MÉXICO, DF, (apro).- Las evidencias sobre la implicación de autoridades de todos niveles en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre, convierte la tragedia de Iguala en un crimen de Estado, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) debe seguir la línea de la desaparición forzada, reiteró hoy la red internacional de H.I.J.O.S., luego de expresar su “repudio” a la versión oficial de los hechos. Además, sostuvo que las conclusiones que dio a conocer el procurador Jesús Murillo Karam el pasado martes “muestra la intencionalidad política por perpetuar la impunidad y la simulación (…) para seguir con la injusticia y el crimen como norma”. En un comunicado de prensa, la red conformada por las organizaciones H.I.J.O.S de México, Argentina, España, Colombia, Chile, Guatemala y Uruguay, denunció la “reticencia explícita” de las autoridades en culpar al expresidente municipal de Iguala, José Luís Abarca, del delito de desaparición forzada, lo cual representa, según la agrupación, “un hecho más para encarrilar a la impunidad este crimen”. Y recordó que México “ha firmado y ratificado innumerables tratados internacionales en pro de los Derechos Humanos por lo que la investigación sobre el caso Ayotzinapa debería ser ejemplar”. “Sabemos que este caso no es un caso aislado, atípico mexicano, como intentan hacer creer, por lo que nos unimos a la exigencia de una investigación profunda de los hechos, no solo a nivel nacional sino internacional”, agregó. Fundada en 1995 en Argentina por hijos de personas desaparecidas por razones políticas durante la dictadura militar, la organización H.I.J.O.S. se expandió en América Latina y en Europa. Su filial en México recopiló los casos de 561 desaparecidos –de los 23 mil registrados-- en el país. La red rememoró que en un primer tiempo, los representantes del Estado mexicano –que calificó de “terrorista”--, trataron de difundir la idea de que los normalistas fueron desaparecidos “por una disputa entre bandas del narcotráfico”. Y recordó que la PGR se tardó 10 días para atraer la investigación, que “reiteradamente ha intentado reducir a un asunto local”, y en la cual “no se mencionan siquiera hechos tan relevantes como que la noche del 26 de septiembre llovía, el terrible desollamiento del estudiante Julio César Mondragón Fontes y quiénes son los responsables, los acontecimientos ocurridos en una clínica privada (…) o el que existen testimonios de presencia de militares en la zona durante los secuestros y asesinatos”. La red insistió en que el Estado mexicano reiteradamente ha violentado a los familiares de los estudiantes desaparecidos, haciendo promesas que no cumple y presentando hipótesis de lo ocurrido, como verdades certeras, rompiendo cualquier diálogo e interlocución posibles”. Por lo anterior, las organizaciones H.I.J.O.S. concluyeron que la actuación de las autoridades en la investigación “nos recuerda, una vez más, lo realizado por los más funestos genocidas de Latinoamérica”.