Llama la CNDH a Peña a atender conclusiones del GIEI sobre Ayotzinapa

martes, 13 de octubre de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la CNDH, Raúl González Pérez, llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a tomar “en consideración” las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, “muchas de las cuales son coincidentes” con las que llegó el organismo, al tiempo que recomendó reconocer que el problema de las desapariciones “no se limita a los 43 estudiantes normalistas” de Ayotzinapa, Guerrero. En un comunicado, el organismo dio cuenta del encuentro que sostuvo González Pérez con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por Angélica de la Peña, reunión en la que informó que la comunicación que ha sostenido con la PGR, con base en el documento Estado de la investigación del caso Iguala, es en el sentido de atender esas recomendaciones. El ombudsman detalló que a partir de este miércoles la PGR y la CNDH se reunirán “para revisar, punto por punto, las insuficiencias” que presenta la respuesta que dio la dependencia federal. En la reunión, el presidente de la CNDH compartió con las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores sociales la preocupación en el sentido de que “la investigación que lleva a cabo la PGR no ha dado resultados concluyentes”. También dijo que “la voluntad expresada a favor de la verdad y la justicia debe reflejarse en avances concretos y objetivos de la investigación”, lo cual no puede obtenerse “mediante actos injustos, contrarios a las leyes y a los derechos de las personas”. Para el ombudsman, “violar en este contexto los derechos humanos es particularmente grave, pues contribuye a que los hechos puedan quedar impunes, impidiendo que el derecho a la verdad sea efectivo”. Acompañado del titular de la oficina especial para el caso Iguala, González Pérez se pronunció contra “el uso político de estos hechos”, y pidió “evitar la distorsión y contaminar la investigación (…) y dejar a un lado las descalificaciones para sumar esfuerzos a una investigación con rigor, objetividad, responsabilidad y profesionalismo”. Incluso señaló que la desaparición de los estudiantes de Iguala no es excepcional, y que el fenómeno de las desapariciones “es más amplio y diverso, además de que no puede medirse adecuadamente por falta de bases de datos confiables y actualizados”. Por ello demandó reconocer “como un problema en nuestro país las desapariciones de personas y la urgente necesidad de implementar acciones para su atención, desde la tipificación del delito conforme a estándares internacionales y el adecuado registro de casos, con el objetivo de que se distinga entre los que impliquen desapariciones forzada de los atribuidos a particulares o delincuencia organizada, así como los de personas cuyo paradero se desconoce por estar extraviadas o no localizadas”. Ante los integrantes de la comisión del Senado, González Pérez se comprometió a continuar con su investigación “objetiva, profesional y responsable en el ámbito de su competencia”, y a estar atento y dar seguimiento “al desarrollo de las acciones que realicen las autoridades en este caso, en el cual (…) no debe haber impunidad ni olvido”. Tras señalar que el caso de la desaparición de los jóvenes es un expediente abierto, González Pérez aseguró que el desafío de México es “logar que la verdad y la justicia lleguen no sólo a Iguala, sino a cualquier parte donde se violen los derechos humanos”. Durante el encuentro, González Pérez también se refirió a la situación del Sistema Penitenciario Mexicano, donde prevalece “la sobrepoblación, hacinamiento, deficiente atención médica, autogobierno, violencia y falta de capacitación del personal penitenciario”. Al considerar “inaceptable” la falta de avances, recordó que aun cuando el confinamiento carcelario implica “la restricción legítima de los derechos” de las personas, “no se puede atentar contra su dignidad o hacer nugatorios todos sus derechos”, amén de que “el Estado tiene obligaciones relevantes en este campo por ser garante de todos los derechos que no quedan restringidos por la privación de la libertad”. Por último, sostuvo que la problemática penitenciaria debería ser considerada como una de las prioridades, “al ser un tema de particular importancia en el ámbito de los derechos humanos”.

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