MÉXICO, D.F. (apro).- El ingreso a los cuarteles militares para buscar a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos “está en manos” de los padres de familia, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. En entrevista, luego de su participación en el día internacional para recordar a las víctimas del Holocausto, el ombudsman dijo que contactó a los familiares después de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, invitó a la CNDH a acudir a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero. “Entramos en comunicación con los familiares y ellos han dicho que esperemos a que podamos platicar la logística de esa visita, así que está en manos de los familiares”, explicó. A cuatro meses del ataque contra los estudiantes, que derivó en seis muertes, decenas de heridos y 43 desaparecidos, González Pérez se comprometió a seguir acompañando a las víctimas y sus familiares “hasta que se conozca la verdad, hasta que se conozca el paradero de los jóvenes”. La CNDH, subrayó, continuará con las diligencias hasta concluir el expediente que abrió por los hechos. Sobre el caso Tlatlaya y su reclasificación como “violaciones graves”, explicó que el organismo que preside “no tiene pensado abrir un expediente adicional, solamente está en el seguimiento de la recomendación que ya emitió, con todos los elementos que pudieron tenerse parar probar las violaciones a derechos humanos”. González Pérez omitió opinar sobre las resistencia de parte de las fuerzas castrenses para consultar información que pudiera esclarecer aún más la participación de las Fuerzas Armadas. Como lo documentó Proceso en el número que circula esta semana, el Juzgado VI Militar negó a la CNDH el acceso al expediente que abrió en el fuero militar, aunque el organismo pudo consultar los testimonios de los militares implicados en las actuaciones de la Procuraduría General de la República (PGR). El ombudsman insistió que el papel del organismo sobre la reclasificación del expediente del caso Tlatlaya será darle “puntual seguimiento” a las indicaciones hechas a las autoridades a las que estuvo dirigida: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Estado de México y la PGR. En cuanto a la desaparición del periodista veracruzano José Moisés Sánchez Cerezo –cuyos restos supuestamente fueron localizados el sábado 24 en un paraje de la carretera Manlio Fabio Altamirano, muy cerca de Medellín de Bravo, según la Procuraduría General de Justicia del estado–, sostuvo que personal de la CNDH fue enviado a Veracruz para supervisar las actuaciones de las procuradurías estatal y federal, así como para acompañar a los familiares del también activista social. “Entramos en contacto con la procuraduría del estado y la PGR, que están realizando actuaciones y están realizando peritajes, para que nos permita tener certeza sobre los resultados, y la CNDH será vigilante de las actuaciones”, aseguró. El presidente de la CNDH también dijo que el organismo tiene clasificado el caso de Sánchez Cerezo como una agresión a un periodista más que como activista, y que así se abrió la queja correspondiente. Además, destacó ya han rendido testimonio el hijo y la esposa del comunicador. Por último, González Pérez confirmó su asistencia a Ginebra, Suiza, a una sesión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que revisará el cumplimiento de los convenios internacionales firmados por México y que se realizará el 1 y 2 de febrero próximo.