detenidos por el caso, ya que el juzgado primero de distrito en materia penal, con sede en Matamoros, Tamaulipas, consideró que “no hay elementos” para consignarlos por desaparición forzada. La decisión del juez, lamentó, se basó en que por el tiempo que pasó entre el delito y la consignación de los detenidos, los jóvenes probablemente ya habrían fallecido; por lo tanto, no sería desaparición forzada, sino secuestro y homicidio. Ése, dijo, es un razonamiento “débil y burdo”. Y aunque la PGR apeló la decisión, en los hechos decidió redireccionar el proceso legal y consignar a los detenidos por secuestro, pero no existe formalmente una investigación por desaparición forzada. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, informó que el próximo lunes 26 de enero –al cumplirse cuatro meses de la desaparición— retomarán las movilizaciones en la Ciudad de México. Explicó que a las 10 horas partirán contingentes del Auditorio Nacional y las estaciones del Metro Zaragoza, Taxqueña e Indios Verdes en dirección al Zócalo capitalino.