Caso Ayotzinapa, al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

martes, 27 de enero de 2015
MEXICO, D.F. (apro).- Padres de familia de los estudiantes desaparecidos y sus abogados recurrirán a instancias internacionales para denunciar los hechos del 26 y 27 de septiembre, al considerar que en México la investigación del caso se “perfila hacia la impunidad”. Horas después de que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sostuviera en conferencia de prensa que los jóvenes estudiantes fueron muertos y calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero, padres y abogados reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto que haya roto su compromiso de informarles a ellos primero de cualquier avance en las indagatorias. Los abogados Vidulfo Rosales y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, anunciaron que el martes 3 de febrero presentarán el caso de los jóvenes desaparecidos al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y que mantendrán el litigio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al rechazar la hipótesis de la PGR, sostenida con las declaraciones de presuntos sicarios de Guerreros Unidos, los padres y normalistas anunciaron que las movilizaciones por la presentación de los desaparecidos continuarán hasta que las autoridades expongan una investigación incontrovertible. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, acusó que por “las prisas políticas” es que el gobierno federal pretende “cerrar de manera descarada lo sucedido en Iguala, violentando y violando los acuerdos que signó Enrique Peña Nieto en la reunión de Los Pinos, donde el compromiso fue que cualquier situación de investigación se daría conocer primero a los padres de familia”. Tras considerar que la rueda de prensa de Murillo Karam fue la respuesta al apoyo social a la demanda de los familiares, como se evidenció en las movilizaciones de la víspera, De la Cruz repudió que se pretenda concluir las indagatorias “con sólo la declaración de los asesinos, insistiendo en la versión de que a los 43 los mataron y los calcinaron en Cocula”. El representante de la Normal de Ayotzinapa, David Flores Maldonado, señaló que el gobierno de Peña Nieto mostró “su verdadera cara” al romper los acuerdos sostenidos con los padres de familia, y que detrás del anuncio de Murillo Karam hay un “interés político, que son las elecciones, y por ello tienen la seria esperanza de que aceptemos su versión”. Flores Maldonado insistió en que no van a aceptar el cierre de la indagatoria cuando faltan varios presuntos responsables por ser detenidos. Rosales Sierra y Aguirre Espinosa dieron a conocer diez puntos por los que el caso de los ataques a estudiantes normalistas no se puede cerrar. Explicaron que a cuatro meses de las desapariciones no hay “certeza científica” sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula, a pesar de que la PGR ha mostrado diversos dictámenes sobre los cuales habría suspicacias, dado que las procuradurías mexicanas “son especialistas en fabricar delitos”. Al considerar que el caso presenta serias deficiencias, y que unas 15 personas faltan por ser detenidas, entre ellas los responsables de la Seguridad Pública, Felipe Flores y Francisco Salgado, apuntaron que en la declaración del último capturado, Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, esto no aceptó haber permanecido en el lugar de los hechos. También consideraron que no hay relación entre la primera versión que ofrecieron los primeros 22 detenidos, quienes señalaban que el destino final de los jóvenes fueron fosas comunes en Iguala, para después sostener que fueron calcinados y sus restos arrojados al río. Además, reprocharon que en las indagatorias de la PGR no se haya investigado el homicidio de Julio César Mondragón, el joven que fue desollado, ni se consideren las omisiones o complicidades en las que pudieron haber incurrido miembros del Ejército mexicano, así como autoridades de otros municipios de la región. Incluso, advirtieron que la versión de la PGR es inaceptable, toda vez que habría quejas de algunos de los 99 detenidos presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Vidulfo Rosales insistió en que dado que “este caso se empieza a enfilar hacia la impunidad”, el siguiente paso legal será comprobar la “la responsabilidad internacional del Estado mexicano, lo que tendrá que ser revisado por organismos internacionales de ONU y la CIDH, y hacia allá vamos a enfilar el caso”. Enseguida, anunció que presentarán una denuncia formal ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y se continuará con el litigio en la CIDH, donde ya se abrió un expediente con las medidas cautelares otorgadas a las víctimas. El fundamento del litigio, apuntó, es que la desaparición de los 43 jóvenes “no es un caso atípico, pues hay 23 mil personas desaparecidas en México que acreditan que la desaparición es una situación generalizada en el país”. Segob llama al diálogo Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aseguró que el gobierno federal mantiene apertura para proporcionar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa la información que requieran. “Si los papás, o los jóvenes mismos de la escuela, desean aclaraciones, seguimos abiertos para que pueda llegarse a profundidad en los temas que a ellos les interesa respecto de lo sucedido allá en los hechos de Iguala”, comentó Osorio Chong en breve entrevista. También expresó su deseo de que sea la posibilidad de encuentro y no de encono lo que permita solucionar cualquier problema y recordó que con motivo de los cuatro meses de los hecho sen Iguala, este lunes 26 hubo una manifestación ejemplar de principio a fin: “Espero que así sigan conservándose las siguientes muestras, pueden ser de inconformidad, pero que se puede dialogar y acordar”.