MEXICO, D.F. (apro).- La empresa Dragon Mart Cancún sostuvo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) actuó de manera ilegal y de forma contradictoria al clausurar ayer el predio “El Tucán”, y anticipó que impugnará las determinaciones de la dependencia federal. Dragon Mart detalló que la clausura del megaproyecto, según la versión de la Profepa, deriva del incumplimiento a dos resolutivos en el plazo de 10 días otorgado en agosto y septiembre pasados. Sin embargo, apuntó en un comunicado, ambos procedimientos administrativos, que incluyen el pago de una multa de casi 22 millones de pesos, fueron impugnados ante un Tribunal, por lo que "la empresa no está obligada a cumplir esas medidas hasta en tanto la resolución no se encuentre firme". "La empresa considera que las sanciones en materia de impacto ambiental y forestal impuestas por la Profepa, en agosto y septiembre de 2014, no cuentan con sustento legal, son contradictorias y desconocen actuaciones previas de autoridades competentes en los tres niveles de gobierno”. El consorcio asegura que presentó una demanda de nulidad en contra de las resoluciones, al considerarlas "inexactas, contradictorias e ilegales". Indebidamente, ejemplificó, la autoridad inspeccionó dos veces un mismo concepto y emitió nuevas resoluciones en sentido contrario a las expedidas por la misma autoridad, las cuales son presuntamente válidas y vigentes. En otras palabras, en un primer momento la Profepa dictaminó que en el predio no había vegetación forestal “y hoy, esa misma autoridad, afirma lo contrario”. Otra presunta irregularidad, abundó, es que la Profepa invade la esfera de competencia de otras autoridades y desconoce sus autorizaciones y actuaciones. El predio "El Tucán", argumentó Dragon Mart Cancún, fue vendido a la sociedad mercantil por quien después se convirtió en socio del proyecto con 45%, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa. Un agravio más, acusó la compañía, consistió en haber determinado "sin sustento legal" que la vegetación de acahual ahí existente es forestal, pese a que se ofrecieron medios de prueba no valorados para demostrarlo. Además, aclaró que las sanciones no evitan algún daño o riesgo ambiental, pues los trabajos se interrumpieron desde mayo-junio del año pasado.