MÉXICO, D.F., (apro).- En víspera del encuentro que sostendrán este martes Enrique Peña Nieto y Barack Obama en Washington, el periódico New York Times publicó hoy un análisis en el que la directora de la oficina de Associated Press en México, Catherine Corcoran, califica de “gobierno sin respuestas” a la administración del mandatario priista ante los repetidos escándalos que la mancharon durante el 2014. Según Corcoran, durante su mensaje de Año Nuevo, el presidente mexicano prometió ser un “mejor oyente”, así como luchar contra la corrupción y la impunidad, pero subraya que Peña Nieto “otra vez no ofreció nada concreto”. En esta ocasión, si bien el mandatario reconoció que la violencia sacude el país y que esta situación no puede permanecer así, Corcoran deplora que su única respuesta fue “que 2015 sería un año con menores facturas de gas, luz y teléfono, gracias a las reformas”. Y recuerda que dichas reformas aún no produjeron los efectos en términos de inversión y crecimiento que prometió el gobierno al abogar por ellos. Lo anterior, según Corcoran, representa “una de las razones principales por las cuales la tasa de aprobación (de Peña Nieto) alcanzó 38%, la más baja por un presidente mexicano desde la crisis del peso, hace 20 años”. Los mexicanos, según la directora de la oficina de AP en el país, repudian a los partidos tradicionales, “dejando pocas opciones para los decepcionados por Peña Nieto”. Apunta que, al volver al poder en 2012 después de dos sexenios panistas, el PRI se presentó como “arrepentido y reconstruido”, pero observa que el “nuevo PRI” se resumió a “políticos jóvenes operando con las viejas reglas del juego”. Las críticas no se originan solamente en México, apunta Corcoran, al observar que “la cobertura de los medios extranjeros, antes favorable, se volvió feroz” durante el año. Escándalos Durante el 2014, “todos los niveles de gobierno han sido ensuciados” en casos de corrupción, abunda Corcoran. “Se descubrió que presidentes municipales y policías estatales lambisconearon con el crimen organizado, mientras los fiscales estuvieron más interesados en resolver problemas políticos que crímenes”. Corcoran escribe que, más allá del discurso, el presidente mexicano esperó un mes antes de reunirse con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y llamó a superar el caso “apenas semanas después de su secuestro”. En reacción a la tragedia de Iguala, “decenas de miles de personas tomaron las calles”, recuerda Corcoran, al añadir que “aún instituciones generalmente cuidadosas en criticar al gobierno”, como la Iglesia Católica Romana, hicieron declaraciones sobre el caso. Detalla que, en respuesta a las protestas, el gobierno “(envió) policías a castigar a los manifestantes y (describió) a los disturbios como un complot para desestabilizar el gobierno y socavar las reformas”. Al estallar el escándalo de la llamada Casa Blanca de Las Lomas, “construida y financiada por uno de los contratistas consentidos del gobierno” –Juan Armando Hinojosa Cantú, a través de la empresa Grupo Higa--, el gobierno trató de justificar al presidente al aseverar que la casa, estimada a 7 millones de dólares, pertenecía a su esposa. Sin embargo, “los mexicanos contestaron con irreverencia a los argumentos de Peña Nieto, que vieron como arrogancia y desconexión”, señala Corcoran. Y no sólo ellos: la corresponsal de la cadena CNBC en México, Michelle Caruso Cabrera, declaró al titular de la Secretaría de Hacienda Luís Videgaray que “si Barbara Bush (la esposa del expresidente estadunidense George W. Bush) viviera en una casa construida por (el grupo petrolero) Halliburton, su esposo hubiera sido destituido”. Asimismo, Corcoran denuncia que la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el mando de Jesús Murillo Karam, no investigó la masacre extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya sino hasta tres meses después que periodistas revelaran la actuación criminal del Ejército.