MÉXICO, DF (apro).- Luego de las críticas que ha recibido el Ejército por los abusos cometidos durante el combate al crimen organizado, militares, gobierno federal, PRI y PVEM modificarán la Ley de Seguridad Nacional para dar a las fuerzas armadas el marco legal que justifique sus acciones en materia de seguridad pública. Al instalar en San Lázaro la Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados, el presidente y exsubsecretario de Sedena en los tres primeros años del peñismo, el general Virgilio Méndez Bazán, pidió a sus compañeros diputados “actualizar el marco jurídico relativo a su apoyo en tareas de seguridad pública”. Durante la legislatura 2009-2012, el entonces secretario de la Defensa del sexenio del panista Felipe Calderón, el general Enrique Galván Galván, cabildeó con la Cámara de Diputados y el Senado cambios a la Ley de Seguridad Nacional, e incluso cada 9 de febrero, Día de las fuerzas Armadas, demandaba públicamente el que se les dotara de tales instrumentos jurídicos. La Ley de Seguridad Nacional se negoció durante meses, sin embargo, el tema de qué es seguridad interior y seguridad nacional, pero sobre todo que las autoridades civiles se sometieran al mando castrense en materia de combate al crimen organizado, truncó el posible cambio. Tres años después, y luego de los hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa y la defensa a ultranza del general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda hacia sus soldados, los integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional respaldaron la demanda de su presidente para hacer los cambios jurídicos pertinentes. Sólo los representantes de Morena y de MC exigieron el regreso de los militares a sus cuarteles y su rechazo a que continúen haciendo trabajos de seguridad pública, entre los que destaca el combate al crimen organizado. El general Méndez Bazán, presidente de la Comisión y exsubsecretario de Sedena, pidió la “actualización” del marco jurídico, sobre todo “en los actuales tiempos de la vida nacional y tras atender el llamado de su jefe supremo para coadyuvar con las autoridades civiles en apoyos de seguridad pública”. Adelantó que analizarán todas las iniciativas y minutas ya existentes, “teniendo siempre en mente el bienestar del país”. Y anticipó que se estará en contacto permanente con Sedena”, aparte que los legisladores “contaremos con la disposición incondicional del general secretario de la Defensa Nacional para tener con él y sus colaboradores las reuniones que sean necesarias, así como realizar visitas a diferentes campos militares para familiarizar a los legisladores con el tema y ser muy objetivos en las conclusiones, opiniones y dictámenes”. El representante del PRI, Luis Alejandro Guevara Cobos, se pronunció por actualizar el marco jurídico “pero con mucho respeto a los derechos humanos”. Y afirmó ante el exsubsecretario de Sedena: “Cuente el Ejército que trabajaremos para que quede muy bien expresado hasta dónde llegará su compromiso para salvaguardar y proteger a los ciudadanos”. El panista Apolinar Casillas Gutiérrez también aceptó modificar el marco legal, debido a “las circunstancias que vive el país”. El PVEM, a través de su diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, se pronunció por “armonizar” el marco regulatorio, así como “garantizar la seguridad interior e instrumentar el sistema penal acusatorio en la jurisdicción militar”. Según la diputada del Verde, “la sociedad demanda que el Ejército apoye en tareas de seguridad pública, pero con respeto a los derechos humanos” En cambio, la diputada del PRD, Cristina Gaytán Hernández, dijo que no está de acuerdo “con las cuestionables políticas” que han llevado a las calles a las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado, “sobre todo cuando no es su papel”. Así, dijo que lo que debe fortalecerse es “el marco jurídico militar y se delimite la obligación del Ejército en estas tareas”. Recordó que la Constitución establece que en “tiempos de paz” el Ejército debe permanecer en sus cuarteles. Morena, a través de Alfredo Basurto Román, cuestionó que el Ejército siga en las calles y claramente rechazó que así continúe. “Nosotros decimos que no”, y demandó que los militares regreses a sus cuarteles. Finalmente, el expanista y expresidente nacional de ese partido, el hoy miembro de la bancada de MC, Manuel Espino, se pronunció en contra de las críticas al Ejército, aunque aceptó que no es papel de éstos “estar en las calles. No es para lo que han sido preparados y eso ha servido de pretexto para vilipendiar a las instituciones más patriotas y comprometidas con México”. Los cambios serían a la Ley de Seguridad Nacional, la creación de una Ley de Seguridad Interior y la minuta para decretar el “estado de excepción” que la Comisión de Derechos Humanos de la pasada legislatura aprobó el pasado 15 de febrero.