MÉXICO, D.F. (apro).- Tras un debate de casi seis horas, la mayoría de los senadores del PRI, PVEM y PAN aprobaron por 73 votos a favor y 30 en contra de las bancadas del PRD, PT y algunos panistas la Ley Reglamentaria sobre Derecho de Réplica, sin modificar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados. El texto fue aprobado con elementos considerados como “inconstitucionales”, que benefician “groseramente” a las televisoras, hacen “nugatorio y farragoso” el ejercicio de este derecho y “mercantilizan” la réplica. Antes de iniciar la discusión de esta ley reglamentaria del artículo 6 constitucional, los senadores Manuel Bartlett, del PT, y Angélica de la Peña, del PRD, presentaron mociones suspensivas. Ambos consideraron que la ley iba en contra de la propia reforma política y de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, al tiempo que presentaba varias excusas para que los medios de comunicación negaran la réplica. Sin embargo, por 45 votos en contra y 25 a favor, los senadores desecharon las mociones suspensivas. El debate en tribuna fue extenso y con múltiples acusaciones por legislar a favor de las televisoras. En especial, el senador panista Javier Corral advirtió que esta nueva ley “no les sirve a los ciudadanos y tiene un claro criterio que favorece los intereses de los medios electrónicos, principalmente los de las televisoras”. El senador por Chihuahua afirmó que la ley “en varios supuestos retrocede con relación a la Ley de Imprenta de Venustiano Carranza de 1917” que reguló la réplica en medios impresos. Al fijar su posición, Alejandro Encinas, legislador independiente y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda –una de las dictaminadoras–, afirmó que existe “un conjunto de contradicciones normativas que van a dificultar el ejercicio pleno de este derecho”. Criticó que con ello se abre “una especie de mercado del derecho de réplica”, cuando se refiere en el artículo 6 al caso de las inserciones pagadas. Quien quiera ejercer su réplica tendrá que hacerlo también comprando inserciones en medios electrónicos o impresos, advirtió. Encinas Rodríguez consideró que se abre una triangulación en el ejercicio de recursos en procesos electorales, mediante inserciones pagadas, pues partidos políticos y candidatos pagarán este tipo de mecanismos cuando la legislación vigente lo prohíbe. La senadora del PAN, Marcela Torres Peimbert, también argumentó en contra, a pesar de los votos mayoritarios de su bancada. Afirmó que el dictamen tiene “insuficiencias y equivocaciones” y llamó a no votar hasta “que no escuchemos a las y los ciudadanos de la sociedad civil”. Además, citó a exdefensores de las audiencias como Gabriel Sosa Plata, a consejeros en telecomunicaciones como Clara Luz Álvarez y a Irene Levy, presidenta de Observatel, quienes han criticado esta minuta. En las antípodas de la crítica, el senador panista Javier Lozano subió a defender el proyecto. Afirmó que existe un retroceso de ocho años para cumplir con la obligación de aprobar esta legislación. Señaló que la iniciativa “es infinitamente mejor de lo que tenemos hoy en día en nuestro país en materia de réplica y de la defensa mínima que deben tener, no los políticos, sino los ciudadanos, frente a los medios de comunicación”. En sentido similar, Pilar Ortega Martínez, panista presidenta de la Comisión de Justicia, afirmó que la nueva ley es “perfectible” y “seguramente en el futuro podrá tener adecuaciones legislativas”. Por el PRI, Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, destacó que con la nueva ley –que consta de 42 artículos– la crítica periodística también será sujeta al derecho de réplica. Aseguró que el dictamen “de ninguna manera es excluyente, contradictorio y no limita el derecho ciudadano”. Por el contrario, aclaró que ahora se podrá exigir a los medios de comunicación masiva la rectificación de información falsa o inexacta. Exclusiones a la réplica El senador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, afirmó que una de las novedades de la ley es que se incluyen también a las agencias de noticias como sujetos obligados a la réplica, y defendió las causales de improcedencia, contenidas en el artículo 19 de la ley. Según su dicho, estas causales benefician al ciudadano y no a los medios. Justo lo contrario de lo que señalaron todos los senadores del PRD, del PT y algunos del PAN que subieron a criticar la ley. El artículo 19, uno de los más señalados, establece varias causales de exclusión para el ejercicio de la réplica, entre ellas, las siguientes: -Cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado. -Cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos por la ley. -Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa o cuya difusión le ocasione un agravio. -Cuando sea ofensiva o contraria a las leyes. -Cuando la persona no tenga interés jurídico en la información controvertida. -Cuando la información previamente haya sido aclarada, siempre y cuando se le otorgue la misma relevancia que a la que le dio origen. Puente Salas negó que se proteja de sanciones a las cadenas televisivas. De hecho, afirmó que en los 42 artículos se prevé que cada uno de los supuestos de información falsa o inexacta que se pudieran difundir a través de radio, televisión o páginas de internet. Los senadores del PRD, Fidel Demédicis, Luis Sánchez y Rabindranath Salazar criticaron de inconstitucional la ley. “Sin rubor alguno se subordina el poder del Senado a los poderes fácticos; en consecuencia, el patrón de algunos senadores ya no es el pueblo, son los medios de comunicación que tienen poder para cooptar a los representantes del pueblo”, afirmó Demédicis. Dolores Padierna, del PRD, presentó un voto particular señalando que la nueva ley se trata de una legislación a modo, que privilegia la entronización de las televisoras como factor decisivo en la orientación de las preferencias electorales y en el encubrimiento o derrumbe de liderazgos políticos. Omar Fayad, del PRI, cerró las intervenciones de la discusión en lo general al insistir que la reforma es un avance. Consideró falso que se trate de un riesgo y negó que pueda darse una controversia por vicios de inconstitucionalidad.